El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, habla a detalle sobre el paquete de reformas del gobernador Salomón Jara y sus alcances
–¿El paquete de reformas del gobernador ya llegó al Congreso? ¿De qué se trata?
–Este es un proyecto en conjunto que encabeza el ingeniero Salomón Jara Cruz. Tiene aliados legislativos de este movimiento y de esta manera se construyeron previamente, durante su periodo como gobernador electo, muchas reformas que le permitirían comenzar y encausar el arranque se du gobierno. Como la iniciativa a la reforma a la ley orgánica del Ejecutivo, la iniciativa que reforma la Consejería Jurídica. Todas ellas fueron aprobadas de manera unánime por el Congreso.
–¿Cómo cambia la auditoría superior con la reforma? ¿Ya hay candidatos?
–Se aprobó el miércoles pasado, un día antes de la toma de protesta del gobernador y ahora se está creando un nuevo ente fiscalizador que es la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. ¿Por qué se cambió? No solo es un cambio de nombre sino darle un sentido diferente, pues el órgano previo servía para repartir cotos de poder, cuotas, entre legisladores que se repartían las subauditoría. Ahora damos énfasis en la experiencia profesional y la honradez. Además, que ya estamos en condiciones para que el titular del Ejecutivo inicie el proceso de convocatoria y selección para el próximo auditor del estado.
La designación no será politizada. No es una cuota. Tiene que ser una persona honrada y con la capacidad para llevar a cabo esta responsabilidad, es un paso importante para el combate a la corrupción. Tenemos que reformar todo el sistema estatal de combate a la corrupción, como el Tribunal de Justicia Administrativa, también la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción, el órgano garante de transparencia, el Poder Judicial. Son muchos los entes que tienen que ver con el combate a la corrupción.
El nombramiento se dará a la brevedad, esperemos que sea esta semana.
–Respecto a la iniciativa de la Austeridad, ¿cómo se va a aplicar?
—Estamos esperando la iniciativa. Cubrirá toda la administración pública. Nos dará lineamientos de austeridad, no solo para el Ejecutivo, sino para los tres poderes y todos los órganos. Tenemos que entender que son tiempos diferentes, ya no debe haber gobierno rico y pueblo pobre. El mandante es la gente, debe estar bien y el gobernante tiene que garantizar ese bienestar.
–¿Habrá evaluación o cambios en la Fiscalía y la Defensoría?
—Todos los encargos que tiene cualquier servidor público, aunque algunos sean constitucionalmente mayores a un sexenio, debemos entender que todo está sujeto a resultados y en este momento en que vivos un momento estelar, como lo dice el presidente López Obrador, debemos redoblar esfuerzos por lo que cualquier servidor público tendrá que rendir cuentas.
–¿Cuáles son los alcances de la revocación de mandato?
–Es la materialización de la soberanía. La materialización de la democracia directa. El poder es del pueblo y para el pueblo. Es el momento en que los ciudadanos podrán reiterar su confianza al poder Ejecutivo, por lo que el gobernador está poniendo el ejemplo al resto de las autoridades, así como lo hizo inicialmente el presidente López Obrador. Estamos seguros que este ejemplo permeará hacia las autoridades municipales y hasta al Congreso.
–¿Cómo se va a aplicar la Consulta popular?
–Son figuras de democracia directa que están en la Constitución, pero son inoperantes, lo que queremos es que sean operativas, que la gente sepa que el gobernador es un empleado del pueblo, que no está por encima del pueblo. Esto se hará a través del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
–¿Cuál es la relevancia del Instituto Estatal para Devolver al Pueblo lo Robado?
–Lo que la gente quiere es justicia. Ya no queremos millonarios de cada seis años, que se aprovechan de los cargos públicos que se enriquece del erario. Esa es la base de este proyecto. Conlleva una aplicación efectiva del concepto de extinción de dominio y para eso necesitamos también un organismo fiscalizador que actúe rápido, con garantías procesales pero que le permita a la gente saber que cualquier daño a los bienes públicos será restituido para que se reencaucen al pueblo a través de un instituto que lo haga tangible.
