La podredumbre del pasado panista vuelve a quedar al descubierto. El Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusaron a Mario Alberto Ávila Lizárraga, excandidato del PAN a la gubernatura de Campeche y aliado cercano de Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño, de participar en un esquema de sobornos para manipular licitaciones y obtener contratos millonarios en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Junto a él también fue acusado Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, empresario y abogado ligado al sector energético. Ambos, según la investigación, sobornaron a funcionarios de Pemex y de Pemex Exploración y Producción (PEP) entre 2019 y 2021, entregando lujosos relojes Hublot, artículos Louis Vuitton y efectivo por un valor aproximado de 150 mil dólares, a cambio de contratos que superan los 2.5 millones de dólares.

Mientras Rovirosa fue arrestado y procesado en Texas, Ávila Lizárraga sigue prófugo, evadiendo la justicia estadounidense. La acusación formal establece que ambos enfrentan cargos por conspiración y violaciones sustanciales a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), con penas de hasta cinco años de prisión por cada cargo.

Este no es un nombre cualquiera: Mario Ávila fue delegado federal de la Sedesol en Campeche, candidato del PAN en 2009 y subdirector de Pemex Exploración y Producción durante el sexenio de Calderón. Además, tuvo una relación política estrecha con Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación, fallecido en 2008 en un accidente aéreo.

El caso es investigado por el FBI y el HSI, con apoyo de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Depósitos de Seguros.

La revelación refuerza lo que la Cuarta Transformación ha denunciado: Pemex fue usado como caja chica del PRIAN, donde funcionarios y empresarios se repartían contratos a costa de la riqueza nacional. Hoy, la justicia —aunque venga de fuera— desnuda otra pieza de la red de corrupción que marcó a los gobiernos del pasado.