La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abrieron una investigación contra 13 casinos que operaban como centros de lavado de dinero en ocho estados del país. Entre ellos destacan dos que operan en línea vinculados a Grupo Salinas: Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., ambas empresas bajo el control del empresario Ricardo Salinas Pliego.
De acuerdo con la UIF, las casas de apuestas vinculadas al conglomerado realizaban simulaciones de apuestas, premios inflados y triangulación de recursos hacia cuentas en Rumania, Malta, Suiza y Estados Unidos, utilizando plataformas digitales sin regulación y empresas fachada. El esquema, diseñado para blanquear capitales millonarios, operaba principalmente con efectivo y robo de identidad, utilizando los datos de ciudadanos comunes para justificar movimientos ilícitos.
#MañaneraDelPueblo🎰 El juego sucio del dinero
Así operaban los casinos ilícitos usados para lavar millones de pesos: un negocio redondo que por años funcionó bajo la sombra de la corrupción.
👉🏼Hoy, las autoridades de la #4T combaten este crimen. pic.twitter.com/fqWqZqsEuw
— El Soberano (@ElSoberanoMX) November 12, 2025
Los permisos de operación datan del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el sector de casinos fue convertido en un negocio de élite controlado por empresarios cercanos al poder. Hoy, la UIF confirma que ese mismo modelo sirvió para consolidar una red de evasión fiscal y lavado financiero bajo la fachada del entretenimiento.
En respuesta, Grupo Salinas aseguró que se trata de “acoso político” y acusó al Gobierno federal de querer “silenciar a los empresarios críticos”. Sin embargo, la UIF desmintió tajantemente esa versión: no se trata de persecución, sino de rendición de cuentas. “Nadie está por encima de la ley, por mucho dinero o influencia mediática que tenga”, sostuvo una fuente del organismo.
El empresario Ricardo Salinas Pliego, lejos de ofrecer explicaciones sobre los hechos, recurrió nuevamente a las redes sociales para descalificar a las autoridades y presentarse como víctima. No es la primera vez: en los últimos años, Salinas ha acumulado multas fiscales, juicios pendientes con el SAT y sanciones de la CNBV, mientras se niega a cumplir con sus obligaciones tributarias.
El Gobierno federal ha sido claro: la investigación no tiene motivaciones políticas. El objetivo es erradicar la impunidad financiera y los privilegios de quienes durante décadas usaron sus medios y poder económico para evadir la ley. “El dinero no da fuero, ni las pantallas de televisión son escudos de impunidad”, señalaron autoridades de Hacienda.
Como parte de las medidas precautorias, la UIF ordenó el congelamiento de cuentas bancarias, la suspensión temporal de operaciones y la colaboración con organismos internacionales, como la OFAC de Estados Unidos, para rastrear los flujos financieros relacionados.
Además, tres altos ejecutivos de Grupo Salinas fueron citados a declarar por presunta colusión en operaciones ilícitas y transferencia de capitales sin sustento fiscal. Se prevé que en los próximos días la SHCP amplíe la revisión de los contratos y las operaciones de las filiales involucradas.
El caso marca un punto de quiebre en la relación entre el poder económico y el Estado mexicano: por primera vez, uno de los empresarios más ricos y mediáticos del país enfrenta una investigación formal por lavado de dinero, sin privilegios ni inmunidad política.
