La iniciativa presentada por la diputada Beatriz Mojica Morga el pasado 9 de noviembre ante el Congreso del Estado de Guerrero, sobre la creación del Registro Público de Agresores Sexuales en la entidad, cumple plenamente con los compromisos internacionales y con los fines del Estado mexicano de proteger y salvaguardar a la ciudadanía, sobre todo, a los sectores más desprotegidos, en este caso, niñas, niños y adolescentes quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. De aprobarse, Guerrero se colocaría en la vanguardia junto a Jalisco, Michoacán, Baja California y la CDMX, entidades que ya cuentan con dicho instrumento que sirve al propósito de tener información para prevenir las agresiones en contra de menores.
Según datos de la Secretaría de Gobernación, en Guerrero se concentra el 13 por ciento de las niñas que han sido abusadas por sus familiares en el país, lo cual pone a la entidad en tercer lugar a nivel nacional con el mayor porcentaje de niñas que han sido abusadas, violadas o agredidas sexualmente. En México, 8 de cada 10 niños abusados son del sexo femenino y dos masculinos, lo que quiere decir que nos niños no están exentos del abuso sexual, aunque como siempre las mujeres son más propensas a esta situación.
En cuanto al perfil de estos agresores, de acuerdo con el maestro e investigador Héctor Hugo Rocha Gómez suelen ser personas conocidas, de confianza, e incluso admiradas por la comunidad y por su labor profesional, religiosa y/o altruista, son reconocidas por las familias por sus cualidades personales. La mayoría de las personas abusadoras son hombres, pero un porcentaje mínimo (menos del 5%) son mujeres.
Hay que prestar atención a quiénes son las personas abusadoras, pues se tiene la creencia de que son ajenos al ambiente donde vive y conviven las niñas y niños; sin embargo, en la mayoría de los casos son familiares, amistades de familiares, educadores, vecinos (as), cuidadores (as) o compañeros y compañeras de actividades diversas deportivas, culturales o recreativas; sin importar su clase o condición social, pueden vivir en un medio urbano o rural, tener cualquier nivel educativo, profesión o actividad, religión, orientación sexual o cualquier estado civil.
Ante este panorama, se tiene que privilegiar el interés superior de la niñez, que se encuentra consagrado en La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), y que reconoce su carácter de titulares de derechos; así como la Ley 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Guerrero.
De acuerdo con el propio cuerpo de la iniciativa: “…El instrumento que se plantea: Registro público de agresores sexuales en el Estado de Guerrero, tendrá múltiples efectos no solo para las víctimas que los conozcan que sepan quiénes son, es también para la sociedad porque bien entendido es que los delitos no solo afectan a la persona en la que recae, sino que al ser conductas antisociales, antijurídicas afectan a toda la colectividad por el riesgo, por el atentado en contra de los bienes superiores que se encuentran considerados en los diferentes delitos o figuras sancionables, máxime que estamos ante la seguridad de niñas, niños y adolescentes.”
Tal y como lo argumentó la Diputada Beatriz Mojica Morga, se torna trascendental dicho Registro, ya que se convertirá en un mecanismo de prevención y protección a favor de menores víctimas de la violencia sexual, atendiendo los riesgos de reincidencia y que las conductas de violencia sexual no se repitan contra niñas, niños y adolescentes.
