En las últimas semanas, nuestro país ha sido escenario de dos acontecimientos que, vistos en conjunto, desnudan las dos visiones antagónicas que hoy subsisten en materia de seguridad nacional. Por un lado, el escándalo de los agentes de la CIA involucrados directamente en operaciones dentro del estado de Chihuahua; por el otro, la detención quirúrgica de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación. No se trata de hechos aislados: son el reflejo de dos modelos de Estado radicalmente opuestos.
El primer caso constituye una grave violación de la soberanía. Dos agentes estadounidenses de la CIA murieron en un accidente automovilístico cuando regresaban de un operativo en el municipio de Morelos, Chihuahua, junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación. No fue un mero “intercambio de información” ni una labor de “entrenamiento”: participaron activamente en acciones en territorio mexicano, sin la autorización expresa del Gobierno Federal. Esta injerencia, avalada por autoridades estatales, viola el principio elemental de que solo el Estado mexicano puede ejercer el monopolio legítimo de la fuerza en territorio nacional.
La gobernadora panista Maru Campos, desesperada y sin argumentos, se vio obligada a anunciar la creación de una “unidad especial de investigación”, tratando de atenuar los legítimos cuestionamientos que la señalan por permitir que agencias extranjeras operen como si Chihuahua fuera un protectorado estadounidense. Lo más grave no es solo la violación constitucional, sino el mensaje que envía: que las autoridades locales, emanadas de partidos de la derecha, están dispuestas a subordinar la soberanía nacional a cambio de una supuesta “eficacia” en la lucha contra el crimen.
Este entreguismo contrasta radicalmente con la detención de “El Jardinero”. Tras 19 meses de trabajos de inteligencia, fuerzas federales encabezadas por la Secretaría de Marina ejecutaron un operativo impecable en la comunidad de El Mirador, Nayarit, con la participación de cientos de elementos, helicópteros y apoyo terrestre. Hubo coordinación y colaboración con el gobierno estadounidense —como debe existir entre naciones soberanas—, pero la operación fue planeada, ejecutada y culminada exclusivamente por instituciones de seguridad mexicanas, respetando plenamente nuestra Constitución.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado que es posible una cooperación internacional que no implique subordinación. Este operativo no solo representa un golpe certero contra una de las organizaciones criminales más poderosas del país, sino que también establece un precedente: México puede y debe actuar con sus propias fuerzas, su propia inteligencia y su propia decisión.
La diferencia entre ambos casos no es meramente táctica o coyuntural: es estructural y constitucional. Nuestro marco jurídico es claro al respecto. El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como obligación del Presidente conducir la política exterior basada en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional es tajante al limitar la participación de agentes extranjeros en territorio nacional: solo pueden desarrollar actividades de enlace e intercambio de información, sin ejercer funciones de autoridad, realizar detenciones, cateos ni acciones que impliquen privación de la libertad o ejecución de leyes extranjeras en México. Lo ocurrido en Chihuahua viola abiertamente estas disposiciones; lo ocurrido en Nayarit las respeta escrupulosamente.
Estas dos realidades ilustran dos proyectos de nación. Por un lado, el viejo paradigma del entreguismo, propio de la derecha, que abre las puertas a la intervención extranjera, erosiona la autoridad nacional y termina convirtiendo a los estados en teatros de operaciones de potencias externas. Es el modelo que prevaleció durante la llamada “guerra contra el narco” del sexenio del usurpador panista Felipe Calderón, donde la “cooperación” con Estados Unidos significaba subordinación operativa y pérdida de control territorial. Por otro lado, la visión de la Dra. Sheinbaum de una soberanía firme, pero con resultados: cooperación sí, subordinación no. Se combate al crimen organizado con inteligencia, coordinación y la fuerza del Estado mexicano, sin renunciar a la colaboración internacional.
México no puede ni debe aislarse del mundo, pero tampoco puede permitir que se repitan los errores del pasado. La defensa de la soberanía no es un discurso nacionalista vacío: es la condición indispensable para que cualquier estrategia de seguridad sea legítima y efectiva. Un país que permite que agentes extranjeros operen libremente en su territorio no es verdaderamente soberano. Y sin soberanía, no hay política de seguridad que valga.
