El mes de junio no solo viste de arcoíris a las ciudades del mundo. Es un mes que nos recuerda que el orgullo de ser quienes somos es, también, un acto político. En cada bandera ondeada, en cada beso que rompe el miedo, en cada paso en la marcha, hay memoria, dignidad y lucha. Por eso, en México, no es menor que este fin de semana se haya realizado la quinta edición de la Marcha Lencha, ni que el próximo sábado miles volvamos a tomar las calles para la Marcha del Orgullo LGBT+. No es folclor, no es espectáculo: es la afirmación colectiva de que nuestras existencias disidentes no caben en el silencio ni en los márgenes.
En este contexto, resaltar el mes del orgullo es más importante que nunca. No podemos dar por hecho los avances conquistados. Hoy, los discursos de odio y las políticas de regresión amenazan derechos que costaron décadas de lucha. Basta con mirar lo que ocurre al norte de nuestra frontera para entender los riesgos. Estados Unidos, otrora símbolo —aunque contradictorio— de libertades civiles, vive una preocupante ola conservadora. Bajo el liderazgo de una ultraderecha, se han promovido en más de 20 estados leyes que prohíben hablar de diversidad en las escuelas, criminalizan a las personas trans en espacios deportivos, restringen su acceso a tratamientos médicos y se les ha limitado su reconocimiento legal de identidad de género. Y todo ello amparado en un discurso que demoniza el “género” como si fuera una ideología peligrosa y no un campo legítimo de disputa por los derechos y la justicia.
Donald Trump ha hecho de esta cruzada anti-género una bandera central de su campaña política. Su retórica violenta, misógina, racista y abiertamente LGBTfóbica no es casual ni aislada. Forma parte de una estrategia global que busca reinstaurar un orden autoritario que margina a quienes se salen de la norma heterosexual, blanca y masculina. Y aunque parezca que eso ocurre lejos, sus efectos ya se sienten en América Latina. El avance de discursos “anti-género” en países como Argentina, Brasil, Chile y México —donde sectores conservadores insisten en que educar en diversidad es “ideologizar a los niños”— son el reflejo de una batalla cultural de escala internacional.
Por eso, cada marcha importa. Cada lona que dice “aquí estamos y no nos vamos” es un acto de defensa de nuestros derechos. Cada evento de Orgullo en las alcaldías, en los parques, en los espacios públicos, es una oportunidad de construir comunidad, visibilizar realidades diversas y fortalecer la empatía colectiva. En este sentido, quienes ocupamos cargos públicos tenemos una responsabilidad mayor: garantizar que los espacios públicos sean seguros, diversos y accesibles para todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. No se trata solo de apoyar las marchas: se trata de construir políticas que atiendan las violencias estructurales, que reconozcan los derechos familiares, laborales, de salud y de vivienda de las personas LGBT+.
En la alcaldía Benito Juárez —territorio gobernado históricamente por una derecha conservadora— hemos impulsado este mes diversas actividades que buscan justo eso: abrir espacios donde antes hubo silencio. Cine con Orgullo, clases de baile para la comunidad LGBT+, murales, conversatorios y otras iniciativas han sido parte de un esfuerzo por decir, desde lo institucional y desde lo colectivo, que el orgullo también se vive en los barrios, en las colonias, en los parques.
Porque la lucha no es solo legal: es también simbólica. Y no hay símbolo más poderoso que la calle tomada por cuerpos que se saben libres y dignos. Frente a quienes quieren volver a meternos al clóset con leyes, con discursos, con prejuicios, respondemos con alegría organizada y memoria histórica.
Recordamos a quienes ya no están, celebramos a quienes resisten todos los días y seguimos caminando juntxs, por un mundo en el que vivir con orgullo no sea la excepción, sino la regla.
Nos vemos en la marcha.
