Hablar de soberanía energética se confunde de manera habitual con abordar solo temas sobre el petróleo, refinerías, ductos o la producción nacional. Pero es hablar de algo mucho más cercano a la vida diaria, por ejemplo, cuánto cuesta moverse, cuánto cuesta transportar alimentos, cuánto cuesta producir, cuánto cuesta trabajar y cuánto alcanza el ingreso de una familia. La energía no es un asunto exclusivo de técnicos o especialistas; es una condición básica para que la economía funcione y para que el bienestar no sea solo una promesa, sino una parte de nuestra cotidianidad.
Por eso, cuando se discute el precio de la gasolina y del diésel, no estamos hablando únicamente de llenar un tanque, hablamos del costo de operación de una economía completa. En una economía de mercado, prácticamente todo se mueve con energía: los alimentos que llegan a los mercados, las medicinas que se distribuyen, el transporte público que usan millones de personas, las mercancías que viajan por carretera, los servicios que dependen de traslados y hasta el precio final de muchos productos que consumimos todos los días.
Si sube la gasolina, no solo paga más quien tiene automóvil. Si sube el diésel, no solo se afecta el transportista. Esos aumentos terminan trasladándose, tarde o temprano, al precio de los productos básicos. Por eso la política energética también es política económica, y por eso la estabilidad de los precios estratégicos es fundamental para proteger el ingreso de las familias.
Durante décadas, el modelo neoliberal insistió en que el Estado debía hacerse a un lado. Nos dijeron que el mercado podía resolverlo todo, que los precios debían liberarse sin importar las consecuencias sociales y que intervenir era casi una mala palabra. Pero la respuesta ya la conocemos, porque la vivimos con gasolinazos, inflación, pérdida del poder adquisitivo y familias obligadas a cargar con los costos de decisiones tomadas lejos de sus necesidades.
La diferencia de fondo es que hoy existe una visión distinta. La Cuarta Transformación entiende que gobernar no es abandonar al pueblo frente a las fuerzas del mercado. Gobernar es tomar decisiones para proteger la economía popular. Gobernar es cuidar los precios que mueven la vida del país. Gobernar es impedir que los choques internacionales, la especulación o los intereses privados terminen golpeando directamente el bolsillo de la gente.
Ahí está la importancia de la soberanía energética. No se trata únicamente de producir más o depender menos del exterior, aunque eso también importa. Se trata de recuperar capacidad de decisión. Un país sin soberanía energética queda expuesto a que cualquier crisis internacional, cualquier movimiento especulativo o cualquier presión externa se convierta en aumento de precios internos. En cambio, un país con política energética propia puede amortiguar impactos, ordenar prioridades y decidir en función del interés nacional.
En este sentido, la prosperidad compartida no nace de dejar que unos cuantos acumulen mientras las mayorías resisten. La prosperidad compartida se construye cuando el Estado interviene para equilibrar, para proteger y para garantizar que el crecimiento tenga sentido social. Y en esa ruta, la energía ocupa un lugar central. Sin energía accesible, no hay producción estable; sin combustibles contenidos, no hay transporte justo; sin precios estratégicos cuidados, no hay salario que alcance.
Por eso incomoda tanto a la derecha que el Estado tenga una política energética con sentido social. Porque durante años hicieron creer que lo moderno era privatizar, encarecer y dejar todo al mercado. Pero el pueblo ya sabe lo que significó esa receta: pagar más por vivir peor. La soberanía energética rompe con esa lógica, porque pone por delante el interés nacional y no la ganancia de unos cuantos.
Hoy México demuestra que se puede gobernar de otra manera. Se puede cuidar la estabilidad macroeconómica sin abandonar la justicia social. Se puede mantener disciplina financiera sin sacrificar el bienestar. Se puede proteger el presupuesto público y, al mismo tiempo, usarlo para cuidar a las familias. Esa es la diferencia entre administrar para los mercados y gobernar para el pueblo.
Nuestra soberanía energética es prosperidad compartida porque conecta lo estratégico con lo cotidiano. Porque una refinería, una política de precios, una decisión fiscal o una inversión pública no son asuntos lejanos: terminan reflejándose en la mesa, en el transporte, en el trabajo y en el ingreso de millones de personas.
