En un mundo atravesado por crisis múltiples —guerras, tensiones económicas, emergencia climática y una creciente concentración de la riqueza—, la soberanía se ha vuelto un concepto incómodo. No porque haya perdido relevancia, sino porque ejercerla implica, cada vez más, confrontar intereses globales profundamente arraigados.
Hoy, la mayoría de los gobiernos operan dentro de márgenes estrechos, condicionados por mercados financieros, organismos internacionales y presiones geopolíticas. En ese contexto, sostener un proyecto nacional con autonomía real no es la norma: es la excepción.
México ha decidido colocarse en ese terreno.
Bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, el país ha optado por una ruta que no se subordina automáticamente a las lógicas del capital global. Y esa decisión no se explica sin un factor clave: el respaldo popular.
De acuerdo con diversas mediciones públicas, la presidenta mantiene niveles de aprobación superiores al 70%, una cifra que contrasta con la tendencia global, donde la confianza en los gobiernos ha disminuido de forma sostenida en la última década. Este dato no es menor. En un entorno donde los liderazgos suelen desgastarse rápidamente, sostener ese nivel de apoyo implica algo más que comunicación política: implica conexión social y resultados tangibles.
Ese respaldo ha permitido sostener decisiones que, en otros países, serían políticamente inviables. Programas sociales que alcanzan a millones de personas, aumentos sostenidos al salario mínimo —que ha crecido más del 100% en términos reales desde 2018— y una política económica que, sin romper la estabilidad, ha priorizado el consumo interno y la redistribución.
Mientras organismos internacionales y sectores financieros han promovido históricamente la reducción del Estado, México ha optado por fortalecerlo como garante de derechos. Y lo ha hecho sin caer en crisis macroeconómicas, manteniendo estabilidad en variables clave como inflación controlada y disciplina fiscal.
Pero sostener esa ruta no ocurre en el vacío. Implica tensiones. Implica resistir presiones que buscan alinear al país con modelos más favorables al capital global.
En ese escenario, el reconocimiento internacional que ha recibido la presidenta adquiere una dimensión particular. Su inclusión en la lista de las personas más influyentes del mundo por la revista Time, así como el reconocimiento otorgado por la Water Environment Federation, no solo validan su liderazgo: evidencian que incluso dentro del sistema global hay espacio para proyectos que no responden completamente a sus inercias.
Sin embargo, el fondo del debate sigue siendo político. ¿Quién define el rumbo de un país?
México ha intentado trazar una ruta distinta. No exenta de contradicciones ni desafíos, pero sí clara en su orientación: priorizar el bienestar social sin ceder completamente a las presiones externas.
Y ahí es donde la soberanía deja de ser discurso y se convierte en una práctica de poder.
Porque sostener programas sociales frente a críticas de organismos financieros, mantener aumentos salariales en contra de inercias históricas o apostar por proyectos públicos estratégicos implica, en los hechos, disputar, desafiar y cuestionar el modelo de desarrollo.
Esa disputa no es ideológica en abstracto: es material y económica. Y se traduce en ingresos, en acceso a derechos y en oportunidades; que generan mayor igualdad.
En un mundo donde el capital busca certidumbre y alineación, un país que decide moverse con márgenes propios genera incomodidad. Y esa incomodidad suele traducirse en narrativas que cuestionan, desacreditan o minimizan los resultados.
Frente a eso, el principal activo del gobierno mexicano ha sido su base social, donde la soberanía no descansa únicamente en el aparato del Estado, sino en el respaldo de millones de mexicanos que han visto reflejadas, en mayor o menor medida, mejoras concretas en su vida cotidiana.
Ese respaldo no es solo ideológico ni se sostiene únicamente por militancias. Es el referéndum de un liderazgo abanderado por Sheinbaum y que ha sido consistente: en colocar al pueblo como sujeto central del proyecto.
Y en un entorno global dominado por liderazgos individualistas, México genera y proyecta una idea distinta: la de un gobierno sostenido por una base social activa, que no solo legitima, sino que también protege el rumbo del país.
Hoy, en medio de un sistema internacional que tiende a diluir las soberanías, México ha optado por ejercer la suya. No desde el aislamiento, sino desde la definición de un proyecto de nación. No desde la confrontación vacía, sino desde la política pública efectiva.
Y, sobre todo, no desde el poder por sí mismo, sino desde el respaldo de un pueblo que —consciente de lo que está en juego— ha decidido sostener, junto con su presidenta, el derecho de la nación a definir su propio destino.
