Otra de las herencias que nos dejaron los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN en nuestro país, fue y ha sido el permitir el involucramiento y la mezcla entre los grupos del crimen organizado con la política y las cuestiones de Estado.
La descomposición social, política e institucional que se dio en las últimas tres décadas, acompañada del abandono, pobreza y muerte, es el reflejo de la pasada clase gobernante, carente de valores y obsesionada únicamente con obtener el poder por el poder, con beneficiarse personalmente y con acumular riquezas a costa de la marginación de la mayoría de la población.
Gobiernos corruptos en el pasado neoliberal han beneficiado y fortalecido específicamente a distintos grupos del crimen organizado, creando un círculo vicioso, para que estos les regresen el favor financiando sus campañas políticas e incluso beneficiándose de manera directa de las actividades ilícitas de los grupos de los cuales forman parte.
El caso de la FGR en contra del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, no es solo la respuesta de las autoridades mexicanas y la Cuarta Transformación a la figura del gobernador corrupto ‒o lo que pudiera representar en lo individual como político o persona‒, sino que es la respuesta clara y contundente que pone fin al pacto de impunidad que permitió que el crimen organizado tomara el control de las instituciones en México.
Además, la 4T no solo combate judicialmente a estos personajes y grupos, sino que centra su actuar en ir a la raíz del problema, en brindar oportunidades a la mayoría de la gente para que no tenga que recurrir a las conductas antisociales para ganarse la vida y en atender las causas, mismas que paradójicamente son el efecto de la alianza del Estado con el crimen organizado.
