La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado, por unanimidad, que la ministra Lenia Batres Guadarrama está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión 492/2023, promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego. Dicha resolución ha generado suspicacias sobre un posible favoritismo dentro del máximo tribunal, encabezado por Norma Piña, en beneficio del deudor fiscal.
El fallo se basa en la supuesta falta de objetividad de Batres Guadarrama, argumentando que sus declaraciones públicas previas en redes sociales evidencian una «enemistad manifiesta» con el empresario. Entre los comentarios citados en el expediente destacan publicaciones en las que la ministra cuestiona las operaciones de Salinas Pliego en paraísos fiscales, su negativa a pagar impuestos y su influencia mediática en beneficio propio.
La #SegundaSalaSCJN determinó que la ministra Lenia Batres Guadarrama sí está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión 492/2023, cuyo quejoso es Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
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Sin embargo, la decisión de la Segunda Sala abre la puerta a que un pleno de ministros con antecedentes de favorecer intereses empresariales determine el destino del caso. La exclusión de Batres, una de las voces críticas dentro de la SCJN, allana el camino para que aliados de Norma Piña influyan en la resolución y se facilite una condonación más para el magnate de Grupo Elektra.
Cabe recordar que Salinas Pliego mantiene litigios por adeudos fiscales millonarios, algunos de los cuales han sido resueltos en su favor mediante decisiones judiciales cuestionadas. Ahora, con la ministra Batres fuera de la discusión, crecen las dudas sobre la imparcialidad con la que se resolverá el caso y sobre un posible pacto para favorecer al deudor fiscal, quien ha sido recurrentemente beneficiado por instancias judiciales.
El principio de justicia imparcial, garantizado en el artículo 17 constitucional, se ha convertido en un punto de debate, ya que la argumentación para remover a Batres Guadarrama se basa en opiniones que, aunque críticas, responden a hechos públicos y verificables sobre la conducta del empresario. En contraste, la integridad de otros ministros que han tenido vínculos con actores empresariales no ha sido cuestionada con la misma severidad.
La decisión de la Segunda Sala confirma, una vez más, la falta de independencia en el Poder Judicial y refuerza la percepción de que bajo la presidencia de Norma Piña, la SCJN está al servicio de intereses económicos privilegiados, en detrimento de la justicia y la equidad fiscal.
