El periodista y analista Raymundo Riva Palacio lanzó un señalamiento que ha encendido el debate político: el Congreso de Chihuahua debería impulsar juicio político e incluso el desafuero contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván, en medio de la polémica por la presencia de agentes extranjeros en la entidad.
El posicionamiento resulta especialmente significativo al provenir de una voz crítica del oficialismo, lo que ha sido interpretado como una señal de la gravedad del caso y del nivel de presión que enfrenta el gobierno estatal.
En su análisis, Riva Palacio plantea que los hechos no pueden quedar sin consecuencias y que el Poder Legislativo local tiene la responsabilidad de actuar frente a posibles irregularidades con implicaciones constitucionales y de seguridad nacional.
El señalamiento se suma a la exigencia de legisladores de Morena, quienes han impulsado la comparecencia de la mandataria estatal para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, la discusión ha escalado más allá de una simple rendición de cuentas y comienza a perfilar escenarios de responsabilidad política.
Mientras crece la controversia, el caso ya no solo enfrenta cuestionamientos desde el ámbito partidista, sino también desde el análisis político, intensificando la presión sobre el gobierno de Chihuahua para dar explicaciones claras y asumir las consecuencias correspondientes.
