junio 12, 2021

Pluma Patriótica

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martes, 28 enero, 2020
¿A quién representa la socieda

¿A quién representa la sociedad civil? 

En la última columna advertí que aquél sería el primero de dos escritos que hablarían sobre la sociedad civil, en concreto sobre el papel de las organizaciones de derechos humanos. Su rol, su historia, su posicionamiento en este gobierno. Continuaré con la temática, dando un vuelco para hablar ahora sobre su representatividad. 

Las organizaciones, asociaciones y colectivos de derechos humanos han jugado un rol importante como contrapeso y sobre todo freno del Estado. Han logrado crear entre ellas una suerte de espacios donde las autoridades discuten y rinden cuentas sobre sus malas y buenas decisiones. Todo ello parece sano democráticamente hablando y acorde con la teoría clásica de los derechos humanos. Aunque nunca de manera suficiente —dirían las organizaciones— finalmente sí han logrado, entre los millones de mexicanos que somos, establecerse como un referente legitimado y un interlocutor —por lo menos políticamente correcto— a tomar en cuenta.

Hasta que se dio el debate en torno a diversas provocaciones que declaraban a la sociedad civil como de derecha, salvo escasas excepciones (y esto podría abordarse en otra columna). Lo que es verdad es que diversos colegas del medio nos comenzamos a hacer interesantes preguntas, muchas de ellas obviadas y algunas otras nunca planteadas. Entre ellas, es fundamental el cuestionamiento acerca de su representatividad. 

Es común que las organizaciones organicen foros temáticos, reuniones con autoridades sobre ciertos temas, hagan posicionamiento mediáticos, incluso participen en cabildeos en instancias nacionales e internacionales para preparar alguna legislación que vaya acorde con su agenda. 

Pero, ¿a quiénes representan? 

Antes de que se adelanten, no, no considero que la representatividad deba ser cuantificada en votos, pero sí considero que debe ser un debate serio a darse al interior de las organizaciones, sobre todo ahora que tenemos un panorama nunca antes visto: un gobierno verdaderamente popular con amplísimo margen de legitimidad. Y esto cobra relevancia principalmente cuando surgen las negociaciones uno a uno con el Estado.

¿Qué derecho tienen las organizaciones de seguir ocupando esos espacios, esa voz de negociación, ese discurso, esas demandas, esos intereses?, entonces surge la pregunta. 

La respuesta que tengo tiene que ver en parte con una práctica ultraliberal de los derechos humanos. Con el tiempo las organizaciones en México han ido perdiendo piso, cada vez más han dejado de ser organizaciones “de base” para llenarse de abogados recién egresados a quienes en las universidades les enseñaron a Kelsen en su versión más pura y, entre otras cosas, han logrado un importante divorcio entre los espacios de donde reciben un salario y las luchas, causas o personas que dicen representar. 

Otra parte tiene que ver con los recursos económicos con los cuales sobreviven: porcentaje importante de ellos proviene de financiadoras internacionales que tienen sus propias agendas e intereses. Casi siempre piden una separación política entre la organización que financian y los grupos que representan. Sin embargo, la despolitización de las causas sociales es una contradicción irreconciliable. 

Y finalmente apunto: la problemática  también está vinculada con la centralización de los recursos, de la accesibilidad y las redes, lo que muchas veces lleva a una intermediación hasta geográfica que genera una separación entre quienes representan y quienes dicen representar. 

 

Julia Álvarez Icaza Ramírez. Abogada de la UNAM con formación
en derechos humanos. 
Desde distintos espacios ha trabajado
temas de derechos económicos, sociales y culturales.
Actualmente investiga sobre justicia transicional,
reparación integral del daño y justicia restaurativa.

@Jualicra

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