En el Valle de México, la desigualdad no es una cifra en un informe: es una cicatriz que atraviesa generaciones. Municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán o Chalco son ejemplos de cómo las decisiones políticas, o la falta de ellas, han producido desigualdades estructurales que se sienten en cada bache, en cada ausencia de servicios básicos, en cada familia que vive con miedo o con precariedad.
Durante décadas, los gobiernos neoliberales dejaron crecer estos cinturones urbanos sin invertir en su desarrollo. El modelo fue claro: dejar al “mercado” la tarea de resolver problemas que solo el Estado puede atender de manera equitativa. Las grandes inversiones se destinaron a zonas de alto valor inmobiliario, mientras el oriente quedó relegado al olvido, convertido en un reservorio de fuerza de trabajo, sin derechos plenos, sin servicios dignos.
Hoy, con el anuncio de una inversión histórica de 48 mil millones de pesos en infraestructura, transporte, seguridad y servicios para esta región, el gobierno de la Cuarta Transformación empieza a saldar una deuda que lleva décadas acumulándose. No se trata solo de construir calles o luminarias; es un acto de justicia social. Es reconocer que esas periferias fueron marginadas por un proyecto económico que priorizó la acumulación de unos cuantos sobre el bienestar de las mayorías.
La desigualdad estructural se corrige con múltiples esfuerzos y a través de esfuerzos de décadas. Requiere acciones decididas que transformen las condiciones materiales de vida de millones de personas. Implica reconocer que esas zonas no son “focos rojos” aislados, sino el resultado directo de políticas que, durante años, normalizaron la exclusión.
El modelo neoliberal promovió el crecimiento económico sin importar a quién dejaba atrás. Hoy, la Cuarta Transformación apuesta por un desarrollo con sentido de justicia, donde los recursos públicos sirvan para garantizar derechos, no para seguir apuntalando las ganancias de las élites económicas.
Lo que suceda en el oriente del Valle de México será una muestra palpable de si somos capaces de romper con ese legado de desigualdad estructural. Cada peso invertido allí no es un gasto, sino una inversión en cohesión social, en paz y en futuro.
Porque la verdadera transformación no se mide solo en macroindicadores económicos, sino en la dignidad recuperada de las comunidades que por décadas fueron condenadas al rezago.
