La opulencia inmobiliaria del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, sigue bajo la lupa tras nuevas revelaciones. Apenas meses después de ser señalado por recibir un terreno de 17.6 hectáreas en San Pedro, valorado en 700 millones de pesos, ahora emerge su adquisición de un rancho de 700 hectáreas en Burgos, Tamaulipas, con un costo comercial estimado en 800 millones.
Ambos predios, gestionados a través de la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles, exponen un patrón preocupante de acumulación de propiedades vinculadas a operaciones poco transparentes. Además, las empresas familiares de García han crecido significativamente desde que asumió el cargo de mandatario estatal.
Recientes denuncias documentan cómo García, mediante fideicomisos y notarías de confianza, formalizó la adquisición del rancho, originalmente propiedad de la familia Garza Treviño, vinculada a constructores proveedores del estado. Este predio, que incluye represas, alberca, helipuerto y construcciones lujosas, apunta a un proyecto de rancho cinegético con fines lucrativos.
Testimonios locales aseguran que el mandatario visita frecuentemente el lugar, escoltado por Fuerza Civil, mientras restringe el acceso y documentación del área. Estas adquisiciones no solo evidencian posibles conflictos de interés, sino que también destacan un uso dudoso de recursos y conexiones políticas.
Samuel García ha justificado previamente la recepción de propiedades como pagos por servicios legales, una narrativa que genera escepticismo ante el crecimiento de su fortuna inmobiliaria. ¿Es esta expansión un reflejo de sus méritos empresariales o de un aprovechamiento del poder? La respuesta sigue siendo una incómoda interrogante para su administración.
