- Desde la desaparición de la Procuraduría en Oaxaca, poco ha cambiado la forma en que se investigan los delitos en la entidad que tiene altos índices de impunidad
Han pasado siete años y seis meses en que el Congreso del Estado modificó la Constitución Política local para transformar la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con el objetivo de garantizar un organismo autónomo y más eficaz en la persecución de los delitos y la procuración de justicia.
Sin embargo, los propios datos presentados por la Fiscalía General del Estado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que no hay avances sustanciales en la función que debe desempeñar este organismo autónomo. La información del 2021 revela que la impunidad en las carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas ese año fue total, es decir, en ninguna de las más de 40 mil indagatorias se llegó a alguna sentencia: la impunidad fue del 100 por ciento.
El exprocurador general de Oaxaca en dos ocasiones, Sergio Santibáñez Franco enumera una serie de acciones necesarias y fundamentales para lograr un cambio realmente transformador en la institución encargada de la investigación, persecución de los delitos y en la procuración de justicia.
Y sus propuestas van desde garantizar la verdadera autonomía de la Fiscalía General, la selección de su personal y hasta algunos de carácter administrativo, como la disposición de vehículos y la renovación del equipo tecnológico. También revela la falta de documentos normativos o manuales que regulen la operación de la institución.
El 30 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca un Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Oaxaca en materia de derechos humanos, transparencia, procuración de justicia, político-electoral y combate a la corrupción; reformas que fueron aprobadas por los entonces diputados locales el 18 de marzo de ese año.
La reforma constitucional estableció la transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado en una Fiscalía General.
Las principales características que diferencian a la Fiscalía General con la anterior Procuraduría General de Justicia, según el decreto del Poder Legislativo de Oaxaca, consisten en que a partir de entonces, sería un órgano autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Esto, argumentaron los legisladores, tendría como consecuencia que las tareas de investigación, persecución de delitos y procuración de justicia sean más eficaces.
Además, consideró la creación de dos fiscalías especializadas: una para la atención de delitos electorales y otra en materia de combate a la corrupción, cuyos titulares podrán ser nombrados y removidos por el Fiscal General y, en su caso, objetados por el Congreso del Estado.
También establece que el Fiscal General tiene la obligación de presentar al Congreso del Estado y al Ejecutivo Estatal un informe anual de actividades, así como comparecer ante la Legislatura cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre algún asunto en particular relacionado con su gestión.
En la reforma constitucional se dispuso que los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales de la entonces Procuraduría, se transferirán a la Fiscalía General del Estado.
El primer Fiscal General y el último ex Procurador General fue Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, quien fue designado por el Congreso del Estado de Oaxaca el 3 de agosto de 2015 para ocupar el cargo durante cuatro años.
Fue electo para ese periodo de cuatro años porque en artículo transitorio de la Constitución reformada, se estableció que por única ocasión “el Procurador General de Justicia del Estado que se encontrara en funciones al momento de publicación del Decreto, quedaría designado como Fiscal General por el término que le restara a su designación”. Esta reforma, además, fue con la intención de homologar el diseño institucional de la procuración de justicia en la entidad con lo establecido en la reforma política impulsada por el Gobierno Federal.
Para el ex procurador Sergio Santibáñez, para mejorar la eficacia de la Fiscalía General del Estado y dar pasos importantes para acabar con la impunidad, es necesario, en primer lugar, evitar la reclasificación de feminicidios por homicidios dolosos; en segundo, establecer manuales de procedimiento en todas las áreas de la Fiscalía ante la total inexistencia de estos documentos normativos. En tercer lugar, señala la necesidad urgente de hacer oficial el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, acorde a la estructura y nomenclatura actual. Esto, porque a la fecha aún sigue rigiendo el reglamento publicado en noviembre de 2015. En cuarto lugar, hacer efectiva la autonomía de la Fiscalía.
Otros puntos generales que recomienda es realizar la contratación de personal de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, especialmente en lo relacionado con el examen de control de confianza; normar y organizar el certificado único policial; y establecer una solución institucional para el problema del personal que no aprobó el examen de control de confianza y que continúa laborando en la Fiscalía.
Así como renovar equipo técnico, servidores, computadoras, impresoras, entre otro equipo tecnológico, la disposición de vehículos oficiales para las comisiones del personal, la homologación de viáticos entre el personal que sale de comunicación, abastecer de suministros de material de oficina y la contratación de peritos, agentes estatales y ministerios públicos por convocatoria.
“La Institución”, sentencia Sergio Santibáñez, requiere trabajo de 24 horas. No puede trabajar de lunes a viernes y los fines de semana descansar y, en las noches estar atentos a las llamadas y presencia del Ministerio Público de la Fiscalía”.
