Por: José Antonio Munguía
Tanto el Presidente Andrés Manuel López Obrador como la Cuarta Transformación enfrentan continuas y diversas guerras que buscan corroer la administración federal y las decisiones políticas y económicas actuales, intentando generar una imagen negativa para frenar la continuidad de este proyecto alternativo de nación antineoliberal. Desde la guerra mediática hasta la guerra judicial, este gobierno afronta la embestida de grupos económicos que han perdido preferencias y negocios amasados durante el neoliberalismo, así como de capitales y empresarios nacionales y extranjeros, beneficiados con empresas antes nacionales o con contratos que augurarían dividendos exorbitantes, si hubiese continuado la política de saqueo. Es el ejemplo de los negocios inmobiliarios ocultos en el costosísimo aeropuerto de Texcoco y la política energética de Peña Nieto, o la privatización de la Seguridad Pública, de minerales y recursos naturales con Calderón.
Cuando hablamos de medios de comunicación, nos referimos a empresas de la información cuya finalidad es obtener ganancias o beneficios. López Obrador dice que tan solo entre 2001 y 2018, con los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, los medios de comunicación “recibieron por publicidad del Ejecutivo Federal 110,782 millones de pesos (sin considerar otros contratos de servicios, construcción, ventas o prebendas)”[1]. Las televisoras Televisa, TV Azteca y Grupo Imagen, los periódicos Reforma, El Universal y Milenio, y las radiodifusoras Grupo Fórmula y Grupo ACIR resultaron los medios más beneficiados. A nivel individual acaeció la misma situación, pues el periodista Joaquín López Doriga obtuvo más de 446 millones por contratos con los gobiernos, el escritor Enrique Krauze obtuvo casi 371 millones y Héctor Aguilar Camín cobró 166 millones de pesos. La lista es larga, en la que aparecen Federico Arreola, Beatriz Pagés, Oscar Mario Beteta, Callo de Hacha, Raymundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Jorge Fernández Menéndez, Adela Micha, Roberto Rock, Pablo Hiriart, Rafael Cardona, José Cárdenas, Daniel Moreno, Eunice Ortega, Paola Rojas, Ramón Alberto Garza, Salvador García Soto y Eduardo Ruiz Healy, todos críticos del actual gobierno federal y de su titular.
De esta manera, se entiende cómo es que las empresas de información, aunque sean diversos, actúan con prácticas monopólicas al difundir al unísono, noticias morbosas o simplemente falsas; pero también funcionan como caja de resonancia de los grupos económicos contrarios a la 4T, como los empresarios Claudio X. González (quien ha juntado al PRI, PAN y PRD en una sola fuerza política llamada “Va por México”) y Gustavo de Hoyos (Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana), así como de opositores reaccionarios de derecha, como el pro fascista Gilberto Lozano (dirigente del Frente Nacional Anti-AMLO) y del ultraderechista Ricardo Anaya (promotor directo en el Congreso de la Reforma Energética de Peña Nieto).
A esto sumemos la guerra judicial que muchos de estos personajes promueven y reproducen, es decir, la permanente judicialización de la política federal. Es conocida la lluvia de amparos impulsados por empresarios, medios de comunicación y algunas organizaciones sociales legítimas como respuesta a proyectos federales como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y del Tren Maya. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la política neoliberal se cubrió administrativamente, pues creó organismos autónomos constitucionales que no dependen del Legislativo, Ejecutivo o Judicial; aunque la Administración Pública Federal depende del Legislativo, estos organismos constitucionales cumplen funciones estatales, pero no rinden cuentas a ningún poder más que el económico. Durante este gobierno los organismos autónomos han judicializado decisiones del Ejecutivo al interponer controversias constitucionales (juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre poderes[2]) logrando frenar y obstruir el avance pleno del proyecto actual.
Es el caso del INE y el Tribunal Electoral) que, en las elecciones de junio pasado, jugaron del lado del “Va por México” al quitarle registro y sancionar a precandidatos del Morena; por su parte, el INEGI impugnó su inclusión como una de las dependencias responsables del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024 (decreto presidencial realizado en junio), concedida por un ministro de la Suprema Corte de Justicia por posible violación de su autonomía. Con la modificación de la Ley Federal de Telecomunicaciones en abril pasado, que creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpusieron acciones constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia bajo el argumento de violar la libertad de expresión y la privacidad de la ciudadanía. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se ha mostrado reticente a la política soberana energética y se ha puesto en contra de Pemex y CFE y de la Ley de la Industria Eléctrica (de este marzo) al interponer controversias constitucionales, además de recomendarle al Congreso de la Unión no aprobar dicha ley pues lesionaría la competencia en generación, suministro y comercialización eléctrica, acusando de monopolios a estas empresas productivas del Estado.
Las guerras mediática y judicial que impulsan generalmente los sectores conservadores, corruptos y reaccionarios tienen en el poder Judicial (no electo democráticamente) un aliado natural. Esta estrategia de la oligarquía se conoce como ‘lawfare’, forma de guerra híbrida, y tiene por objetivo la eliminación de dirigentes, políticos en el poder, proyectos progresistas y alternativos al neoliberalismo. Aunque estas guerras parezcan desvinculadas una de otra, los medios de comunicación son importantes en la generación y difusión de ideas, opiniones y formas de explicar la realidad social, como escribiría Carlos Marx “las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante”, creando narrativas que justifiquen las acciones golpistas de la burguesía.
Por ello, es necesario dar la batalla de las ideas y lograr organización social que respalde la política nacionalista y soberana del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
[1] Andrés Manuel López Obrador (2021), A la mitad del camino. Ciudad de México, Editorial Planeta.
[2]http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=57#:~:text=Es%20un%20juicio%20que%20se,la%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%2C%20por
@Don_Jochevez
Economista por la BUAP, militante del Movimiento Estudiantil Espartaco de Puebla. Obradorista de base.
