El gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, recibirá la administración estatal con una deuda pública heredada que asciende a 22 mil 291 millones 627 mil 771 pesos; un monto superior en más de 30 por ciento de la que existía cuando inició el gobierno que hoy deja Palacio de Gobierno.
Y aunque el Secretario de Finanzas del gobierno saliente afirmó que no se dejará deuda con proveedores ni ningún otro pasivo en la administración, los informes de las cuentas públicas al tercer trimestre de 2022, revelan lo contrario.
Los pasivos en las diferentes dependencias del gobierno del estado en conjunto suman 4 mil 194 millones 360 mil 101 pesos; entre ellas, la deuda del IEEPO por 916 millones 588 mil 588 pesos, según las propias cuentas públicas del gobierno de Oaxaca al cierre del tercer trimestre de 2022. Más la deuda en los SSO por 14 mil 249 millones.
En suma, dejan pasivos al gobierno que encabeza Salomón Jara Cruz, entre deuda pública y otros, por alrededor de 40 mil 735 millones 47 mil 754 pesos.
Pero no es el único problema que enfrentará el mandatario emanado del partido Morena. Los recientes resultados del Índice de Progreso Social 2022 elaborado por la asociación civil México Cómo Vamos, deja en evidencia el fracaso en el combate a la pobreza en el estado e incluso advierte un retroceso.
Lejos de registrar avances en todos los sectores: economía, pobreza, vivienda, seguridad y educación, entre otros, el estado se volvió a colocar en el lugar número 32 con los peores resultados en estas materias y se cayeron los pocos avances registrados que permitieron, entonces, superar a estados como Chiapas, Guerrero y Puebla; entidades consideradas también con alto grado de marginación y pobreza. Ahora, Oaxaca ocupa el lugar 32 en necesidades humanas básicas.
Es decir, cuenta con el mayor número de habitantes en carencia por acceso a la alimentación, en razón de muerte materna, en tasa de mortalidad infantil, en mortalidad por enfermedades infecciosas; con el menor número de hogares con disponibilidad de agua dentro de la vivienda, con dotación diaria de agua, con servicio sanitario exclusivo para la vivienda; y con el mayor número de hogares con paredes de material frágil, con piso de tierra, que cocinan con leña o carbón, y en hacinamiento.
Con el gobierno que terminó, incluso se descendió un punto porcentual en materia de seguridad pública. Se pasó del lugar 11 a la posición número 12 que se calcula a partir del número de homicidios, por la peligrosidad de accidentes de tránsito, por el índice de crimen violento y de crimen organizado.
Además, deja a la capital del estado y 25 municipios conurbados en una crisis de la basura: los residuos sólidos se acumulan por cada una de las calles, afluentes, ríos, sitios turísticos, mientras los malos olores inundan al llamado patrimonio cultural de la humanidad.
La administración que concluyó es la más violenta para las mujeres de los últimos cuatro sexenios. Según la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, a unos días de terminar su gobierno, suman 714 feminicidios en la entidad.
A esto se suma el asesinato de más de 37 personas defensoras de derechos humanos y del territorio, la falta de obra pública, la corrupción en diversas dependencias estatales, el desvío de recursos a través del uso exponencial de empresas fantasma, la ingobernabilidad y la incapacidad para concluir obras de infraestructura estratégica como las autopistas a la Costa e Istmo de Tehuantepec.
Salomón Jara también deberá dar atención a la impunidad y en el combate a la corrupción en el gobierno estatal, la cual está relacionada con la contratación de empresas fantasma, obras inconclusas y pagadas, entre otras irregularidades en el manejo de los recursos públicos que también se extiende a los diferentes ayuntamientos.
No obstante, uno de los retos más relevantes para Salomón Jara estará relacionado con la gobernabilidad, entre ellos los conflictos agrarios. Según la Secretaría General de Gobierno (Segego), hay 333 conflictos agrarios en la entidad, de los cuales 27 son considerados de alto riesgo y que pueden reactivarse y estallar en la próxima administración. Algunos de ellos son el de San Vicente Coatlán y Sola de Vega, el de Santo Domingo Yosoñama y San Pedro Mixtepec, y el de San Miguel Tiltepec y La Luz.
La región Triqui es otro de los problemas sociales álgidos en el estado y que en los últimos meses recrudeció en su violencia; lo más reciente es las decenas de familias de Tierra Blanca Copala que se suman a la larga lista de personas indígenas desplazadas en Oaxaca a causa de la violencia.
Ante este panorama, Salomón Jara contará con los grandes proyectos de infraestructura impulsados por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador como el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, los caminos rurales y la centralización del sector salud.
Servicios para una Educación Alternativa (Educa) coincide en que el gobernador electo Salomón Jara recibirá el estado de una crisis de inseguridad y violencia, crisis de gobernabilidad, conflictos ambientales, endeudamiento y una larga lista de obras públicas sin terminar.
“El nuevo gobierno, encabezado por Salomón Jara, recibirá un estado conflictuado y lacerado por la violencia y la pobreza”.
La organización destacó la identidad indígena del gobernador electo y su pasado como activista en favor de los desposeídos, sin embargo, reiteró que son graves los problemas de rezago e injusticia social que padece la entidad desde hace décadas. “Salomón Jara es originario de una comunidad indígena, proviene de la izquierda partidaria y en sus orígenes formó parte del movimiento social oaxaqueño”, mencionó.
También mencionó que a nivel municipal y comunitario persiste la resistencia en contra de megaproyectos, hay comunidades de la costa y de la sierra sur que han instalado campamentos o retenes en defensa de sus territorios.
Y advirtió que no parece un sexenio fácil. Por un lado, la violencia latente y contenida, ya que al menos 49 personas defensoras fueron asesinadas en Oaxaca en el gobierno que se fue, y se registran más de 700 feminicidios en el sexenio que termina, lo cual coloca frente a un “escenario de riesgo”.
Finalmente, aseguró que es posible que el gobierno de Salomón Jara, a partir del fuerte apoyo vía el presupuesto federal con más de 120 mil millones de pesos en 2023, se potencialice y contribuya a la reducción de la pobreza y desigualdad.
