Frente al inminente proceso de elección por voto popular de jueces y ministros del Poder Judicial programado para junio de 2025, la derecha mexicana ha desplegado una campaña sostenida para deslegitimar el mecanismo, sembrar dudas sobre su legalidad, y advertir sobre supuestas amenazas al equilibrio democrático del país. Sin embargo, lo que parece una defensa apasionada del orden institucional, esconde una profunda crisis de proyecto político, una desconexión con las mayorías sociales y el intento de encubrir su falta de propuestas transformadoras.
Este fenómeno no es nuevo en la política mexicana ni en el ámbito internacional. Cuando un bloque político no logra construir una alternativa creíble, su estrategia común recae en impedir los procesos de cambio, generar miedo y buscar que la incertidumbre impere sobre el debate racional. Desde la elección presidencial de 2018, en la que Andrés Manuel López Obrador arrasó con un mandato popular inédito, la oposición conservadora se ha dedicado sistemáticamente a erosionar la legitimidad de las instituciones democráticas que ya no controla.
La propuesta de elegir a jueces y ministros por el voto popular, impulsada por el actual gobierno federal y respaldada por una mayoría parlamentaria, responde a una demanda ciudadana de mayor transparencia, rendición de cuentas y democratización del Poder Judicial. Durante décadas, este poder ha operado con una lógica opaca, cooptada por intereses corporativos y lejana a las necesidades de justicia de millones de mexicanas y mexicanos. Casos emblemáticos como la liberación de criminales de cuello blanco, la protección a monopolios y el retraso en sentencias de derechos humanos han desgastado la confianza pública en la Suprema Corte y en los tribunales.
En lugar de ofrecer una reforma judicial alterna, o de participar constructivamente en el debate sobre los mecanismos de elección, la derecha ha optado por un discurso catastrofista. Ha acusado sin pruebas al gobierno de querer controlar al Poder Judicial y de minar la división de poderes. En el peor de los absurdos, erigen a Ernesto Zedillo como el nuevo prócer de la democracia mexicana. Lo que en realidad intenta es preservar los privilegios de una cúpula judicial que históricamente ha sido afín a sus intereses, que ha frenado reformas progresistas y que ha jugado un papel político desde su trinchera institucional.
Este comportamiento refleja una desconexión profunda con la ciudadanía. En encuestas recientes, una mayoría significativa de la población ha expresado su desconfianza hacia el Poder Judicial. El clamor popular no es por conservar el statu quo, sino por transformar un poder que ha sido percibido como elitista, clasista y ajeno a la justicia cotidiana. El apoyo ciudadano a una elección democrática de los juzgadores no es una concesión al oficialismo, sino un síntoma de hartazgo y exigencia de renovación institucional.
Por supuesto, el proceso no está exento de desafíos. Elegir jueces mediante el voto popular plantea preguntas legítimas sobre los criterios de evaluación, los mecanismos de campaña, la garantía de perfiles idóneos y la no partidización de la justicia. Pero estas preguntas deben resolverse con participación ciudadana, con debates públicos informados y con reglas claras que fortalezcan al sistema democrático, no con bloqueos ideológicos ni con campañas de miedo.
La ciudadanía tiene una responsabilidad crucial en este momento histórico. No puede dejarse llevar por la manipulación mediática ni por el discurso del miedo. Tiene que informarse, participar, exigir transparencia en el proceso de selección de candidaturas judiciales, y ejercer su voto con responsabilidad. El Poder Judicial necesita una reforma de fondo, y ésta debe contar con el respaldo social y con mecanismos que aseguren su autonomía, imparcialidad y eficiencia.
Más que un plebiscito sobre el gobierno en turno, la elección judicial de 2025 será una oportunidad para redefinir la justicia en México, para hacerla más cercana, accesible y sensible a las necesidades sociales. La derecha, al negarse a participar constructivamente en este proceso, está demostrando que su verdadero problema no es con la forma, sino con el fondo del cambio: con que el poder ya no les pertenece exclusivamente a ellos.
Frente a la ausencia de un proyecto alternativo, su apuesta es deslegitimar el terreno de juego. Pero la democracia no se defiende desde la inmovilidad ni desde el privilegio, sino desde la participación activa y el ejercicio consciente del poder ciudadano. Es tiempo de que las y los mexicanos tomen en sus manos también la justicia.
