Una nutrida marcha recorrió las calles de la capital para exigir paridad en la sociedad y gobierno, peticiones que han tenido eco profundo
Mujeres Oaxaqueñas Tejiendo Comunidad sostuvo que es necesario romper con la cadena de impunidad, lo cual requiere de una verdadera voluntad política, exige romper padrinazgos, pago de lealtades y favores de funcionarios en los distintos poderes y niveles de gobierno, así como buscar verdaderos perfiles de personas que estén preparadas en la materia.
Miles de mujeres y colectivas feministas marcharon por calles de la ciudad de Oaxaca (y demás regiones del estado) este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, quienes protestaron por la ola de violencia de género que se vive en el estado y como una forma de apropiarse del espacio público en el que diariamente son violentadas.
Durante el día se registraron diversas movilizaciones en diferentes zonas de la capital del estado, pero principalmente se manifestaron en el primer cuadro de la ciudad. La marcha con mayor concentración de mujeres partió de la fuente de las Ocho Regiones hacia el Zócalo capitalino, y la cual fue convocada por Mujeres Oaxaqueñas Tejiendo Comunidad que está integrada por colectivas de feministas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos.
En esta jornada, recordaron que a partir del decreto de alerta de violencia de género para Oaxaca y 40 municipios del estado en el año 2018, al menos 543 mujeres han sido víctimas de feminicidio, y dentro de estas, 53 han sido niñas y adolescentes.
Mujeres Oaxaqueñas Tejiendo Comunidad sostuvo que es necesario romper con la cadena de impunidad, lo cual requiere de voluntad política y exige romper padrinazgos, pago de lealtades y favores de funcionarios en los distintos poderes y niveles de gobierno, así como buscar verdaderos perfiles de personas que estén preparadas en la materia.
Oaxaca registra avances importantes en materia legislativa sobre paridad de género y participación política de las mujeres, según un análisis comparado realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); pero paralelamente, es uno de los estados del país que registra los mayores índices de violencia hacia las mujeres, feminicidios y violencia política en razón de género.
“La evaluación de la armonización de la legislación local en materia de paridad de género y violencia contra las mujeres en el ámbito político, Oaxaca”, elaborado por la ONU, destaca que el estado se ubica entre las seis entidades con los puntajes más alto en lo concerniente a la participación política de las mujeres. Y sostiene que esto es algo que se atribuye a su marco jurídico y a otras condiciones favorables para el ejercicio de sus derechos políticos.
Después de las reformas federales en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género de 2019 y 2020, explica, la legislación electoral obliga a las autoridades electorales y los partidos políticos a garantizar el cumplimiento del principio de paridad en el registro de candidaturas y en la integración de poderes legislativos y de ayuntamientos; establece medidas de prevención, atención y sanción contra los actos de violencia política en razón de género, además de que reconoce y tutela la elección de autoridades municipales por medio de sistemas normativos indígenas.
“Gracias a este proceso gradual de transformación, en pocos años la participación de las mujeres en la esfera pública federal, estatal y municipal se ha intensificado de manera notable, aunque todavía existan varias estructuras de poder donde prevalece la voz y la presencia de los hombres”.
Destaca que el avance en el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres y de los derechos colectivos e individuales de las comunidades indígenas y afromexicanas también ha impactado el andamiaje electoral de manera significativa.
“De ahí que las recientes reformas locales sobre paridad y violencia política contra las mujeres (mayo de 2020), se alinean al mandato de las reformas constitucionales de paridad de junio de 2019 y de las reformas a las leyes secundarias (generales y orgánicas) en materia de paridad y violencia política de abril de 2020, pero al mismo tiempo incorporan preceptos normativos que amplían y fortalecen los objetivos de estas últimas reformas”.
Sin embargo, también advierte retos y propone modificaciones legales en esta materia. Por ejemplo, menciona que, si bien la Constitución de Oaxaca otorga a las comunidades afromexicanas el derecho a elegir a sus autoridades con base en sus sistemas normativos internos, este derecho aún no está debidamente regulado o tutelado en la legislación secundaria.
El texto del artículo 113 de la Constitución de Oaxaca, además, hace más discrecional la aplicación del principio de paridad por parte de las asambleas generales o comunitarias indígenas, ya que establece que esto órganos “procurarán” la paridad y la alternancia en la elección de sus autoridades municipales, “lo cual genera una contradicción con lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Constitución, donde se reconoce la elección de los municipios indígenas conforme a sus sistemas normativos internos, observando el principio de paridad”.
Y mientras hay avances en materia legislativa, la violencia contra las mujeres en Oaxaca no sólo no cesa, sino que registra incrementos en algunos indicadores, como en los feminicidios, la violencia sexual, las desapariciones y la violencia política en razón de género.
Tras los más recientes casos de violencia feminicida en el estado, donde niñas y mujeres adolescentes han sido asesinadas, el Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) asegura que Oaxaca es el estado del país con el mayor índice de violencia feminicida.
El estado, detalla, se ubicó en el primer lugar de violencia feminicida a nivel nacional. Afirmó que al brindar servicios de acompañamiento legal y psicológico a mujeres que enfrentan situaciones de violencia por razón de género, conocen las barreras institucionales que dificultan el acceso a la justicia.
Desde el 30 de agosto de 2018 se emitió una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para 40 municipios oaxaqueños, pero a partir de entonces más de 535 niñas y mujeres han sido asesinadas de manera violenta, sin que se hayan generado acciones contundentes para salvaguardar su integridad, libertad y su vida.
“Cada una de las niñas y mujeres que viven situaciones de violencia en Oaxaca merecen el acceso a la justicia, a fin de disminuir el riesgo de ser víctimas de feminicidio, por ello como parte de los movimientos feministas demandamos capacidad profesional, experiencia y una visión estratégica para impulsar una transformación de fondo en cada institución que tiene dentro de sus atribuciones prevenir y atender las violencias por razón de género”.
GESMujer señala que acabar con la impunidad en la que encuentran los casos de violencia feminicida es responsabilidad de las instituciones de procuración y administración de justicia, y que para eso es urgente realizar procesos de investigación de los asesinatos violentos bajo el protocolo de feminicidio, así como una adecuada integración de las carpetas de investigación de los diferentes casos de violencias a fin de que se puedan judicializar para evitar la impunidad.
Porque a la fecha, los procesos de investigación se han caracterizado por ineficiencias y falta de capacidad para atender la grave problemática de la violencia de género y de su máxima expresión: la violencia feminicida. La impunidad es un factor clave que explica el incremento de las violencias, donde los agresores saben que se puede ejercer la violencia sobre niñas y mujeres sin que haya sanciones.
“Lamentables e indignantes todos y cada uno de los casos de violencia feminicida, exigimos justicia para ellas. Sensibilidad y voluntad política para colocar el tema de la prevención y atención de las violencias que enfrentan las oaxaqueñas, desde un enfoque de género e interculturalidad, debe ser una prioridad de esta administración, pues los costos de no hacerlo son demasiado elevados para nuestro estado”, sostiene.
Otra forma de violencia contra las mujeres es la violencia política en razón de género. De acuerdo con el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), entre el 1 de enero y el 13 de diciembre de 2022, 82 mujeres denunciaron violencia política en razón de género.
Por estas denuncias se iniciaron 67 juicios ante el TEEO, de los cuales el 79 por ciento de los casos se resolvieron y únicamente en 13 de ellos se declaró que sí había elementos para configurar la violencia política en razón de género contra igual número de mujeres. De los 67 juicios presentados en lo que va de 2022, 27 corresponden a sistemas normativos internos, lo que representa el 40 por ciento del total, y 38 juicios corresponden al régimen de partidos políticos, que representan el 57 por ciento.
El TEEO explica que, en algunos casos, funcionarias públicas alegaron violencia en contra de instituciones o dependencias no electorales, ante lo cual, el Tribunal no tiene competencia. Y que en primer lugar la mayoría de los juicios se señaló como responsables a quienes integran los ayuntamientos, y en segundo se encuentran los juicios en los que claramente la persona señalada es quien ocupa el cargo en la presidencia municipal.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, por su parte, afirma que desde que la alerta de género fue decretada en 2018 para el estado y 40 municipios de Oaxaca, la violencia contra las mujeres en estos 40 municipios ha aumentado y representa alrededor del 65% de todos los casos registrados a nivel estatal.
“Es evidente que las acciones que han sido tomadas para implementar la alerta de género no han redundado en contener, ni mucho menos disminuir, la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres ha recrudecido, no solo en los 40 municipios, sino también en otros municipios que registran datos de violencia particularmente preocupantes, como, por ejemplo, Santiago Juxtlahuaca, o Santa Cruz Xoxocotlán”.
Feminicidios, tema urgente
Desde el 30 de agosto de 2018 se emitió una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para 40 municipios oaxaqueños, pero a partir de entonces más de 535 niñas y mujeres han sido asesinadas de manera violenta, sin que se hayan generado acciones contundentes para salvaguardar su integridad, libertad y su vida.
