Eduardo Castillo Cruz*

El tema de la dispersión de oficinas y delegación de facultades va junto al de falta de función de mando y conducción en lo que algún día se llamó Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.

Esto, básicamente, porque a partir de la denominación de Fiscalía General, en Oaxaca se han experimentado tres “modelos” de fiscales que no han concluido su encargo, al presentar sus renuncias antes de finalizar sus periodos.

En la reforma a la constitución de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 15 de abril de 2011, siendo gobernador Gabino Cué Monteagudo, no hubo modificaciones en cuanto a la institución  del Ministerio Público.

Fue cuatro años después que se aprobó una reforma a la Constitución de Oaxaca, publicada el 30 de junio de 2015, en donde se estableció como facultad del Congreso nombrar al Fiscal General (Art. 59, Fracción XXXIII).

Así, también, se adicionó el apartado “D” al artículo 114 de la Constitución de Oaxaca, sobre el funcionamiento de la Fiscalía General, donde se estableció que su titular duraría cuatro años en el cargo.

MODELO “MINISTERIO PÚBLICO DE CARRERA”

Estando en funciones Héctor Joaquín Carrillo Ruiz (+), quien fue nombrado como procurador general de Oaxaca el 12 de noviembre de 2012, fue ratificado y designado como primer fiscal general, en agosto de 2015, pero no concluyó su periodo de 4 años para el cual fue designado, dado que presentó su renuncia el 24 de abril de 2017. Cuatro meses después de que Alejandro Murat Hinojosa asumiera el cargo de gobernador.

Este modelo se caracterizó por un mayor acercamiento a las víctimas del delito, pero sin desvincularse del trato especial a las élites económicas de Oaxaca.

La carrera ministerial acreditada en dicho órgano, por parte del elegido,  buscó garantizar la estabilidad institucional y la colaboración de ministerios públicos, personal administrativo, peritos y policías, con años en el servicio.

Posteriormente, el 3 de mayo de 2017 se publicó una nueva reforma a la Constitución de Oaxaca.

Se adicionó a la fracción XXXIII de su artículo 59, una ampliación de facultades al Congreso para elegir, también,  a los fiscales especializados en delitos electorales y en combate a la corrupción.

En el apartado “D” del artículo 114 de la norma constitucional oaxaqueña, se estableció, entre otras cuestiones, que el Ministerio Público se organizaría “en una Fiscalía General del Estado de Oaxaca como órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio”.

De cuatro años,  se aumentó a siete años la duración del cargo de fiscal general del estado de Oaxaca.

MODELO “MINISTERIO PÚBLICO ACADÉMICO”

Bajo este contexto, el 12 de mayo de 2017 fue nombrado como fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez, con

39 votos a favor, de los 42 diputados (as)  que integraban la 63 Legislatura del Congreso de Oaxaca.

En la terna enviada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se encontraba Jorge Antonio Benítez Calva y Raúl Palomares Palomino.

Rubén Vasconcelos Méndez duró cuatro de siete años del periodo por el cual fue nombrado. Presentó su renuncia el 5 de marzo de 2021.

El balance en este modelo de ministerio público es que el currículum académico de los funcionarios nombrados, no conectó con la función del personal con servicio profesional de carrera (ministerios públicos, personal administrativo, peritos y policías, con años en el servicio).

Se les acusó que en su propósito de limpiar la institución de conductas perniciosas, las decisiones fueron impuestas sin considerar las experiencias de ministerios públicos y personal con antigüedad acreditada.

Las actitudes de soberbia académica y frivolidad, de quienes formaron una “burbuja” en el mando, fueron percibidas de forma negativa al fragmentar la unidad y deteriorar la funcionalidad de la institución ministerial.

Finalmente se fueron sin cumplir las altas expectativas bajo las cuales llegaron.  “Sin pena ni gloria”, señaló el personal de base.

MODELO “MINISTERIO PÚBLICO VIRTUAL”

En la actualidad, el fiscal general que sustituyó a Rubén Vasconcelos Méndez,  ha presentado su renuncia. Duró en el cargo un año con nueve meses.

Se trata  de Arturo Peimbert Calvo, quien fue nombrado el 28 de marzo de 2021, con 33 votos a favor  de un total de 42 integrantes de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca.

En la terna enviada por el entonces gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se incluyeron a  Marcos Antonio Martínez Guzmán y Elvira Morales Pérez.

Este modelo de

ministerio público, se caracterizó por su nula presencia.

“No sale de su oficina” señalaban. En realidad despacha en forma virtual desde la Ciudad de México, se escuchaba en los pasillos de la Fiscalía General de Oaxaca.

Este modelo que no fue de carrera ministerial, ni académico, nunca aterrizó.

Se fue y dejó desmantelada a la procuración de justicia en Oaxaca, que opera abandonada a su suerte y con los vicios que las reformas constitucionales no han podido arrancar

Bajo este recuento, de agosto de 2015 a la fecha, los siete años de duración del cargo de Fiscal en

Oaxaca no han sido concluidos por los tres últimos titulares designados por el Congreso.

Razón por la cual no se ha consolidado la investigación penal en el estado de Oaxaca.

Corresponde, ahora, a la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca nombrar a la o al fiscal, bajo una perspectiva diferente.

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*Presidente del Foro Permanente de Abogados A.C