¿Por qué el derecho a decidir?

Verónica Ruiz Nava

Querido pueblo mío. Ha llamado mi atención la pregunta que algunos se han planteado respecto de los derechos de las mujeres y si se les debería respetar ese derecho a “decidir”. No sólo me refiero a la interrupción legal del embarazo, sino a ser protagonistas de su historia.

En primer lugar, resulta sorprendente que, a pesar de los esfuerzos institucionales, legales y de grupos de la sociedad civil, algunas mujeres de todas las edades se cuestionen a sí mismas si pueden, verdaderamente, estudiar, trabajar, ser regidoras, poseedoras o propietarias. Es decir, a pesar de que se cuenta con una legislación constitucional federal y local que reconoce la igualdad de los géneros e impulsa que se disfruten todos los derechos; algunas mujeres dudan de las posibilidades que tienen en sus manos.

Las que se atreven a participar en la vida política del país, no desde lo pasivo de la emisión del voto por la candidata o partido de su elección; sino como protagonistas activas desde alguna regiduría o presidencia municipal. Estas protagonistas saben que su participación puede limitarse a que de nombre ocupen el cargo público y en la realidad deban ceder su espacio a algún otro participante masculino que el líder o partido decida. Por otro lado, su participación política activa se vea presionada o se deba a una decisión de su pareja o padre para que ocupen el lugar que, por la legislación, no puedan ocupar activamente ellos.

¿Por qué el derecho a decidir? Me lo cuestionaba en la cátedra un estudiante de posgrado en derecho. ¿Por qué debe prevalecer el derecho a decidir de las mujeres por sobre otros derechos o derechos de los otros?

Tal parecería que la posición que tienen que adoptar las mujeres debe concordar con el estereotipo que el verbo “dar” engloba. Dar a los otros, cuidar a los otros, proveer a los otros, mantener a los otros, darse a sí misma al punto de desaparecer. Sólo a través de ese acto de constricción es que la sociedad pueda otorgarle ese valor de persona.

Es debido a esas desigualdades y discrepancias entre lo jurídico y la vida diaria que la perspectiva de género, es un derecho reconocido en la constitución federal y locales. El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres plantea la integralidad con la que las mujeres ya sean niñas, adolescentes, adultas o adultas mayores deban disfrutar de ellos o hacerlos exigibles en las instituciones, en los juzgados y en la vida pública.

Tan solo preguntarse si se les debe respetar el derecho a decidir a las mujeres ejemplifica que están sometidas al escrutinio, al interrogatorio, a la duda de si se les debe considerar personas. Tal parecería que existe una jerarquización en el discurso público en la que lo humano parecería masculino y la mercancía o el objeto es femenino. Nada mas lejano de la verdad.

A la pregunta ¿Por qué debe prevalecer el derecho a decidir de las mujeres por sobre otros derechos o derechos de los otros? Mi respuesta sería: ¿Por qué no?, ¿Por qué lo duda? Dudarlo, es decir, mencionar que existen otros derechos u otras personas más importantes que las mujeres han puesto en riesgo sistemáticamente, su salud, su integridad y su vida. El ejemplo más desgarrador es el feminicidio por parte de su pareja, pensar que el honor masculino es más importante que la vida de las mujeres y por ello tiene el derecho de asesinarla.

Detectar cómo esa supremacía demostrativa de género daña a las mujeres, a las comunidades y a la sociedad en general, pone de manifiesto la forma en que distintos tipos de violencia que viven en cada uno de los aspectos de su vida y diariamente.

Ninguna norma constitucional mexicana prohíbe que las mujeres puedan tener hijos o que ocupen cargos políticos, al contrario, se reconocen esos derechos. Sin embargo, sería iluso pensar que esta sociedad respeta el derecho a decidir de las mujeres. Por el contrario, algunas están obligadas socialmente a ser madres en contra de su voluntad y a ocultar o reprimir sus aspiraciones políticas.

Es por ello que se debe reconocer que ser mujer es una variable que distorsiona el acceso a los derechos. Es decir, forman parte de un grupo vulnerable al que debido a factores históricos y estructurales se ha determinado por parte de actores políticos que sea difícil que algunas mujeres sean protagonistas de su historia y sea sólo a través de su decisión que accedan a cargos públicos o a la interrupción legal del embarazo.