Diana Luz Vásquez encabeza los tendederos de deudores alimentarios que emergieron en Oaxaca y ahora tienen eco en todo el país, además que, a partir de este activismo se construyó la Ley Sabina que, al menos en nuestro estado, impide que los deudores accedan a puestos públicos. El Soberano del Sur habló largo y tendido de este tema con quien encabeza el movimiento visibilizador que pone a las infancias al centro.
–¿Cuál es el impacto social de la ley sabina?
–México es el país de los padres ausentes. Tenemos casi 35 millones de jefas de familia, nombre que usan para romantizar esta irresponsabilidad. En México se ha vuelto común el abandono. Los divorcios que hubo durante la pandemia, de 2020 a 2022, hoy en día, en 2023, tenemos la estadística que el 70 por ciento de los hombres son deudores alimentarios. Y es que lo que tienen que pagar no es un apoyo, es su obligación para garantizar la calidad de vida de sus hijos e hijas. En eso radica la importancia de visibilizar la problemática, proceso que ya sucedió, y ahora le ponemos dientes a la legislatura para que ese abandono se pague.
Y es que el pacto patriarcal se perpetúa en las esferas del poder, por eso vemos que funcionarios de diferentes niveles son deudores, porque no hay problema con que tengan hijos o hijas y no permanezcan con la mujer, sino que el abandono es el que configura la violencia contra la madre y las hijas. El problema es que no se hacen cargo y son millones en el país.
–¿Cuál es la relevancia de la Ley Sabina?
–La Ley Sabina lo que hace es poner en la discusión pública que hablemos del andamiaje y un reordenamiento jurídico que no permita la impunidad, vamos a erradicar esas lagunas legales que permiten no tener una sentencia firme por trabas en el poder judicial. Eso se va a terminar.
Esta ley tiene el nombre de mi hija porque pasamos por lo mismo, pero no somos las únicas, sabemos que son al menos 60 millones de infancias en el país que van a tener acceso a lo que les corresponde, sin que sea posible que los hombres evadan su responsabilidad.
–¿Cómo hacer que esta ley funcione en Oaxaca?
–Tenemos una oportunidad importante en Oaxaca, porque en el gabinete hay mujeres muy valiosas con verdadera perspectiva de género, como Elisa Zepeda, secretaria de la Mujer que acompañó y arropó la ley lo que propició que se actualizara el registro de deudores, pero también hay que dotar al Registro Civil no solo de facultades sino de una voluntad política para que se haga público el registro de deudores, que sea visible. Parte de la propuesta nacional es que se apruebe un registro nacional de deudores para saber por estados quiénes son. En Oaxaca tenemos la oportunidad de legislar y ya el gobernador marcó una línea importante al decir que ningún deudor puede ser funcionarios. ¡Eso nos parece fabuloso! Ahora, hay que hacer un marcaje y delineado de las leyes secundarias para saber cómo lo haremos posible. Facultar al IEEPCO, para que, una vez que sea público el caso, que se investigue a través del Poder Judicial y esta ley tenga dientes.
