El segundo año legislativo inicia con grandes cambios directivos e importantes pendientes para permitir la conformación estratégica del gobierno estatal de Salomón Jara que toma protesta el 1 de diciembre
El Poder Legislativo es protagonista en la cimentación del proyecto de izquierda que encarna el gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. El trabajo de las diputadas y diputados de Morena -así como sus aliados políticos- permitirán que la etapa inicial de la próxima administración estatal sea tersa.
La 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca entró en su segundo año de ejercicio legal con mayoría abrumadora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados políticos, en un contexto en el que el Poder Ejecutivo del estado estará encabeza -por primera vez- por alguien emanado del mismo instituto político, Salomón Jara Cruz, quien entrará en funciones el próximo 1 de diciembre de 2022.
En este escenario, la primera tarea de los legisladores locales es la aprobación de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para respaldar los nombramientos dentro del gabinete legal y ampliado del gobernador electo, el cambio de nombre de algunas dependencias y la creación de otras, como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo.
¿NUEVOS MAGISTRADOS O RATIFICACIÓN?, URGE PARIDAD EN EL PODER JUDICIAL
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que está integrada por Lizzet Arroyo, Nancy Benítez, Haydeé Reyes Soto, Noé Doroteo Castillejos y María Luis Matus fuentes tiene la tarea de ratificar o renovar al menos cuatro magistraturas del Poder Judicial, en el plazo que va de enero a mayo del próximo año.
Además que tienen la obligación de llenar la vacante que deja el magistrado Alejandro Enrique Figueroa. Por lo que en los siguientes meses esta comisión legislativa tiene en sus manos el destino de cinco espacios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, donde son 27 magistratura de las cuales, solo nueve están ocupadas por mujeres y 18 por hombres, reparto que está lejos de la paridad de género.
Las primeras dos magistraturas a ratificar son las de Manuel de Jesús López López y Sonia Luz Ireta Jiménez, en enero; mientras que las de José Luis Ríos Cruz y Alma López Vásquez tendrán que pasar por el Congreso en mayo.
Pero si la 65 Legislatura es omisa, principalmente la comisión de Administración y Procuración de Justicia, y deciden obviar el análisis, estos cuatro magistrados repetirán en su cargo por un periodo similar, lo que se traduce en otros ocho años en el cargo.
AFILAR LOS DIENTES A UN OSFEO ACÉFALO
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca está acéfalo. Luego del fallecimiento -8 de febrero de 2022- del titular durante casi todo el sexenio, Guillermo Megchún Velázquez, se nombró provisionalmente a René Fuentes Cruz para suplirlo pero sin pasar por todo el protocolo de nombramiento oficial.
El OSFE tendrá un papel crucial en la lucha contra la corrupción que ordenó el gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara, pues los resultados son nulos. Más allá del juicio de valor, esta afirmación emana del entendimiento que las facultades de este organismo tienen alcances administrativos y penales, si bien se han emitido varias recomendaciones y observaciones por la detención de irregularidades, no existe una sola sanción contra funcionarios.
La urgencia de la construcción y legislación del andamiaje jurídico que afile los dientes del OSFE así como la transparencia y acierto en el proceso de selección del próximo titular, serán clave para erradicar prácticas nocivas en el manejo de los recursos públicos en Oaxaca.
Esta enorme responsabilidad recae en la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, que está integrada por Luis Alberto Sosa Castillo, Nicolás Feria Romero, Luisa Cortés García, Luis Eduardo Rojas Zavaleta y Noé Doroteo Castillejos.
LEY DEL NOTARIADO
Una de las reformas pendientes desde hace varios años es la Ley del Notariado del estado. Una de las propuestas más recientes fue la que presentó la ex diputada local y ex presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca, Laura Estrada Mauro. En ella, propone el establecimiento de sanciones más rigurosas contra los notarios y notarias que incurran en la comisión de delitos.
Su iniciativa, busca combatir y castigar actos y conductas irregulares a través del establecimiento de valores y principios que deben guiar a quienes ejerzan la función notarial. La propuesta, además, establece procesos de selección más transparentes y rigurosos, para asegurar que personas calificadas ejerzan la función de fedatarios del Estado. También se instrumentan mecanismos más fuertes de investigación, sanción y pérdida de la patente a las y los notarios que incurran en simulaciones y cometan faltas al correcto ejercicio de esta importante tarea.
Francisco Pablo Munguía Gaytán, ex presidente del Comité de Participación Ciudadano del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, menciona que también está pendiente una reforma a la Ley del Notariado que permite su modernización.
“El notariado de Oaxaca, por voz de los notarios, reconocían que los sistemas estaban sumamente obsoletos, no había ninguna automatización en la materia. Entonces sí hay graves problemas en el estado por el atraso en que se ha metido toda la actividad que hacen los notarios. Todos estos vacíos de modernización administrativa en esta parte del notariado han sido aprovechados para cometer abusos de poder y serios delitos”.
DERECHO PLENO A LA LIBRE DETERMINACIÓN
También está pendiente de aprobar la iniciativa de Reforma a la Constitución de Oaxaca para garantizar el derecho pleno a la libre determinación. De acuerdo con la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA), lo que se exige en esta iniciativa es el reconocimiento pleno en la Constitución de nuestra autonomía y nuestro derecho a decidir en nuestros territorios.
Para garantizar estos derechos, explica, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos necesitan un marco normativo que garantice el ejercicio de los derechos colectivos, con el que puedan decidir el rumbo de sus comunidades, defender su vida, territorio y culturas sin ser criminalizados.
PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS
En cuanto a la iniciativa para fortalecer protección de personas defensoras y periodistas en Oaxaca, busca contribuir a fortalecer las capacidades de las instituciones locales en materia de protección a periodistas y personas defensoras, a través de mecanismos y herramientas ya existentes, en lugar de crear nuevas instancias, y busca combatir la impunidad sobre los agravios a las personas cometidos por defender los derechos humanos o por el ejercicio de la libertad de expresión.
La propuesta se centra en tres vertientes: el garantizar la labor, el exigir la protección a la labor y el sancionar a perpetradores de agravios contra personas defensoras y periodistas, así como a funcionarios que generan permisividad e impunidad por su actuar deficiente, cómplice, negligente y omiso.
EL RELEVO EN LA FISCALÍA
Otra de las áreas que está bajo observación de la Cuarta Transformación en la entidad, desde al menos dos poderes del Estado, es la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, pues si bien es un órgano autónomo, el Congreso tiene la facultad de hacer observaciones y hasta de remover al titular de la dependencia.
Las constantes denuncias públicas contra el fiscal Arturo Peimbert y su desempeño han sido recurrentes, a veces son los trabajadores que se quejan de las condiciones de precariedad e insalubridad en la que trabajan, también han sido los señalamientos contra la Oficial Mayor, pues la acusan de encabezar actos de corrupción.
También han solapado otro tipo de abusos cuya responsabilidad y autoría recae en las comandancias de la Agencia Estatal de Investigaciones en las diferentes regiones del estado.
La ausencia del fiscal ha sido tema de los medios de comunicación y la queja de los trabajadores, pues el cargo exige la presencia de la cabeza del proyecto, pero Peimbert ni siquiera ha visitado su oficina de Ciudad Judicial.
La lista te agravios y reclamos es larga contra la Fiscalía, por lo que el cambio de fiscal ya no solo es un rumor de pasillo, sino la intención para la transformación integral de las instituciones en el estado.
SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Pablo Munguía agrega que de igual manera está pendiente una reforma relacionada con el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Se trata de reformar el artículo 120 de la Constitución Política del Estado para dejar las cosas como estaban antes de que la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca pretendiera desaparecer al Comité de Participación Ciudadana para la creación de un nuevo Consejo.
“La ley secundaria ya desapareció, pero quedó en el texto mal hecho, la reforma al 120 y hasta la fecha el Poder Legislativo ha sido omiso. Ya les llegaron resoluciones por parte del Poder Judicial federal y van a venir sanciones fuertes porque fueron omisos.
“Debieron haber dejado que el artículo 120 constitucional como estaba antes, porque estaba completamente armonizado al 113 de la Constitución Política Federal. Aquí hay una omisión muy grave, le van a venir recomendaciones, vuelve a quedar mal el Poder Legislativo, pero con otra legislatura”, detalla.
Asimismo, menciona que está pendiente el reconocimiento en la Constitución de Oaxaca el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción; derecho que ya está reconocido en las constituciones locales de Tabasco y Baja California.
Este derecho, puntualiza, ya está reconocido en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y en varios tratados internacionales; pero en México, en la Constitución federal, todavía no ha sido reflejado, pese a que ya tiene varios años.
“Pero ya hay dos entidades que lo han plasmado. Es importante que se reconozca este derecho humano porque facilita y daría herramientas a la ciudadanía, solamente para denunciar y exigir el castigo a quienes cometan actos de corrupción y esta parte está completamente abandonada”.
MAYORÍA CALIFICADA DE LA 4T
Actualmente la 65 Legislatura del Congreso del Estado está conformada por una mayoría de diputados afines o del mismo partido político del gobernador electo, Salomón Jara. Morena cuenta con 23 diputados, los cuales son suficientes para aprobar reformas a leyes o la creación de nuevas leyes que no requieran modificaciones a la Constitución.
Sin embargo, cuenta con los legisladores emanados de partidos que son sus aliados políticos no sólo en el Poder Legislativo, sino también en los procesos electorales. De estos, dos son del Partido del Trabajo (PT), dos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y uno del Partido Unidad Popular (PUP). La suma da 28 diputados con los cuales son suficientes para tener mayoría constitucional (dos terceras partes del número de legisladores); es decir, con sus aliados basta para realizar reformas a la Constitución Política del Estado.
En tanto que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuenta con sólo siete diputados, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con tres diputados, el Partido Acción Nacional (PAN) con dos y el Partido Nueva Alianza (Panal) con una diputada.
Pablo Munguía, quien actualmente forma parte del Instituto de Estudios Superiores en Desarrollo Humano, asegura que el gobernador electo, Salomón Jara, ha pugnado por la unidad de estos 28 diputados.
“Han tenido reuniones específicas con ellos y con los líderes de los partidos para mantenerse como bloque y precisamente garantizar que las reformas constitucionales que sean propuestas, pasen. Yo veo que, hasta ahorita, el control, incluso el grupo que se le conoce como disidente de Morena, se ha alineado a esto”.
Sin embargo, opina que por lo menos durante el primer año del próximo gobierno, Salomón Jara podrá contar con esta unidad, aunque el panorama es reservado cuando inicié formalmente la carrera por la candidatura de Morena a la presidencia de la república en el año 2024.
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Crisis y pendientes, atención de la Cámara
La diputada de la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca, Lizett Arroyo Rodríguez, aseguró que uno de los pendientes en materia de administración y procuración de justicia es la aprobación de reformas que “amarren” a los titulares de las diferentes dependencias del gobierno estatal para que inicie de manera óptima la administración del gobernador electo, Salomón Jara Cruz.
“Sabemos que no lo va a haber porque es un gobierno del cambio, que no roba, que no miente y que no engaña”, agregó.
La legisladora local del partido Morena, afirmó lo anterior porque señaló que históricamente los gobiernos han saqueado los recursos públicos de la entidad, dejan obras inconclusas y un estado endeudado.
La diputada por el distrito electoral 13 expresó que no van a bajar la guardia para que los recursos públicos sean auditados y que cualquier desfalco a los recursos de los oaxaqueños, sea castigado por las instancias competentes. Por ello, dijo que se insistirá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) que realicen una revisión al dinero público.
Lizett Arroyo preside la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca e integra las comisiones de Administración Pública y la de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.
Sobre la procuración de justicia, señaló que hay “muchas deudas” en materia de feminicidios y de seguridad pública.
“Recordemos que por parte de la administración de justicia tenemos al Fiscal, el Fiscal no se retira; pero los feminicidios se incrementaron, la delincuencia se incrementó, no tuvimos un avance en cuestión de seguridad”.
Sobre la crisis de la basura en la ciudad de Oaxaca y 25 municipios de la zona metropolitana, la legisladora argumentó que es un tema complejo que no se puede resolver “de la noche a la mañana” y sostuvo que lo que se necesitan son políticas públicas que enseñen a los ciudadanos la separación de los residuos sólidos para su mejor manejo.
“Ese basurero que nos daba la oportunidad de que todos tiramos los desechos, de los 25 municipios, para que sirviera 15 años, ha servido más de 40 años. Es necesario que se busquen políticas públicas que puedan enseñarnos a los ciudadanos a realizar una separación para el mejor manejo de los desechos sólidos”.
