La crisis institucional por la que atraviesa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no es asunto menor. Desde sus controversiales resoluciones hasta el comportamiento de los magistrados atentan contra una parte fundamental en la democracia mexicana, que es nada y más nada menos que proteger los derechos políticos electorales de todas y todos los mexicanos, garantizando la legalidad y la certeza de los comicios con el fin de contribuir al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo de la cultura de la legalidad. Es decir: es el encargado de resolver controversias en materia electoral e impartición de justicia en la materia.
Es un hecho inédito en la historia del Tribunal que cinco de los siete magistrados de la sala superior removieran a su presidente, José Luis Vargas. Los motivos encienden las alarmas, dicho magistrado está siendo investigado por lavado de dinero.
Sin embargo, la exhibición de esta crisis en el Tribunal no termina ahí, es preocupante la incapacidad para nombrar a un nuevo presidente; queda más que evidente de que no existe consenso alguno entre los magistrados. Así el tamaño de la crisis institucional por la que atraviesa.
Desafortunadamente, la reflexión a la que llegamos miles de mexicanos que participamos en cada proceso electoral, además de otros mecanismos de la democracia en nuestro país, es que no podemos confiar en un tribunal de este nivel.
Sin duda es un duro golpe para la confianza en las instituciones de justicia. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina, tres de cada cuatro ciudadanos tienen poca o ninguna confianza en ellas, alrededor del 80% cree que la corrupción está extendida en las instituciones públicas.
La esperanza de Transformación es la reforma electoral que enviará el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que tendrá como el reto importante contribuir para rescatar la confianza en la institución, además de luchar contra la corrupción existente en el sistema judicial mexicano que, sin duda, es producto de la falta de una ética pública que evite que los agentes del Estado incurran en actos de deshonestidad.
