El pasado 30 de septiembre del año en curso el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia energética en la que plantea la modificación de los artículos 25, 26 y 27. A raíz de eso, la discusión de la política nacional se ha centrado en la nacionalización del litio y la industria eléctrica, en la que la oposición conservadora ha emprendido una campaña de mentiras. En este artículo abordaremos dos de ellas: 1) Andrés Manuel plantea un monopolio de la industria eléctrica, y 2) López Obrador le apuesta a la generación de energías altamente contaminantes.
Es necesario iniciar con que debido a la pandemia mundial se entró a una crisis en la producción de energías y se evidenciaron las flaquezas de seguridad y soberanía energética de las naciones. Afortunadamente, México es uno de los pocos países que cuenta con una empresa estatal de producción eléctrica por lo que se ha podido garantizar el suministro básico a todo el país. Parte del panorama nacional también es la situación de desequilibrio energético producto de la reforma neoliberal de Enrique Peña Nieto en 2013, en la cual se sometió por 20 años a la CFE a un esclavismo eléctrico con el sector privado. Esta es la razón por la que surge esta propuesta de ordenamiento energético en beneficio del país.
El primer mito se relaciona con el vínculo que tendrá el Estado y el sector privado para la generación de electricidad. Por un lado, la derecha dice que la Cuarta Transformación está amedrentando el libre mercado al plantear un monopolio y, por tanto, espantando las inversiones en el ramo. Pero lo que no dicen los neoliberales es que condenaron a una sumisión a la CFE al obligarla a comprar por 20 años la producción eléctrica de empresas privadas con precios de garantía y absorbiendo los costos de transmisión, comercialización y servicios básicos de la industria. Esto le resulta muy caro al país y detona una dependencia de la producción de energía, al orillar a la disminución de la producción de las centrales de CFE.
Esta situación desigual, en detrimento de CFE, generó un mercado paralelo y exclusivo para las grandes empresas como Oxxo, Walmart y Bimbo, que pagan un precio de $1.8 por kwh, mientras que un hogar sin subsidio tiene una tarifa de $5.2 por kwh, una tienda de abarrotes, $3.1 y un hogar de clase media $2.3.
En consecuencia, la reforma energética plantea un ordenamiento en el que la CFE regrese a ser un organismo del Estado para mejorar la productividad, que no absorba los gastos del sector privado y que esté a cargo de producción eléctrica en un 54% (en tanto que los privados de 46%) para garantizar la seguridad energética. Por el diseño del sistema del 2013, hoy el 62% está bajo los generadores privados y CFE solo el 38%, vulnerando así nuestra soberanía.
El segundo mito es sobre la producción de energías. La derecha acusa sin fundamento a la CFE, cuando es la empresa que más produce energía limpia y barata en el país. La CFE cuenta con 191 centrales eléctricas, de las cuales 69 son de energías limpias. Sin duda, se busca una transición en la generación de energía hacia aquella que tenga el menor impacto ambiental y, para hacerlo posible, vamos al ritmo de los avances tecnológicos. De igual forma, es necesario dejar de subutilizar nuestras presas hidroeléctricas. En otras palabras, lo que busca la reforma en una primera etapa es asegurar la autosuficiencia energética para transitar de manera ordenada y planificada hacia otras formas de obtención de energía.
Como ejemplo podemos situarnos en febrero pasado cuando, debido a las contingencias climatológicas, los ductos de gas no pudieron suministrar las cantidades necesarias, lo que provocó un alza en los costos de la molécula de gas al pasar de 3 dólares a 900 dólares. Bajo esta emergencia nacional, 22 centrales del sector privado salieron del marcado por no ser rentable la producción de luz, dejando a CFE sola para evitar el desabasto eléctrico en medio de la pandemia y crisis económica mundial. Hablamos de evitar la dependencia energética de los intereses del mercado que priorizan las ganancias, el lucro y el despojo sobre los derechos del Pueblo. Por tanto, esta emergencia permitió demostrar la capacidad de CFE y la necesidad de fortalecer al país con una reforma constitucional.
Ante las opiniones de la oposición conservadora sobre la supuesta falta de dinero, ciencia y tecnológica para la autosuficiencia energética, a lo mismo se enfrentó Lázaro Cárdenas del Rio cuando decretó la expropiación petrolera. Gracias a su visión de futuro, tenemos una bonanza 80 años que ha significado creación de escuelas, carreteras, hospitales y la palanca de desarrollo del país. Hoy, veo en el Presidente Obrador la misma claridad en relación con la propuesta energética y colocar las empresas del Estado al servicio de la Patria.
En síntesis, la Cuarta Transformación busca erradicar la corrupción y los privilegios que legalizaron los gobiernos entreguistas.
