El desprecio de Samuel García por la legalidad electoral es un hecho reiterado y documentado por las autoridades competentes. El pasado 9 de octubre de 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó su culpabilidad en diversos delitos electorales mediante la sentencia SUP-REP-1009-2024.
Entre las infracciones acreditadas se encuentran la promoción personalizada, la vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, así como el uso indebido de recursos públicos en el marco de la elección presidencial de 2024. Como consecuencia, el Tribunal Electoral dio vista al Congreso de Nuevo León para que determine las sanciones correspondientes. A pesar de la contundencia de estas resoluciones, los aliados de Samuel García han intentado minimizar sus acciones ilegales, justificando el uso de recursos públicos en su campaña.
Sin embargo, el historial de violaciones a la ley electoral por parte del gobernador de Nuevo León es sistemático y refleja una conducta reiterativa. Ya en septiembre de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a Movimiento Ciudadano con una multa de más de 28 millones de pesos, debido a la triangulación de recursos utilizados por Samuel García para financiar su campaña a la gubernatura del estado.
El uso faccioso de su cargo para favorecer a su círculo cercano quedó nuevamente en evidencia. El 7 de febrero de 2025, la Sala Monterrey del TEPJF confirmó que el gobernador intervino ilegalmente en la elección local de Monterrey para apoyar la candidatura de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, quien buscaba la alcaldía de dicha demarcación.
Ante este historial de atropellos a la legalidad, el pasado 11 de febrero de 2025, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León votó a favor del inicio de un juicio político en contra del aún gobernador Samuel García. Esta decisión marca un precedente en la lucha contra el abuso de poder y la corrupción electoral.
Samuel García ha demostrado ser un reincidente en la violación de las reglas electorales, manipulando los recursos del estado en su beneficio y el de su partido. El Pueblo merece y exige justicia y el respeto irrestricto a la democracia. La pregunta es: ¿responderá finalmente ante la ley o seguirá utilizando su cargo para evadir sus responsabilidades?
En una democracia, es fundamental que todos los actores políticos se apeguen a las leyes y principios que garantizan la equidad y la imparcialidad en las elecciones. Las acciones de Samuel García no solo socavan la confianza del Pueblo en sus instituciones, sino que también establecen un peligroso precedente para futuros procesos electorales.
Es imperativo que las autoridades correspondientes actúen con firmeza para sancionar cualquier conducta que atente contra la integridad del sistema democrático. Solo así se podrá asegurar que la voluntad de nuestro Pueblo prevalezca y que aquellos que buscan violar la ley electoral enfrenten las consecuencias de sus actos.
