El Poder Legislativo de Oaxaca demandó al titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca fincar responsabilidades a las y los servidores públicos que incumplan con su obligación de la reparación y mantenimiento de las vialidades en la entidad.
Derivado del mal estado en el que se encuentran las carreteras y calles, algunas de ellas dañadas por baches, zanjas y otras por los trabajos de instalación y conexión de la red de agua potable y alcantarillado, la legisladora Haydeé Irma Reyes Soto, presentó un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los tres niveles de gobierno a reparar las vialidades afectadas y sancionar a los funcionarios que hayan incumplido con su deber de ejecutar obras públicas al respecto.
El llamado a las autoridades es para que garanticen a la ciudadanía una infraestructura vial adecuada a fin de que su movilidad sea segura, eficiente y de calidad, para prevenir accidentes de tránsito que pueden causar la muerte de las personas.
Datos del Instituto Nacional de Seguridad Pública (INSP) revelan que México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 fallecimientos al día en promedio de jóvenes, de entre 15 y 29 años.
Por tal motivo, el Congreso considera urgente prevenir en Oaxaca estos accidentes para proteger la integridad física de las y los habitantes.
El exhorto aprobado con 31 votos está dirigido a los titulares de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, del gobierno estatal; a la delegación en Oaxaca de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; y a los ayuntamientos de las zonas metropolitanas del estado, en lo que refiere a la reparación de vialidades.
Y en lo que compete a fincar responsabilidades a los servidores y dependencias que incumplan con su deber de ejecutar obras para la reparación y mantenimiento, el llamado es a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, para que imponga las sanciones correspondientes.
Estas medidas las toman los legisladores ante la desatención de la infraestructura urbana, sobre todo en las principales ciudades del estado, como la capital, donde las calles lucen destrozadas y llenas de hoyos.
El reclamo ciudadano ha sido recurrente desde hace varios años pero los gobiernos estatal y municipal no han solucionado este problema que no solo dificulta la movilidad urbana, sino que también provoca daños en los vehículos de los particulares, daños cuyo costo tienen que absorber la ciudadanía.
Pero la cinta asfáltica deteriorara no solo se observa en la capital, sino en las zonas conurbadas, como la carretera federal 190, que es una de las más peligrosas del país, riesgo que se incrementa con los baches.
Además, aunque el gobierno estatal ha anunciado varias campañas de bacheo a través de Sinfra, estas acciones no se han reflejado en la realidad, como en 2019 cuando anunciaron la inversión de 50 millones de pesos, suma de dinero que se quedó en el papel pues las calles siguieron destrozadas.
