Salomón Jara y Morena lamentan fallecimiento de presidenta municipal de Loma Bonita
«Con profunda pena nos enteramos del fallecimiento de la presidenta municipal de Loma Bonita, la Maestra Denisse Reyes Córdoba», escribió en sus redes sociales el gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien lamentó el acontecimiento informado este lunes. «Expresamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colaboradores, así como a toda la comunidad de este municipio. DEP», añadió. La edil quien presuntamente habría fallecido de un paro respiratorio, en la ciudad de Oaxaca, tomó posesión del cargo apenas en febrero pasado, luego de la muerte del edil Felipe Reyes Álvarez, de quien era hermana y suplente. Por su parte, Benjamín Viveros, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca, se sumó a las condolencias ofrecidas a la familia de la joven política. «Descanse en paz, Denisse Reyes Córdoba, quien en vida fuera la Presidenta Municipal de Loma Bonita. Mi más sentido pésame a toda su familia y seres queridos».
Buscan depurar a Poder Judicial en Oaxaca, para erradicar vicios y quitar “perpetuidad” de Magistrados
La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso Local de Oaxaca presentó una iniciativa de reforma constitucional para iniciar con el proceso de depuración de magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). Con lo anterior se busca que las y los magistrados tengan papeles eficientes para servir al pueblo dentro de sus funciones. La iniciativa de reforma es impulsada por la Presidenta de la Comisión de Administración de Justicia, Lizzeth Arroyo Rodríguez. La propuesta consiste en reformar el Artículo 102 para que las y los magistrados, con excepción del Magistrado Presidente y del Magistrado Consejero de la Judicatura permanezcan en el cargo ocho años y puedan ser reelectos por un periodo igual. No obstante, al llegar a 63 años, podrán jubilarse y en consecuencia, abandonar el cargo. En lo que respecta al Artículo 103, se propone que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca será presidido por la Presidenta o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, elegido en la Cámara de Diputados, y permanecerá cuatro años en el cargo, pudiendo ser reelecto por un período más. La propuesta, de acuerdo con la representación morenista en la LXV Legislatura, busca «garantizar un verdadero escrutinio en la función emprendida, a efecto de certificar que la función desempeñada en tan alto cargo es desarrollada por quien tiene el compromiso real de servir al pueblo, ejecuta una administración y representación a la luz de una sociedad que espera justicia de calidad, democrática, certeza y paz social, promesa próspera para legitimar una democracia activa por el Poder Judicial», según lo detalla la exposición de motivos. Tras los periodos señalados, podrá evaluarse el desempeño correcto de las y los representantes en el cargo. La reforma también establece que se vigilará la función que desempeñan, respecto a la elaboración de las sentencias, resoluciones, acuerdos y demás sometidos a su consideración, que deberán ajustarse a los plazos procesales, a la legalidad y estricto apego a los derechos humanos, sin tratamiento privilegiado y régimen de excepción, que genera impunidad y corrupción. De ello dependerá la ratificación en el cargo, mientras que quienes no cumplan con los parámetros, no podrán continuar en el cargo dentro del poder judicial.
Secuestrada la gobernabilidad en Oaxaca. Paco Piza, el villano. Protestas y bloqueos no paran en la capital (2/2)
Tan solo en la última semana, decenas de organizaciones sociales violentaron los derechos de la ciudadanía al realizar protestas a lo largo de todo el estado, principalmente en la capital Los bloqueos carreteros que durante cuatro días consecutivos mantuvieron diversas organizaciones políticos y sociales, así como habitantes inconformes en diferentes regiones de Oaxaca, evidenciaron el fracaso de la política interna de los diferentes personajes que han estado al frente de la Secretaría General de Gobierno (Segego). También dejó claro que la gobernabilidad pende de un hilo porque las demandas de los diversos sectores sociales del estado no se atienden o únicamente se van administrando hasta que estallan. En los días previos a las festividades por el Día de la Independencia en Oaxaca, por ejemplo, confluyeron protestas por la falta de atención a la ejecución de obra pública y el ejercicio de programas sociales en las comunidades con mayor marginación y pobreza, la inexplicable situación de que escuelas dañadas por el sismos de septiembre de 2017 sigan sin ser restauradas pese a los millonarios recursos que se han asignado para ellos, los conflictos políticos en los municipios por la presunta malversación de recursos públicos de las autoridades municipales y hasta la incapacidad del gobierno para liberar a 10 personas retenidas por las autoridades agrarias de una comunidad sin ninguna explicación. CRONOLOGÍA Protestas, violencia y chantaje en la víspera del Grito de Independencia 12 de septiembre de 2022 La Alianza de los Pueblos por Justicia Social bloqueó el crucero del estadio de béisbol, el de Cinco Señores y el del aeropuerto, para exigir atención a demandas y mejorar condiciones en las comunidades en donde tienen representación. Pobladores de Teotitlán del Valle impiden la circulación en la carretera federal 190 en el acceso a su localidad, para exigir que se retiren las credenciales a las autoridades municipales, pues no fueron tomados en cuenta para la priorización de obras. 13 de septiembre de 2022 El bloqueo de la Alianza de los Pueblos por Justicia Social continuó en el crucero de Calzada Héroes de Chapultepec y bloquearon el crucero de Cinco Señores. El Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO) marchó para exigir atención a demandas de justicia social, obras de infraestructura, entre otras. La comunidad de San Vicente Coatlán anunció que impedirá la continuación de los trabajos de construcción de la súper carretera a la Costa por el compromiso incumplido de los gobiernos estatal y federal para dar una solución definitiva al conflicto agrario con Villa Sola de Vega. En el Istmo de Tehuantepec, sorgueros bloquearon las carreteras de Chiapas y Veracruz para exigir la entrega de los apoyos etiquetados para el pago de semillas del año 2019. Mujeres denuncian que sus esposos llevan 11 días retenidos por las autoridades agrarias de San Pedro Uzumacín; sin que hasta la fecha se les informe la razón por la cual se encuentran privados de su libertad y las condiciones en las que se encuentran. Miembros de la COCEI Nueva Generación bloquearon el acceso a la terminal de autobuses ADO en la ciudad de Oaxaca para exigir la entrega de recursos para la reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos y techos y pisos firmes para viviendas. 14 de septiembre de 2022 Además de bloquear vialidades, los integrantes del FORO impidieron las labores en los negocios ubicados en los portales del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca. Regidoras y trabajadoras del ayuntamiento de la Ciénega, Zimatlán protestaron en la DDHPO para acusar al síndico municipal, Antonio Moreno Florean de violencia política en razón de género. Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) bloquearon la carretera a Teotitlán de Flores Magón en la región de la Cañada y otro grupo de la misma organización avanza hacia la ciudad de Oaxaca para manifestarse. Reclaman que el gobierno de Oaxaca tiene un retraso de 100 millones de pesos para obras en diferentes comunidades. Trabajadores jubilados de la Sección 22 del SNTE marcharon para exigir pagos pendientes de sus prestaciones y denuncian que adeudos históricos de las autoridades educativas. Se cumplieron ocho días del bloqueo a la carretera a la Costa de Oaxaca en San José del Pacífico por un grupo de pobladores que exige la revocación del mandato del presidente municipal de San Mateo Río Hondo, por presunta malversación de recursos.
Respalda Comité Ejecutivo propuesta de Morena en Congreso de Oaxaca para la Ley Notarial contra el Cártel del Despojo
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Benjamín Viveros Montalvo respaldó la iniciativa presentada por la bancada morenista ante la LXV Legislatura, que reforma la Ley Notarial de Oaxaca y pretende cesar a las y los notarios que incurran en actos de corrupción. Al respecto, el líder morenista señaló que “en Morena Oaxaca nos hemos caracterizado por la defensa y la protección de los derechos del pueblo. Como es de conocimiento general, en los últimos meses se han presentado diversas denuncias, que apuntan la presencia del denominado Cartel del Despojo”. Al respecto, abundó que éste opera en distintos lugares del estado, como lo reportó el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, quien explicó que los responsables de este delito, primero: eligen las casas, terrenos, susceptibles del despojo. Luego, investigan los datos del registro público, en Catastro y en Registro Civil; para después simular actos jurídicos, falsificar datos personales y finalmente, despojar a los legítimos propietarios. Por este delito, reiteró, se han iniciado 1 mil 467 carpetas de investigación, desde marzo de 2022, de las cuales 213 están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales. Ante esta situación, en nuestro movimiento estamos convencidos de realizar acciones para evitar más víctimas y que las autoridades lleguen al fondo de la investigación y sancionar a las y los responsables, sin importar el cargo que ocupen, dijo. Por esa razón, reconoció la labor de las y los legisladores, que abanderan a la Cuarta Transformación en la cámara de diputados local, quienes presentaron la reforma que destituirá a quienes cometan la simulación de actos jurídicos. “Las y los oaxaqueños merecen resultados ante las denuncias y demandas”, insistió.
Gobierno de Salomón Jara dará continuidad e impulso a proyectos de AMLO en Oaxaca
El gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz anunció que dará continuidad con las relaciones de trabajo en coordinación con el gobierno federal, para impulsar el desarrollo social y económico de Oaxaca. “Vamos a continuar con la relación política y económica, continuar con esta línea y hacer un trabajo de mayor profundidad, porque Oaxaca requiere mayor inversión de empresarios de otros estados y otros países”, indicó. Asimismo, destacó el respaldo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, a la zona sur sureste del país, principalmente a Oaxaca, con obras como las súpercarreteras a la Costa y al Istmo de Tehuantepec, así como el proyecto Interocéanico que incluye 10 parques industriales. “Son proyectos a los que les vamos a dar seguimiento”, sentenció. Recientemente, Jara Cruz reiteró la disposición del gobierno que iniciará el próximo 1 de diciembre en impulsar la inversión nacional y extranjera en proyectos que contengan el fenómeno migratorio en Oaxaca. En repetidas ocasiones, el gobernador electo se ha pronunciado por la generación de empleos dignos para las y los oaxaqueños.
Llevan auténtica Guelaguetza hasta Michoacán
A través de las redes sociales, el gobernador electo del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz invitó a la comunidad de Lagunillas, Michoacán a asistir a la Guelaguetza que se realizará en esa localidad, del 1 al 4 de octubre. “Es muy importante este evento y manifestación cultural que las y los oaxaqueños queremos presentar a las y los hermanos de Michoacán. Les queremos invitar para que participen, para que estén presentes”, dijo. Esta Guelaguetza se realizará en el marco de las fiestas del 72º aniversario de la fundación de Lagunillas y serán 14 delegaciones de Oaxaca, las que llevarán la Guelaguetza, que incluirá bailes de las 8 regiones de Oaxaca y la presencia de artesanos y cocineras tradicionales. Ferzo González, coordinador del evento desde Oaxaca, confirmó que se podrán adquirir los productos de los artesanos, hechos de barro, madera, además de los inigualables textiles. También se podrán probar los platillos preparados por las cocineras tradicionales y bebidas milenarias como el mezcal. En este evento en Lagunillas participarán 260 danzantes, 40 cocineras tradicionales, así como 40 artesanos oaxaqueños. También participarán artistas oaxaqueños como Patricia Alcaráz, Nylzher & Jamín y Abril Alexandra.
No habrá impunidad contra Cártel del Despojo en Oaxaca. Proponen cesar a Notarios involucrados en corrupción
“En Oaxaca no habrá impunidad contra en Cartel del Despojo que busca apoderarse de manera ilegal de algunos inmuebles”, sentenció la diputada local por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Junta de Coordinación política en el Congreso, Laura Estrada Mauro. En conferencia de prensa ofrecida este jueves, la legisladora señaló que en el Congreso del Estado ha estado vigilante sobre los avances en las investigaciones respecto a este grupo delincuencial y que también lo estarán al momento que se aplique la justicia en contra de quienes cometan este tipo de delito. “Las y los oaxaqueños afectados, merecen resultados ante sus denuncias y demandas. Que la justicia sea pronta, expedita y conforme a Derecho; sobre todo, merecen que se elimine la idea de que en Oaxaca no se sanciona a nadie”, dijo. Ayer, se presentó ante el pleno legislativo una reforma a la Ley Notarial que propone la destitución de notarios que estén involucrados en actos de corrupción. La legisladora precisó que el llamado Cártel del Despojo opera eligiendo casas o terrenos de los cuales pueden apropiarse echando mano de falsificación de documentos. Ante ello, la propuesta de reforma busca sancionar con la remoción a los notarios que cometan faltas e irregularidades relacionadas con la simulación de actos jurídicos, la expedición de documentos apócrifos e incumplir con la Ley. “La iniciativa busca promover la observancia de valores y principios en la función notarial; mejorando procesos de selección más transparentes y rigurosos para asegurar que únicamente las personas calificadas puedan ejercer dicha función”, reiteró.
Morena reforma la ley: funcionarios del gabinete tendrán que ser originarios de Oaxaca para ejercer el cargo
Por mayoría de votos de la representación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXV Legislatura del Congreso de Oaxaca, se aprobó una reforma a ley orgánica del Poder Ejecutivo, para que quienes aspiren a ser titulares de dependencias del gobierno estatal sean personas originarias de Oaxaca, o con residencia comprobable mínima de tres años al día de su nombramiento. Y es que, en la administración actual, «existen funcionarios originarios del Estado de México que desconocen las diversas visiones que se tienen acerca de los problemas sociales que aquejan a Oaxaca, lo que ocasiona una mala atención y deriva en no solucionar las diversas demandas de la ciudadanía», expusieron las y los legisladores. La legislación, señalaron es parte de la visión del gobernador electo, Salomón Jara Cruz, quien busca que en Oaxaca encuentren las y los mejores oaxaqueños al frente de las dependencias gubernamentales, en cuyas carreras prevalezca la honestidad y el respeto para que exista confianza y credibilidad con los pueblos del estado. El dictamen detalla que el Gobierno de Oaxaca debe garantizar la buena administración y por tanto se tiene que hacer frente ante un probable escenario de incumplimiento u omisión en el actuar de los servidores públicos. “Ya que la administración pública debe constituirse de la manera más adecuada para alcanzar su fin primigenio, esto es, ser un nivelador social que garantice las libertades y los derechos de la ciudadanía”, precisa.
Secuestrada la gobernabilidad en Oaxaca. Mafud Mafud y Paco “Piza”, los grandes villanos (1/2)
Tan solo en la última semana, decenas de organizaciones sociales violentaron los derechos de la ciudadanía al realizar protestas a lo largo de todo el estado, principalmente en la capital Los bloqueos carreteros que durante cuatro días consecutivos mantuvieron diversas organizaciones políticos y sociales, así como habitantes inconformes en diferentes regiones de Oaxaca, evidenciaron el fracaso de la política interna de los diferentes personajes que han estado al frente de la Secretaría General de Gobierno (Segego). También dejó claro que la gobernabilidad pende de un hilo porque las demandas de los diversos sectores sociales del estado no se atienden o únicamente se van administrando hasta que estallan. En los días previos a las festividades por el Día de la Independencia en Oaxaca, por ejemplo, confluyeron protestas por la falta de atención a la ejecución de obra pública y el ejercicio de programas sociales en las comunidades con mayor marginación y pobreza, la inexplicable situación de que escuelas dañadas por el sismos de septiembre de 2017 sigan sin ser restauradas pese a los millonarios recursos que se han asignado para ellos, los conflictos políticos en los municipios por la presunta malversación de recursos públicos de las autoridades municipales y hasta la incapacidad del gobierno para liberar a 10 personas retenidas por las autoridades agrarias de una comunidad sin ninguna explicación. La ingobernabilidad y crisis política en la recta final del sexenio muestra la ineficacia de los diferentes titulares de la Segego, sobre todo, de Héctor Anuar Mafud Mafud y de Francisco Javier García López. Ambos funcionarios han ejercido dos mil 294 millones de pesos. De este dinero público, al menos mil 62 millones se han ejercido directamente en organizaciones y actores políticos relacionados con sindicatos y conflictos religiosos, sociales, agrarios, municipales, político-electorales y obrero-patronales. Pese a ello, Oaxaca ocupa los primeros lugares de los estados del país con mayor número de protestas sociales. El Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos que Protestan de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el periodo de 2012 a 2020 se documentaron al menos mil 405 protestas en el estado. De estas movilizaciones, 53.22 por ciento fueron realizadas por organizaciones indígenas, 18.13% organizaciones campesinas y 28.65% organizaciones estudiantiles. “Apenas el 11.3% de las mil 405 protestas registradas en el periodo en Oaxaca no fueron de sindicatos, sino de organizaciones de campesinos, estudiantes e indígenas”. Entre el 2012 y el 2020 se registraron en México 20 mil 315 protestas, de las cuales el 6.86% tuvieron lugar en Oaxaca, convirtiéndolo en el estado que ocupa el tercer lugar en número de protestas. La mayoría de ellas es por agravios locales, 69.7 por ciento. Regionalmente las protestas se distribuyen así: el 37.95% se registraron en la capital del estado, el 14.94% en Juchitán y el 3.46% en Salina Cruz. Los repertorios más usados son marchas, bloqueos y tomas de instalaciones. Según datos de la propia Segego, de 260 organizaciones políticas, sociales y agrarias que tienen registradas, 20 son las más activas en movilizaciones o protestas. Y entre ellas, menciona al Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Antorcha Campesina, el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT) y el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI). Así como la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, así como el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, la 23 de Octubre y la Unión de Bienestar Social y Lucha Triqui (Ubisort), la Asociación para el Fomento y Desarrollo de los Pueblos de Oaxaca (Afodepo), el Frente Popular Revolucionario, Consejo Indigenista de los Pueblos de Oaxaca (CIPO), Sol Rojo y la UCIZONI. De acuerdo con la organización Comerciantes Establecidos de Oaxaca (CEO), tan sólo los bloqueos carreteros provocan pérdidas a los comerciantes del centro histórico de la capital del estado por alrededor de un millón de pesos diarios. Y según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Oaxaca y en Chiapas se han registrado pérdidas de hasta 2 mil 700 millones de pesos, principalmente porque causan la cancelación de reservaciones a los principales destinos turísticos. Mientras que los transportistas señalan pérdidas de hasta 2 mil 500 pesos por cada camión, ya sea del transporte público de pasajeros o de materiales de construcción y paquetería. Para el sector turístico de la capital del estado, las pérdidas económicas diarias ascienden hasta 1.7 millones de pesos diarios. A esto se suma, por ejemplo que, en 2021, la toma de la caseta de peaje de la Carretera Federal 150D Tehuacán-Oaxaca dejó pérdidas por 20 millones 485 mil pesos a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). Pero los conflictos más fuertes y de ingobernabilidad en el estado de Oaxaca se han reflejado en los conflictos entre comunidades o entre organizaciones que disputan el control político y económico de algunos municipios regiones, como la Triqui en la Mixteca de Oaxaca. Estos conflictos no sólo han dejado muerte, en muchas ocasiones con extrema violencia, sino también miles de personas desplazadas de manera forzosa. Por ejemplo, de 2019 a 2021, en Oaxaca aproximadamente tres mil 129 personas son víctimas de desplazamiento forzado interno y según los informes de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en México (CMDPDH), durante 2017, en el estado, alrededor de dos mil 700 personas fueron desplazadas de manera forzada y 300 personas más en el año 2018. En suma, más de seis mil 129 personas en los últimos cinco años en Oaxaca fueron obligadas o se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen con violencia, causada por conflictos agrarios, políticos o por los mismos usos y costumbres de las comunidades, entre otras. Entre estos casos, destaca el ocurrido en tres localidades de San Esteban Atatlahuca, un municipio de la región Mixteca de Oaxaca. Por tres días, se registraron agresiones armadas en Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Mier y Terán, que obligaron a huir a un aproximado de 400 personas. Y de acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del
Mensaje Peligroso. Martínez Neri firma convenio con notario señalado de ser parte del Cártel del Despojo
El presidente municipal de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, firmó el convenio del programa «Testamento Público Abierto, amor con gratuidad», la otra persona que signó el acuerdo es el notario 100, Arturo David Vásquez Urdiales, quien funge como presidente suplente del Colegio de Notarios de Oaxaca, sobre quien recaen severos señalamientos por su presunta participación en el denominado “Cártel del Despojo”, que el 15 de septiembre llegó a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. En las redes sociales oficiales del Ayuntamiento capitalino, publicaron un mensaje en el que aseguran que “Con ello, se reafirma la seguridad jurídica de las personas y se otorga certeza a las familias”, pero estas relaciones peligrosas entre el edil de Oaxaca y Vásquez Urdiales, da un mensaje contradictorio a las familias que han sufrido despojo de propiedades con la complicidad de notarios. Los riesgos radican en que, las autoridades identificaron que los despojos en Oaxaca pasan por instancias municipales en una primera fase, pues es parte del proceso de falsificación de documentos a partir de traslado de dominio y el pago del predial. Posterior a este proceso, es cuando intervienen los fedatarios con la inscripción en los libros notariales aunque tengan varios propietarios. De acuerdo con las aseveraciones de la diputada federal Margarita García García, el notario Arturo David Vásquez Urdiales participó en la falsificación de escrituras y documentos apócrifos que fueron ilegalmente certificados en el archivo general de Notarías – por el cual estuvo presa la ex titular Escarlett Vásquez Guerra – y con los cuales se despojó de los terrenos entonces propiedad de la empresa Novopan de México, SA de CV. La legisladora federal asegura que Vásquez Urdiales estuvo involucrado en esquema de alteración de registros públicos y falsificación de escrituras, defraudando en aquella ocasión al Instituto Mexicano del Seguro Social. “Actualmente, el notario número 100 también fue denunciado por el despojo de una casa y predio de tres mil metros cuadrados en San Raymundo Jalpan. La denuncia fue interpuesta por René Jarquín Gordillo, quien se ha desempeñado como alcalde de San Raymundo Jalpan; quien además acusa al ex director de Catastro, Armando Zárate Medina, y al ex director del Instituto de la Función Registral, Gilberto Gamboa Escobar, por presuntamente alterar, cambiar y modificar documentos oficiales, con la intención de despojarlo de estas propiedades”, describe Margarita García.
