La política a veces se vuelve abstracta. Reformas, presupuestos, plurinominales. Y de pronto, una plaza pública vibra con 400 mil personas cantando las mismas canciones. El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México no fue solo un espectáculo pop. Fue una escena profundamente política y de izquierda: la ocupación colectiva del espacio público para ejercer nuestros derechos.
El derecho a la cultura no es una cuota constitucional reconocido en el artículo 4º de la Constitución mexicana. Eso significa que el acceso a bienes y experiencias culturales no debería depender del ingreso, del poder adquisitivo o de la tarjeta de crédito. Cuando un concierto de esta magnitud se abre gratuitamente en la plaza más simbólica del país, ocurre algo interesante: la cultura deja de ser mercancía exclusiva y se vuelve experiencia compartida.
Aquí conviene detenernos un segundo y desmontar una idea común. Hay quien dice: “¿Para qué gastar en conciertos si hay otras prioridades?”. Es una objeción que podría sonar razonable, pero parte de una falsa dicotomía. La cultura no compite con la educación o la seguridad; sino forma parte del ecosistema social que las sostiene. Las sociedades no solo sobreviven con infraestructura, leyes y reformas. También necesitan relatos comunes, símbolos, momentos de cohesión.
El zócalo, en este sentido, ha sido un termómetro social fascinante. En esa plancha han ocurrido protestas, ceremonias cívicas, celebraciones deportivas y, como ahora, conciertos masivos. Es un espacio donde el Estado y la ciudadanía se miran frente a frente. Cuando 400 mil personas se reúnen sin pagar boleto, el mensaje es claro: la plaza es del pueblo, no del mercado. Y para la presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue Jefa de Gobierno, y ahora con Clara Brugada, ha quedado claro.
Desde una perspectiva más estructural, los grandes eventos gratuitos en espacios públicos cuestionan la lógica esencialmente mercantil de la cultura. En el modelo neoliberal clásico, esa etapa en la que casi todo se evaluaba bajo la pregunta “¿Es rentable? ¿Cuál es nuestra ganacia?”, la cultura tendía a verse como industria antes que como derecho. No es que la industria cultural sea ilegítima, el problema surge cuando el acceso depende exclusivamente de la capacidad de pago y el privilegio para unos cuantos.
Un concierto masivo gratuito altera esa ecuación. Redistribuye acceso simbólico. Permite que una todas y todos vivamos una experiencia que, en otros contextos, costaría miles de pesos. Eso tiene un efecto democratizador, aunque no siempre se mida en indicadores económicos y parezca que la derrama económica es un factor trascendente, lo es, pero no es el todo. Ahora bien, tampoco conviene idealizar. Un evento cultural no resuelve desigualdades estructurales. No sustituye políticas públicas de largo plazo. Sería ingenuo plantearlo así. Pero sí revela algo importante: el espacio público puede ser escenario de convivencia masiva sin que todo se reduzca a consumo individual.
Hay además un elemento latinoamericano interesante. Shakira, mujer, artista colombiana, cantando ante cientos de miles en la capital mexicana, activa una red cultural continental. La cultura popular funciona como diplomacia informal, como tejido que conecta identidades más allá de fronteras. En un momento en que el mundo parece fragmentarse en bloques tensos, esos vínculos simbólicos no son menores.
La pregunta de fondo no es si nos gusta o no el pop. La cuestión es más profunda: ¿qué tipo de ciudad y qué tipo de país queremos? Uno donde la experiencia cultural de gran escala sea privilegio, o uno donde la plaza pública siga siendo el gran foro común. Porque es solo de asistir a un concierto, sino de ejercer el derecho a ocupar el espacio público, a habitarlo colectivamente, a reconocernos como comunidad en un territorio que nos pertenece. Una ciudad democrática no es solo la que administra servicios; es la que garantiza que sus plazas, calles y símbolos sean espacios vivos de encuentro, no vitrinas exclusivas ni zonas de paso. En ese sentido, cada multitud que se reúne pacíficamente en la plaza reafirma algo elemental y poderoso: el espacio público es un derecho compartido, no una concesión.
A veces la política se discute en el Congreso. A veces se canta a todo pulmón en el Zócalo. Ambas cosas forman parte del mismo experimento democrático. Y ese experimento, extraño y vibrante, se alimenta tanto de reformas legales como de coros multitudinarios bajo el cielo de la ciudad.
