Tras los graves hechos de violencia registrados en la marcha artificial del 15 de noviembre, 15 jóvenes fueron detenidos y trasladados al Reclusorio Norte, donde enfrentarán cargos por tentativa de homicidio. Mientras tanto, en redes sociales crece la narrativa de que estos jóvenes habrían sido utilizados como carne de cañón en una movilización impulsada desde la comodidad de la élite empresarial.

Diversos usuarios y analistas en redes señalan que Ricardo Salinas Pliego, quien desde su residencia convocó y promovió la marcha, habría incitado a la confrontación y al caos sin asumir responsabilidad alguna por las consecuencias. Desde sus plataformas digitales, el empresario llamó a “tomar las calles”, alentó a la confrontación con el Gobierno federal y se refirió a los jóvenes asistentes como “valientes”, mientras él permanecía a distancia, lejos del riesgo y de la violencia que estalló más tarde en el Zócalo capitalino.

Los videos difundidos de la jornada muestran a grupos organizados derribando vallas y atacando a elementos de seguridad. De acuerdo con las indagatorias preliminares, varios de los detenidos habrían participado directamente en agresiones que pusieron en riesgo la vida de los policías que resguardaban la zona. Ese fue el elemento central para que la Fiscalía capitalina solicitara la imputación por intento de homicidio.

En contraste, Salinas Pliego ha evitado cualquier pronunciamiento sobre los jóvenes detenidos. Para muchos ciudadanos y observadores, esta omisión confirma la sospecha de que la movilización tuvo un fin eminentemente personalista, orientado a fortalecer la narrativa del empresario contra el Gobierno federal, sin medir el impacto sobre quienes atendieron su llamado.

Las familias de los jóvenes ahora enfrentan la incertidumbre de un proceso penal que podría derivar en años de cárcel, mientras el origen de la convocatoria —y sus verdaderos objetivos— permanece sin esclarecer.

Lo sucedido el 15N abre preguntas urgentes:
¿Quién financió y organizó a los grupos que generaron violencia?
¿Quién se beneficia políticamente del caos?
Y por qué quienes llamaron a “salir a las calles” hoy guardan silencio mientras 15 jóvenes están tras las rejas?

La investigación continúa, pero para muchos, el mensaje ya es claro: quienes jugaron a la política desde la comodidad de sus mansiones no serán quienes paguen las consecuencias. Los costos recaen, como siempre, sobre los más jóvenes y desprotegidos.