Los empresarios Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez fueron vinculados a proceso junto con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación federal, ambos hermanos formaban parte de la estructura empresarial que, presuntamente, facilitó la importación, almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de combustibles mediante diversas sociedades mercantiles, cuyo eje central era la empresa Ingemar S.A. de C.V.
La vinculación a proceso fue confirmada el 23 de julio, luego de que un juez federal considerara que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal contra ocho personas señaladas por delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y operaciones ilícitas con hidrocarburos.
Según la FGR, los hermanos Thompson participaron en la conformación y operación de empresas como Servicios Portuarios S.A. de C.V. y Dragados y Puertos S. de R.L. de C.V., las cuales ampliaron su objeto social en años recientes para realizar actividades vinculadas al almacenamiento, transporte y comercialización de petrolíferos.
La investigación también señala que Ingemar S.A. de C.V., constituida en 2018, fungía como la empresa central del presunto esquema. En noviembre de 2021, Ernesto Ruffo Appel ingresó como accionista de la compañía, adquirió 30 mil acciones y fue nombrado secretario del Consejo de Administración.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que la empresa obtuvo en 2023 permisos de importación de hasta 500 millones de litros de combustibles, un volumen significativamente superior al autorizado para otras compañías del sector. Posteriormente, las autoridades detectaron presuntas irregularidades en los reportes aduanales relacionados con esas operaciones.
Por su parte, Ricardo Thompson Navarro rechazó las acusaciones y aseguró que fue desplazado de Ingemar en 2021 por Ernesto Ruffo y José Merino Valdez Cuervo, por lo que pidió investigar las operaciones realizadas con posterioridad. No obstante, la FGR afirma que los registros mercantiles muestran que continuó como socio de la empresa.
La autoridad sostiene que tanto Ricardo Thompson Navarro como Ricardo Thompson Ramírez tuvieron responsabilidad dentro de la estructura corporativa que presuntamente permitió la introducción ilegal de hidrocarburos al país y la evasión de contribuciones fiscales. El proceso judicial continuará mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.
