El Presidente López Obrador, junto a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó un informe en el que se exhibió a 33 jueces y magistrados que, en los últimos dos años, han liberado a presuntos delincuentes durante los fines de semana, han negado órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) o han retrasado la justicia.
Rodríguez señaló que estos casos son representativos de la falta de justicia y de la lentitud en los procesos judiciales, conocidos popularmente como «sabadazos». La funcionaria destacó que, debido a la indolencia de los jueces, hay 24 mil personas en procesos penales sin sentencia, de las cuales 999 llevan más de 15 años esperando su juicio. Además, en el sistema acusatorio, 4 mil 520 procesados llevan más de un año sin sentencia, lo que incumple el artículo 20 constitucional.
El informe también subraya que la dilación en la emisión de sentencias afecta las obras prioritarias del Gobierno de la Cuarta Transformación. Se mencionó que cerca de 500 casos de suspensiones en amparos han retrasado proyectos clave para el desarrollo del país.
Entre los jueces mencionados se encuentra el juez quinto de distrito de procesos penales federales del Estado de México, quien en enero negó una orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen, señalado como probable segundo tirador en el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
Otro caso es el del juez de Tlalnepantla, Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien absolvió a Alejandro N, acusado de agredir sexualmente a una niña de 4 años. Esta resolución fue revocada en mayo por magistradas del segundo tribunal de alzada de Tlalnepantla.
También se mencionó a los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito de la Ciudad de México, quienes concedieron prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República, acusado de delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Otros jueces destacados incluyen a Juan Pedro Contreras Navarro, quien otorgó prisión domiciliaria a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y a Angélica del Carmen Ortuño Suárez, quien concedió el mismo beneficio al ex gobernador de Puebla, Mario Marín.
