Por: Frank Aguirre
Durante décadas, el sistema de salud mexicano fue un mosaico fragmentado. IMSS para unos, ISSSTE para otros, sistemas estatales por separado y millones de personas fuera de cualquier cobertura efectiva. El acceso a la salud dependía más del tipo de empleo que del derecho a la vida. Esa lógica empieza a cambiar.
El gobierno federal inició este año la implementación de la Credencial Universal de Salud, un instrumento que busca integrar el sistema público para que cualquier persona pueda recibir atención médica independientemente de la institución a la que históricamente haya estado afiliada. En términos simples: una sola puerta de entrada al sistema público de salud.
La credencial permitirá que los pacientes puedan atenderse en distintas instituciones —IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar e institutos públicos— y que su información médica pueda consultarse de manera digital, evitando trámites innecesarios, duplicidad de registros y barreras burocráticas.
Pero hay un dato que desde Baja California Sur no debería pasar desapercibido. Nuestro estado forma parte de la primera etapa de implementación nacional, junto con otras entidades donde el modelo de salud pública ya está avanzando hacia la integración del sistema.ç
Para quienes vivimos en la península, esto tiene una relevancia especial. Baja California Sur es un estado con particularidades geográficas evidentes: distancias largas, comunidades alejadas, población dispersa y una fuerte presión sobre los servicios médicos por el crecimiento urbano y turístico. En ese contexto, la coordinación entre instituciones no es un lujo administrativo: es una necesidad sanitaria.
Desde la práctica médica se entiende con claridad. Cuando un paciente llega a consulta, lo importante no es si su expediente está en un sistema o en otro. Lo importante es que reciba atención oportuna, diagnóstico adecuado y continuidad en su tratamiento.
La fragmentación institucional, durante años, convirtió ese principio básico en una carrera de obstáculos para millones de personas. Por eso la credencial universal no es sólo “un documento”. Es parte de un intento por avanzar hacia algo que muchos países ya consideran un estándar mínimo: un sistema de salud público verdaderamente universal.
Por supuesto, ningún proceso de transformación está exento de retos. Integrar instituciones con décadas de funcionamiento independiente no será sencillo. Habrá desafíos técnicos, administrativos y operativos.
Pero también hay algo que conviene recordar. Durante años se repitió que el sistema público mexicano era incapaz de transformarse. Que la universalidad era un ideal imposible y que la única alternativa era el mercado privado.
Hoy, con todos los desafíos que implica, se intenta recorrer el camino contrario. Desde Baja California Sur —donde esta primera etapa ya comienza a desplegarse— vale la pena observar el proceso con atención, pero también con perspectiva histórica. Porque cuando un país decide que la salud es un derecho y no un privilegio, no sólo está reorganizando su sistema médico. Está tomando una decisión política profunda.
Y en tiempos donde la soberanía suele discutirse en términos energéticos o comerciales, conviene recordar algo más sencillo:
La salud también es soberanía.
