Usualmente las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentan su informe en las instalaciones de la corte, a puerta cerrada, todo controlado por una lista, donde solo podemos ver los nombres de integrantes de la burocracia dorada del Poder Judicial, así como altos funcionarios del gobierno federal.
El día 9 de diciembre, la Ministra Lenia Batres Guadarrama, o como le dicen la gente popularmente, “la ministra del Pueblo” hizo homenaje su mote popular, pues rindió su primer informe de labores jurisdiccionales como ministra de la SCJN al Pueblo; rompiendo las solemnidades y formalismos del pasado; a este evento acudieron líderes sociales, representantes populares, jueces, magistrados de diversas partes del país, fueron jóvenes y se transmitió a través de sus redes sociales; todo esto con el objetivo de promover la rendición de cuentas y la democratización del Poder Judicial.
En su informe la ministra dio a conocer las principales acciones tomadas durante su gestión, dividiéndolas en tres rubros con el objetivo de potencializar la justicia social, la austeridad y la transparencia y democracia.
A diferencia de lo que muchos detractores aseguran, la ponencia de la ministra es una de las más productivas, pues se analizaron y votaron 1839; en el Pleno y en la Segunda sala; respecto el primero fueron 179, recordemos que no todos los asuntos son discutidos en pleno, y respecto la sala fueron 1660 asuntos.
En el pasado la ministra en otros espacios había hecho hincapié en los temas que llegaban a la corte, destacando que prácticamente parecía una corte fiscal, pues se encargaba de resolver en su mayoría asuntos de tipo tributario como condonaciones y disminuciones de pago de impuestos. Entre los asuntos de mayor relevancia y donde evidentemente participó la ministra —por su impacto social— destacó el reconocimiento de validez de la Ley General sobre Control de Tabaco impugnada por casinos, sentencia en la cual se determinó la preeminencia del derecho a la salud por encima de la libertad de comercio; el derecho al reconocimiento de derecho de concubinato para pensiones por viudez, el otorgamiento de licencias laborales para padres y madres con hijos con enfermedades graves que ameriten cuidados paliativos; el otorgamiento de pensión a un extrabajador de la Ruta 100, el reconocimiento expreso de que las mujeres sí pueden ser sucesoras de derechos ejidales.
Como vimos, muchos proyectos de la ponencia de la ministra Batres, tuvieron impactos sociales en materia ejidal, seguridad social, género, reconocimientos laborales entre otros.
El segundo punto expuesto en el informe fue la austeridad
La austeridad es un sello patentado por la Cuarta Transformación, no podemos tener Pueblo pobre con gobierno rico. Esta premisa o principio humanista es llevado a la corte. Por lo anterior, la ministra del Pueblo por convicción, ha ajustado su remuneración y devuelto a la tesorería de la federación más de 1 millón de pesos, exactamente ha regresado 1 millón 377, 271 pesos en efectivo, agregando que no ha recibido las prestaciones que ascienden a 1 millón 761, 944 pesos. La ministra del Pueblo nos ha ahorrado al Pueblo de México 3 millones 149 mil 215 pesos.
Lo mismo se replica con sus colaboradores, quienes no han recibido bonos y ninguno supera los límites constitucionales, igualmente ninguno recibe seguro de gastos médicos mayores ni seguro de separación individualizada. Todo lo anterior, representa un ahorro de 7 millones 764,853 pesos. En total, toda la ponencia arroja un ahorro de casi 11 millones de pesos anuales; cantidad que podría estar viviendo dos familias de cuatro integrantes toda su vida. Igualmente, con esa cantidad se podría cubrir las pensiones de 303 personas adultas durante un año. Imagínense si esto re replicará en las 10 ponencias restantes.
En su informe la ministra señaló lo siguiente: “Actualmente, 2,377 personas funcionarias del Poder Judicial superan el tope máximo de remuneraciones dispuesto por el artículo 127 constitucional. En total exceden en 2,167 millones 352,603 pesos el límite constitucional”.
Y, por último —aunque no menos importante—, el papel que juega la transparencia en la democratización del poder judicial dio a conocer que difundió notas sobre sus proyectos, ha participado en entrevistas para diversos medios tanto convencionales como digitales. Ha promovido y buscado que las sesiones del pleno de la corte actúen con transparencia y mediante sesiones públicas en las salas, pues aquí se resuelven el 95% de los asuntos de la SCJN.
Reconoce una vez más su simpatía y promoción respecto la reforma al poder judicial señalando lo siguiente: Mis actos en la Corte no son personales ni privados, buscan responder a los principios constitucionales de equidad, imparcialidad, justicia social, beneficio y constante mejoramiento económico, social y cultural del Pueblo. El interés público y social, la soberanía, la rectoría del Estado.
Finalmente hizo un llamado al Pueblo, señalando el reto que tenemos, pues los detractores, oportunidad buscarán que el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros fracase, pues buscarán recuperar sus privilegios. Nos recordó a Juárez, Heriberto Jara para mantener y asegurar el proceso que viene, así como asegurar que este proceso no tendrá marcha atrás.
La rendición de cuentas de cualquier funcionario público es fundamental, sobre todo de secretarios de Estado, gobernadores, Presidente de la república, jueces, magistrados y ministros, deben dar cuentas al Pueblo de México y recordar lo que la ministra Lenia Batres dijo e su informe; sus actos no son privados ni personales, por eso deben rendir su informe correspondiente.
