Hablar de mujeres en el poder en México ya no es una anécdota, pero tampoco es todavía una normalidad. Si se revisa con rigor histórico, considerando todas las formas de acceso al cargo (gobernadoras electas, sustitutas, interinas y también jefaturas de gobierno de la Ciudad de México), el país ha tenido poco más de una veintena de mujeres al frente de ejecutivos locales. Es un avance relevante, pero todavía distante de una representación proporcional en un país donde las mujeres son la mitad de la población.
En lo que va del siglo XXI, el crecimiento ha sido claro. Hoy hay un número inédito de mujeres gobernando entidades federativas al mismo tiempo, algo impensable hace apenas dos décadas. Sin embargo, ese avance no ha sido homogéneo. Persisten estados que nunca han sido gobernados por una mujer, lo que evidencia que la transformación no ha permeado por igual en todo el territorio.
El siguiente punto de inflexión será 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y Quintana Roo). Entre estas entidades hay varias que pueden hacer historia, porque nunca han tenido una mujer al frente del Poder Ejecutivo estatal (Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa).
Este contexto no puede entenderse sin el marco jurídico que ha empujado los cambios. La reforma constitucional de paridad de 2019 estableció que el acceso a los cargos públicos debe garantizarse en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. A partir de ello, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos obligan a los partidos a postular candidaturas paritarias y a distribuirlas de forma equilibrada, evitando concentrar a un solo género en los espacios de menor competitividad. Es decir, la ley no solo exige que haya mujeres candidatas, también impide que se les relegue sistemáticamente a las contiendas perdidas, como ocurrió en la primera etapa de la implementación paritaria.
Durante años, una práctica recurrente fue cumplir formalmente con la inclusión de mujeres, pero colocándolas en elecciones donde el partido tenía pocas probabilidades de ganar. Esa simulación fue tan evidente que se tuvo que corregir en el sistema electoral. Hoy los partidos están obligados a cuidar las condiciones reales de competencia.
La paridad, en ese sentido, es un avance sustantivo de derechos. No se trata de una cuota ni de una concesión temporal. Es un mecanismo de justicia que busca corregir una desigualdad estructural. Si el acceso al poder ha estado históricamente mediado por redes masculinas, reglas informales y decisiones cupulares, entonces garantizar condiciones de igualdad requiere intervenir esas reglas. La democracia no puede limitarse a abrir la puerta, tiene que asegurarse de que todas las personas puedan cruzarla en condiciones equivalentes.
Aun así, el reto no está resuelto. Si la mitad de las candidaturas son para mujeres, lo esperable (en una competencia verdaderamente equilibrada) es que la mitad de las victorias también lo sean. Pero eso todavía no ocurre de manera automática. Persisten inercias, resistencias y decisiones políticas que siguen afectando el resultado final.
Por eso, el proceso de 2027 es especialmente relevante. No solo por el número de entidades en juego, sino porque varias de ellas tienen la posibilidad de romper una inercia histórica. Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa están frente a una oportunidad concreta de avanzar hacia una representación más justa.
Porque al final, la paridad no se agota en la ley. Se realiza en los hechos. Y cada elección es una oportunidad para acercarse (o alejarse) de una democracia donde la representación refleje, de manera natural, a la sociedad que gobierna.
