En su afán por desvirtuar y desgastar al movimiento de la 4T, la derecha mexicana ha encontrado en la gentrificación una bandera política que utiliza de forma cínica, superficial y descontextualizada. El término que describe el proceso por el cual barrios populares son transformados mediante la inversión inmobiliaria y la llegada de habitantes de mayores ingresos, provocando el desplazamiento de los sectores tradicionales esto ha sido tomado por ciertos sectores conservadores como un instrumento de ataque, no porque les preocupe el bienestar del Pueblo, sino porque han visto en este fenómeno un pretexto para erosionar la legitimidad del gobierno popular de Claudia Sheinbaum y de los gobiernos de izquierda en general.
La gentrificación es una expresión más del modelo neoliberal que mercantiliza el territorio, convierte las ciudades en mercancía y antepone la lógica del capital sobre el derecho al hábitat. Esta problemática no nació con la 4T. Fue alimentada por décadas de abandono institucional, corrupción inmobiliaria y políticas públicas diseñadas para el lucro de élites y empresas depredadoras. En cambio, es ahora cuando, por primera vez, se busca enfrentar con seriedad los desequilibrios urbanos heredados.
Resulta irónico que quienes durante años promovieron el despojo territorial, la privatización del espacio público, la especulación inmobiliaria y la exclusión social ahora finjan indignación frente a los efectos del modelo que ellos mismos impulsaron. Basta recordar cómo gobiernos neoliberales favorecieron el crecimiento descontrolado de megaproyectos urbanos, desalojaron comunidades enteras para dar paso a centros comerciales, corredores financieros o desarrollos turísticos de lujo, y relegaron a la periferia a millones de personas trabajadoras.
En ese sentido, la gentrificación no debe analizarse aislada del modelo económico que le da origen: el neoliberalismo. Es éste el que impuso la lógica del libre mercado en el desarrollo urbano, desplazando el enfoque del derecho a la ciudad por el de la rentabilidad. Así, barrios obreros y comunidades tradicionales se convirtieron en blanco del capital financiero e inmobiliario, transformando entornos culturales, desplazando identidades colectivas y rompiendo tejidos comunitarios.
Este gobierno de la 4T, desde su esencia, ha planteado un modelo diferente de ciudad: inclusivo, equitativo y con visión social. A diferencia del neoliberalismo urbano, que privilegia al inversionista por encima del habitante, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado políticas de vivienda social, recuperación de espacios públicos, fortalecimiento de las colonias populares y combate a la corrupción inmobiliaria. Proyectos como “Vivienda Incluyente” o los desarrollos habitacionales para trabajadoras y trabajadores del Estado son una muestra del esfuerzo por equilibrar el crecimiento urbano con justicia social.
Sin embargo, combatir la gentrificación no implica frenar el desarrollo, sino reorientarlo con visión social. Es falso el dilema que plantea la derecha entre desarrollo urbano y respeto a las comunidades. Lo que está en juego no es el progreso, sino quién lo disfruta y quién lo padece. Mientras los neoliberales defendían un modelo de ciudad para unos cuantos, desde la 4T se construye una ciudad para todas y todos, donde el crecimiento no implique exclusión, sino integración.
Es importante también destacar que los daños colaterales de la gentrificación son múltiples: desplazamiento forzado, aumento en el costo de vida, pérdida del patrimonio cultural inmaterial, disolución de redes comunitarias, y sobre todo, el quebranto del derecho humano a una vivienda digna. La lógica de expulsar a quien no puede pagar para dejar lugar a quien sí puede, es una expresión brutal de la desigualdad urbana.
No se niega la existencia de la gentrificación. Por el contrario, la reconoce como un problema estructural y lucha por combatirla desde una perspectiva integral: con regulación del suelo, programas de vivienda social, fortalecimiento del comercio popular, ordenamiento territorial con participación ciudadana y control democrático del desarrollo urbano. Lo que sí se denuncia es la hipocresía de aquellos que hoy se visten de defensores de los barrios populares, cuando ayer firmaban convenios con inmobiliarias para privatizar el espacio urbano.
La gentrificación no es el invento de un sexenio ni el producto de una administración local. Es la consecuencia lógica de un sistema económico que prioriza la ganancia por encima del bienestar. Pero hoy, se están sembrando las bases para un nuevo paradigma urbano: justo, inclusivo y con visión humanista.
