La versión de 1987 de Los intocables[1], dirigida por Brian De Palma, convierte la autobiografía de Eliot Ness en un western judicial: Kevin Costner contra Robert De Niro: la ley frente al crimen, con Chicago en llamas. Pero si se quita el barniz patriótico de Hollywood, la película plantea una pregunta incómoda: ¿quiénes eran realmente los intocables? ¿Los agentes federales que arriesgaban la vida o los mafiosos y la red de políticos, jueces, periodistas y empresarios que moldeaban la ley a su antojo?[2]
La película nos muestra a Ness estrellándose contra un sistema podrido: cada redada fracasa porque alguien filtró información a Capone. Los policías están comprados, las personas comunes temen o dependen del dinero sucio, las autoridades hacen malabares entre la moral pública y los sobornos privados. Solo cuando un contador descubre que Capone no paga impuestos —y no por sus matanzas— el capo cae. La ironía es brutal: no lo atrapan por sangre, sino por evasión fiscal.
En la escena final, el juez ordena cambiar al jurado tras enterarse de que Capone lo compró. Sin ese gesto —de un juez sometido a enormes presiones—, el mafioso habría salido libre. La justicia no triunfa por pureza, sino por una decisión inesperada que rompe el equilibrio de la corrupción. Esa fragilidad, donde la justicia depende de un simple individuo, resuena con escalofriante actualidad en el México contemporáneo, donde el poder económico ha operado durante décadas con una impunidad similar, disfrazada de legalidad.
Ricardo Salinas Pliego encarna ese perfil. Rodeado de asesores, medios afines y un círculo de poder, ha construido una narrativa de autosuficiencia: “El gobierno me necesita a mí”. Como Capone, desafía al Estado con una mezcla de encanto y brutalidad simbólica con tuits que acusan “terrorismo fiscal” mientras sus empresas enfrentan deudas millonarias. Mientras en México el SAT le reclama hasta 74 mil millones de pesos por evasión fiscal, en EEUU enfrenta procesos judiciales de una magnitud comparable. Por un lado, AT&T lo demanda reclamando más de 600 millones de dólares de impuestos no pagados y otros posibles incumplimientos. Por el otro, acreedores de bonos de TV Azteca lo acusan en cortes estadounidenses de esquemas fraudulentos para aplazar pagos, alegando pérdidas por cientos de millones de dólares.
Este caso pone a prueba la Reforma Judicial: ¿Dejará la justicia de ser un privilegio del poder? Por primera vez, jueces, magistrados y ministros fueron elegidos por voto popular. Aún es pronto para sacar conclusiones: el rediseño institucional está en su fase inicial y los nuevos procedimientos de nombramiento, control y transparencia apenas comienzan a aplicarse en distintos ámbitos. Por ello, personajes como Salinas y otros grandes deudores fiscales, junto con acusados por delitos de cuello blanco, huachicol o narcotráfico, afrontan un sistema donde las sentencias ya no son predecibles.
En México, la reforma judicial no asegura justicia inmediata, pero abre un horizonte distinto: uno donde el equilibrio entre independencia, rendición de cuentas y legitimidad popular todavía se está construyendo. La impunidad no ha desaparecido, pero el terreno ya no es el mismo. La nueva Suprema Corte rechazó aplazamientos y resolverá los primeros casos, iniciados desde el sexenio de Felipe Calderón, a partir del 13 de noviembre. La furia del magnate ante el SAT no es un grito de independencia, sino el síntoma de un poderoso que, por primera vez en décadas, se ve acorralado tanto en casa como en el extranjero.
En la película, De Niro pasa de la “confianza aburrida” a la “furia impotente” cuando el jurado cambia y su abogado modifica la declaración de inocencia por una de culpabilidad. Salinas vive esa transición: sus posts en X denuncian “persecución política”, pero los fallos avanzan. El intocable descubre que el sistema que creía poseer puede girar en su contra. No por heroísmo, sino por diseño institucional y presión social. Porque aquí está la clave que el filme y el México actual comparten: el cambio del jurado o de los Ministros de la Corte no bastan, si el pueblo se cansa de vigilar.
La versión hollywoodense de Los intocables propone la idea de que la solución era un héroe que con fuerza y convicción venció a Capone. La lección en la vida real —el proyecto de la Cuarta Transformación— es que la respuesta es un Estado que funcione. La justicia comienza con instituciones fuertes para someter a quienes, por primera vez, ven cómo su impunidad se agrieta. El verdadero final feliz es el que entierra el mito de que los poderosos son, por definición, intocables.
[1] Disponible en México con suscripción a Paramount de Claro Video
[2] La pregunta no es menor: en la historia de Estados Unidos los “intocables” no son la excepción. Además del Ku Klux Klan y los magnates de Wall Street, las Agencias de Seguridad y distintos presidentes —de Truman a Trump— han sido acusados por historiadores y organizaciones internacionales de violar derechos humanos en guerras, invasiones y operaciones encubiertas que dejaron millones de víctimas civiles. Bajo el argumento de la “seguridad nacional”, también la Casa Blanca ha gozado, muchas veces, de la misma impunidad que sus propios “intocables”.
