Por: Frank Aguirre
En los últimos años, México ha enfrentado una presión constante desde Estados Unidos bajo el marco del T-MEC. No se trata de diferencias técnicas ni de simples desacuerdos comerciales. Lo que está en juego es mucho más profundo: el derecho de un país a decidir su propio modelo de desarrollo.
Desde 2020, la administración estadounidense ha impulsado consultas formales contra México, particularmente en materia energética. El argumento es conocido: que las políticas que fortalecen a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos “distorsionan el mercado” y afectan la libre competencia.
Pero detrás de ese lenguaje técnico se esconde una realidad política.
Lo que se cuestiona no es solo una política energética.
Se cuestiona la decisión de México de recuperar el control estratégico de sus recursos.
Durante décadas, los tratados comerciales —desde el TLCAN hasta el propio T-MEC— no fueron simples acuerdos de intercambio. Fueron instrumentos que condicionaron el rumbo interno del país. Reformas estructurales, apertura de sectores estratégicos y debilitamiento del Estado fueron, en muchos casos, requisitos implícitos para integrarse al mercado norteamericano.
El caso energético es emblemático.
Bajo la lógica neoliberal, la energía dejó de ser un bien estratégico para convertirse en un negocio. Se fragmentó la capacidad del Estado, se favoreció la participación privada y se subordinó la planeación nacional a intereses de mercado.
Hoy, ese modelo está siendo cuestionado.
La política energética impulsada por el actual gobierno no busca aislar a México del mundo. Busca algo más básico: que la integración económica no implique subordinación política.
Por eso la reacción desde Washington ha sido tan clara.
Cuando México decide priorizar a sus empresas públicas, cuando establece reglas que fortalecen su soberanía energética, cuando plantea que el desarrollo debe responder primero a las necesidades nacionales, se activa el mecanismo de presión.
Paneles, consultas, advertencias.
No es casualidad.
En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, saqueo de petróleo, transición energética y disputa por recursos, el control de la energía es poder. Y América Latina —incluido México— sigue siendo un territorio estratégico.
Pero México ya no está en la misma posición que hace 30 años.
Hoy existe una postura distinta.
En el marco del aniversario de la Constitución, la Presidenta fue clara:
“México no se arrodilla ni se vende.”
Esa frase no es retórica. Es una definición política.
Significa que la cooperación con Estados Unidos es necesaria, pero no a cualquier costo. Significa que los acuerdos comerciales deben respetar la soberanía nacional. Significa que el desarrollo del país no puede seguir condicionado por intereses externos.
El debate de fondo no es si México debe cumplir o no con el T-MEC. El debate es hasta dónde llega ese cumplimiento.
¿Puede un tratado obligar a un país a renunciar al control de su sector energético?
¿Puede el libre mercado imponerse sobre el interés público?
¿Puede la integración económica justificar la pérdida de soberanía?
Durante años, la respuesta implícita fue sí.
Hoy, esa respuesta está en disputa.
México está planteando un nuevo equilibrio: cooperar sin subordinarse, integrarse sin perder autonomía, comerciar sin entregar el control.
Esa es la verdadera transformación.
Porque la soberanía no se defiende solo en discursos. Se defiende en decisiones concretas.
Y en un mundo donde los recursos estratégicos están en el centro de la disputa global, causando guerras, bloqueos y saqueos, defender la energía nacional es defender el futuro.
