Con la presentación de la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado una decisión que no es sencilla ni evidente: abrir la evaluación de la fractura hidráulica como herramienta para reducir la dependencia gasífera de México. El giro merece una lectura que vaya más allá de la polémica inmediata, porque lo que está en juego no es una técnica de extracción: es el tipo de soberanía energética que México quiere construir.
Los datos son contundentes. México importa el 75 por ciento del gas natural que consume, casi todo desde Texas. En un contexto donde el estrecho de Ormuz lleva semanas cerrado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, y los precios del crudo Brent han superado los 110 dólares por barril, esa dependencia es una vulnerabilidad estratégica.
El mundo acaba de comprobar, con la mayor interrupción de suministro petrolero registrada en la historia, que depender de un solo punto de paso para la energía puede desestabilizar economías enteras. México no depende del estrecho de Ormuz, pero sí depende de un solo país para tres cuartas partes de un recurso que alimenta su industria, genera su electricidad y sostiene la vida cotidiana de millones de familias. La lección es directa y no admite postergación.
En ese contexto, la decisión de Sheinbaum es una evolución pragmática como parte de una visión de soberanía centrada en el fortalecimiento de Pemex y el rechazo a métodos que, en su forma convencional, generan riesgos ambientales documentados. Esa postura tenía sentido ético y político. Pero la soberanía no se construye una sola vez ni con una sola decisión; se adapta a las condiciones del mundo.
Lo que distingue a la nueva estrategia es que no abandona la preocupación ambiental: la condiciona. La administración ha diferenciado entre el fracking convencional y las tecnologías de fractura horizontal que emplean sustancias biodegradables y procesos de menor impacto hídrico. Ha anunciado un Comité Técnico de científicos y especialistas en manejo de agua, geología, explotación sustentable y medio ambiente, que deberá presentar sus recomendaciones el 15 de abril. Y ha planteado la meta de duplicar la producción nacional de gas, de 2.3 mil millones a 5.8 mil millones de pies cúbicos diarios, combinando yacimientos convencionales, renovables y eficiencia energética.
La pregunta que México debe hacerse es si el país tiene la capacidad institucional para evaluar, regular y supervisar la extracción de sus propios recursos con rigor científico y estándares ambientales claros.
Noruega ofrece un espejo útil. Es el mayor productor de petróleo y gas de Europa, ocupa el primer lugar en el Índice de Desarrollo Humano y mantiene uno de los desempeños ambientales más altos del mundo. No lo logró renunciando a sus hidrocarburos, sino gestionándolos con visión de largo plazo, instituciones técnicas robustas, disciplina fiscal y un consenso social que entiende los recursos fósiles como medio de financiamiento para la transición, no como fin en sí mismos. El Estado noruego mantiene el control de las licencias de explotación, participa directamente en empresas como Equinor y ha creado el fondo soberano más grande del mundo con los ingresos petroleros, invirtiendo menos del 3 por ciento anual para garantizar sostenibilidad intergeneracional.
México no necesita contextualizar su lección central: la extracción de recursos naturales puede ser un instrumento de desarrollo, justicia social y transición energética cuando se acompaña de rectoría pública, transparencia, regulación ambiental estricta y rendición de cuentas. Sin esas condiciones, cualquier estrategia extractiva se convierte en riesgo. Con ellas, se convierte en palanca de soberanía.
Por eso, el Comité Técnico que se presentará la próxima semana es mucho más que un trámite. Es la prueba de fuego de esta estrategia. Si sus integrantes son científicos independientes, si su mandato incluye la evaluación transparente de riesgos hídricos y geológicos, si sus recomendaciones son públicas y vinculantes, entonces México estará dando un paso hacia una soberanía energética madura: una que no rechaza la tecnología por reflejo, ni la adopta por inercia, sino que la evalúa con la seriedad que merece el agua, el territorio y el futuro de las comunidades donde se aplicará.
La estrategia también plantea elevar la generación renovable del 24 al 38 por ciento para 2030, aprovechando el recurso solar con el que México es privilegiado. Esa combinación (gas propio con regulación ambiental, renovables en expansión, eficiencia en el consumo) es la arquitectura de una política energética que piensa en términos de país y no de ciclos políticos.
México tiene los recursos, tiene la demanda y tiene ahora una estrategia. Lo que necesita demostrar es que también tiene la arquitectura institucional para hacerlo bien. Ese es el verdadero desafío: no extraer gas, sino extraerlo con visión de país, con ciencia y con responsabilidad compartida.
