Ocho años después, el expediente que sacudió al país vuelve a la escena —y esta vez con nombre y apellido en la mira. La Fiscalía General de la República ejerció acción penal y pidió audiencia para imputar y vincular a proceso a Emilio Zebadúa González, exoficial Mayor de Sedesol y Sedatu, señalado como operador clave del megamontaje de corrupción conocido como la Estafa Maestra. El cargo: enriquecimiento ilícito. El mensaje: la impunidad se acabó.
Rosario Robles y Emilio Zebadúa: décadas de complicidades:
La ruta a los tribunales
La Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) formalizó la acción penal dentro de la carpeta FED/SEIDF/UEIDCSPCAJ-CDMX/0002222/2017. El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur recibió la solicitud; la fecha de imputación está por fijarse y podría programarse en cuanto se instalen los nuevos jueces de control.
El delito es enriquecimiento ilícito, con presuntas inconsistencias patrimoniales y un incremento no justificado detectado en revisiones administrativas recientes. Aunque la prisión preventiva oficiosa para este ilícito no aplicaría retroactivamente (los hechos investigados datan de 2012–2018), el juez sí podría dictar prisión preventiva justificada si encuentra riesgo de fuga o peligro para el proceso. La puerta, pues, está abierta.
El corazón del fraude: así operó la Estafa Maestra
Bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto, Sedesol y Sedatu firmaron convenios y contratos por $5,073,358,846 de pesos principalmente con universidades públicas de nueve estados: Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
La acusación describe una maquinaria de simulación: convenios fachada, servicios no prestados, tercerizaciones opacas y hasta firmas falsas de exfuncionarios para “justificar” el desvío de recursos. En ese engranaje, Zebadúa es ubicado como arquitecto operativo.
Del criterio de oportunidad… al fin de la inmunidad
En octubre de 2020, Zebadúa consiguió criterio de oportunidad: entregó una declaración por escrito a la FGR y obtuvo inmunidad en una carpeta específica a cambio de delatar a otros implicados. Pero ese paraguas legal tenía límites. Con el avance de las indagatorias, los procesos pendientes y nuevos hallazgos patrimoniales, la Fiscalía cerró el círculo: hoy, lo sienta ante un juez.
