Nidia Martínez Esteva*
El pasado 9 de mayo se llevó a cabo en el patio principal del Palacio de Gobierno un hecho histórico a favor del fortalecimiento de los Derechos Humanos, el acto de disculpa pública del Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado en los Casos del Profesor Modesto Patolzin Moicén, desaparecido en 1988 y del C. René Alejandro Cruz Esteban, desaparecido en 2017. Este texto busca plantear algunas reflexiones sobre la función y trascendencia de este tipo de actos para la reparación a las víctimas por violación de alguno de sus derechos.
Las disculpas públicas son una medida para reconocer la injusticia de los hechos y la dignidad de las víctimas, forman parte de la reparación integral del daño y están establecidas en diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). También están incluidas en diversas leyes mexicanas: Ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado; Ley de Víctimas; Ley de reparaciones; Ley de Amparo y en la Ley General de Víctimas, promulgada el 9 de enero de 2013, reglamentaria del tercer párrafo del artículo 1°, artículo 17° y el 20, apartado C, de la Constitución mexicana.
Las víctimas son las personas que están al centro de este tipo de actos, en esta ocasión resalta que fueron tres maestras de la sección XXII, las Profesoras Liboria Miranda Silva, esposa del maestro Patolzin, Aurora Guadalupe Esteban Hernández, madre de René Alejandro y Yenny Aracely Pérez Martínez, Secretaría General de la sección 22, esta última en uso de la voz dio contestación a las disculpas, dijo que eran un primer paso para la búsqueda de justicia y verdad en los casos de desaparición forzada.
El Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, dio las disculpas públicas establecidas en los casos citados y con ello marca la apertura de una nueva oportunidad para los derechos humanos en Oaxaca, su experiencia como ombudsperson se hizo presente, sus palabras fueron empáticas y también responsables; “reconozco la lucha y acompañamiento que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha dado a lo largo de todo este tiempo para exigir la presentación con vida … y evitar con ello que este acto quede impune y se pierda en la larga noche de los tiempos, como un acto más de la represión en contra del movimiento magisterial”.
Cuando se habla de Estado se requiere una respuesta no aislada o de una solo institución, se requieren una serie de esfuerzos coordinados, por ello este acto estuvo paso a paso llevado por la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos del Gobierno del Estado y por el propio titular del Poder Ejecutivo, también estuvo la legisladora que preside la comisión de Derechos Humanos de la legislatura local y por el propio Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura y Tribunal Superior del Estado de Oaxaca.
Este acto representa una oportunidad para hacer conciencia de la importancia de no olvidar, ni archivar la obligación de hacer mejoras institucionales para tener una plena protección de los derechos humanos, este trabajo requiere de todas las autoridades del Estado de forma estratégica, tal como ocurre en un acto de disculpa pública, verse a los ojos, establecer un diálogo, fortalecer la empatía social, visibilizar la verdad por un pleno acceso a la justicia.
Finalmente, en los casos citados, rescatan la memoria de un episodio de abusos flagrantes como la guerra fría en México y el segundo una historia reciente de inseguridad y violencias.
En esta ocasión el Estado se encuentra una vez más ante el derecho de una persona desaparecida a ser buscada y sin matices ni moderación, el Estado tiene la obligación de disculparse, como un acto de conciencia que obliga a la verdad, la justicia, la reparación y a realizar las reformas institucionales necesarias. En este momento de la historia de la humanidad, a los derechos humanos se les quiere ¡presentes y vivos!
* Cuicateca, abogada y Directora de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca.
