En el debate público sobre el “Plan B” en materia electoral que ha impulsado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la oposición nuevamente se enfrasca en el mismo argumento mazapán de toda la vida: el fantasma del autoritarismo, que no es más que el reflejo de sus miedos conservadores.
Nos encontramos frente a la reconfiguración de un sistema electoral que las élites políticas y económicas crearon con reglas que nunca fueron neutrales, encontrando en los espacios de toma de decisión control, más que una herramienta de representatividad para servir al Pueblo.
Desde la primera propuesta de reforma electoral que buscaba poder vincular a todos los representantes con el voto popular, entre otras cosas como simplificar estructuras, acabar con los privilegios e impulsar la participación ciudadana acercando los mecanismos al Pueblo, estas élites brincaron de manera reaccionaria, como si se hablara de una crisis democrática.
La oposición por naturaleza pretende conservar todo lo que existe en la estructura del Estado, porque para ellos cambiar o reformar siempre significará vulnerar, sobre todo tratándose de un proyecto de izquierda liderando los cambios. Sin embargo, esto ignora por completo la evolución de las necesidades de nuestra sociedad.
El “Plan B” que ha presentado la Presidenta Claudia Sheinbaum solo quebranta una cosa: las estructuras que como sanguijuelas viven alrededor de un ecosistema creado para permanecer siempre en el poder, o por lo menos para sacar lo que más se pueda de los privilegios que trae consigo una silla con presupuesto propio, por ejemplo, en el caso de los congresos locales: habitan consultores, asesores, conferencistas, académicos y el más poderoso de todos, ciertos medios de comunicación, que durante años encontraron un refugio y una fuente de ingresos que proviene de los excesos y el derroche del erario.
Es evidente que se tocan intereses, por eso veremos a ciertos círculos insistiendo en instalar incertidumbre en la gente. ¿Pero en qué afectaría redistribuir el dinero público que hoy se usa para unos cuantos en generar soluciones para las necesidades de los estados? ¿Cómo podría ser autoritario someter a la Presidenta de la república a revocación de mandato?
Dicen no tener miedo, pero claro que lo tienen. Aprobar esta serie de reformas es el final de sus privilegios y ratificar a la Presidenta significaría el golpe final a una derrota que desde hace 7 años no pueden terminar de aceptar. Quedarían invisibilizados; una vez más se caería la narrativa eterna del autoritarismo, pues no se trata solo de un mecanismo de evaluación: se trata de romper el cheque en blanco que significó llegar al gobierno.
Aunque este mecanismo se haya estrenado con el presidente López Obrador, hacerlo una vez más, pero ahora con la primera mujer Presidenta del país, que es quien dirige el segundo piso de la transformación, representa solidificar la voluntad popular de que el Proyecto de Nación continúe, no solo hasta el 2030, sino durante muchos años más.
Debemos tener claro que fortalecer la democracia es incomodar, redistribuir el poder y señalar privilegios. Eso es lo que verdaderamente le preocupa a la oposición, que quien haga los cambios sea el Pueblo de México y no la élite.
La Dra. Claudia Sheinbaum lo ha dejado claro: su gobierno responde a las peticiones y voluntad popular, rompiendo con la lógica de los gobiernos neoliberales de concentrar el poder en ciertas esferas.
Nuestra Presidenta ha demostrado en poco tiempo que no solo ganó en las urnas; su política y proyecto están construidos día a día, con una base sólida arriba del 70% de aprobación. Eso para la oposición es más difícil de superar que las siguientes derrotas electorales: un Pueblo que ya decidió no soltar nunca más el poder.
