Oaxaca es uno de los estados del país en donde se registra el mayor número de linchamientos desde hace 25 años, como lo reveló un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.
Apenas la semana pasada, un presunto ladrón fue asesinado a pedradas por un grupo de vecinos enardecidos en la agencia de Trinidad de Viguera, perteneciente a la ciudad de Oaxaca.
El estudio del Senado, titulado “Linchamientos en México”, elaborado por Juan Pablo Aguirre Quezada, refiere que la justicia por propia mano está asociada a los siguientes delitos: 50 por ciento por robo; 16.2 por ciento por atropellamiento y otros accidentes viales; mientras que entre 6 y 7 por ciento por denuncias de violación, asesinato o secuestro.
Este acto de justicia por propia mano se suma a más de 60 casos documentados en los últimos 25 años que ocurrieron en Oaxaca, de acuerdo con un informe publicado en junio por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En dicho documento se emiten recomendaciones tanto a autoridades federales como estatales, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y al gobernador Alejandro Murat, por las violaciones graves a derechos humanos y las acciones violentas que derivaron en el linchamiento.
En el informe de 99 páginas, la CNDH detalla que en 25 años, de 1988 a septiembre de 2017, Oaxaca ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con el mayor número de linchamientos y tentativas, con 60 casos, sólo después del Estado de México, Puebla y la Ciudad de México.
La CNDH reconoció que es poca la información oficial sobre linchamientos y que son los medios de comunicación los que los registran.
En 2020, por ejemplo, la asociación Causa en Común realizó un conteo de notas periodísticas nacionales y estatales. Este estudio mostró que en el primer semestre de ese año Oaxaca registró 10 intentos de linchamiento, seguido por Puebla con nueve; en un caso más la víctima falleció al no poder detener el linchamiento en Oaxaca, mientras que en Puebla se concretaron tres linchamientos.
“Los linchamientos son producto de falta de acción de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de una acusación popular, la cual puede ser cierta o falsa en perjuicio de acusados que no son puestos a disposición de las autoridades”, cita el estudio del Instituto Belisario Domínguez.
