Durante mucho tiempo, en México hablar de la infancia fue, en el mejor de los casos, un recurso discursivo. Se les mencionaba en campañas, se les evocaba en informes, pero en la práctica, millones de niñas y niños crecían entre carencias, desigualdades y abandono institucional. La niñez era vista como una etapa pasajera, no como una prioridad del Estado.
Hoy, esa visión está cambiando. La Cuarta Transformación ha colocado en el centro de la vida pública un principio fundamental, ‘‘no puede haber futuro sin presente digno para las infancias’’. Atender a niñas, niños y adolescentes no es una concesión ni un acto asistencial, es una obligación ética, constitucional y profundamente humanista.
Garantizar sus derechos implica mucho más que buenas intenciones. Significa asegurar acceso a salud, educación, alimentación, cultura, espacios seguros y condiciones materiales que les permitan desarrollarse plenamente. Significa entender que cada derecho vulnerado en la infancia es una deuda que el país arrastra hacia su propio futuro.
Hoy, las políticas públicas ya no ven a las niñas y los niños como sujetos pasivos, sino como personas titulares de derechos. Programas sociales, estrategias de salud, ampliación de la cobertura educativa y recuperación de espacios públicos forman parte de una misma lógica, construir entornos donde crecer no sea un riesgo, sino una oportunidad.
La apuesta de los gobiernos transformadores es clara. Invertir en la infancia no es un gasto, es la decisión más inteligente que puede tomar un país. Porque ahí se forman los cimientos de una sociedad más justa, equitativa y consciente. Ahí se construyen ciudadanos libres, críticos y con herramientas para transformar su realidad.
Desde el inicio de este proceso de transformación, encabezado en su momento por Andrés Manuel López Obrador y hoy consolidado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se ha entendido que el bienestar no puede medirse únicamente en indicadores económicos. El verdadero desarrollo se refleja en la vida cotidiana de las personas, especialmente en quienes más necesitan del acompañamiento del Estado. Las infancias, sin duda, están entre ellas. Porque durante décadas se normalizó lo inaceptable, trabajo infantil, deserción escolar, violencia, desnutrición y falta de acceso a servicios básicos. Se dejó a millones atrás con la idea de que el mercado, por sí solo, resolvería lo que claramente no resolvió.
Hoy se está construyendo otra ruta. Una donde el Estado asume su responsabilidad, donde las políticas públicas llegan a territorio, donde se prioriza a quienes históricamente fueron olvidados. Una ruta donde las niñas y los niños no son invisibles.
Pero también es importante decirlo con claridad, atender a la infancia no es solo tarea del gobierno. Es una responsabilidad colectiva. Implica transformar entornos familiares, fortalecer comunidades, erradicar la violencia y garantizar que cada niña y cada niño crezca en un espacio donde se sienta seguro, escuchado y valorado. Implica, también, dejar de ver sus derechos como algo negociable.
Hablar de derechos de la infancia es hablar de lo más básico, el derecho a vivir, a aprender, a jugar, a soñar. Es hablar de dignidad. Y en esa dimensión, la transformación en curso marca un punto de quiebre.
Mientras algunos siguen anclados en la crítica fácil o en la descalificación sistemática, lo cierto es que hoy existe una política pública que reconoce la importancia de intervenir desde la raíz. Que entiende que no hay seguridad posible sin oportunidades. Que no hay desarrollo sostenible sin justicia social desde la infancia.
Porque el país que queremos no se construye en el futuro. Se construye hoy, en cada escuela, en cada centro de salud, en cada espacio público recuperado, en cada política que pone en el centro a quienes habrán de heredar esta nación.
Las niñas y los niños no son el futuro. Son el presente más urgente, y garantizar sus derechos no es una opción. Es el único camino posible para transformar de fondo a México.
