Desde el inicio de los gobiernos de la Cuarta Transformación, uno de los ejes centrales ha sido claro: terminar con los privilegios de burocracia que durante décadas se enquistó en los gobiernos del PRIAN. La llamada “burocracia dorada” no solo representaba un gasto excesivo, sino también una profunda desconexión entre el gobierno y el Pueblo.
Con la llegada del expresidente Andrés Manuel, se instauró la política de austeridad republicana, una estrategia orientada a reducir el gasto superfluo del gobierno y reorientar los recursos hacia las verdaderas necesidades de la población. Entre sus principales acciones destacan la reducción de salarios de altos funcionarios, la eliminación de pensiones a expresidentes, la desaparición de seguros médicos privados pagados con recursos públicos, la venta del avión presidencial y la cancelación de fideicomisos opacos.
Posteriormente, esta política se profundizó con la llamada austeridad franciscana, que buscó llevar el principio del ahorro a un nivel aún más estricto. Entre sus medidas se incluyeron la reducción adicional del gasto operativo, la eliminación de viáticos innecesarios, restricciones en viajes oficiales, disminución en contratación de asesores y un control más riguroso del uso de recursos públicos. Todo ello bajo la lógica de que el gobierno debe vivir en la justa medianía y no en el exceso.
Estas políticas han tenido una importante aceptación entre amplios sectores de la población, ya que han permitido priorizar el presupuesto en programas sociales, infraestructura y apoyos directos a quienes más lo necesitan. Sin embargo, como era previsible, también han generado un fuerte rechazo entre quienes durante años se beneficiaron de esos privilegios y hoy ven afectados sus intereses.
En la actualidad, la presidenta continúa con esta línea de disciplina financiera y combate a los excesos, ahora a través del llamado “Plan B”, un proyecto que ya ha sido aprobado en San Lázaro y respaldado por congresos locales. Esta iniciativa no solo busca profundizar la transformación administrativa del Estado, sino también reducir costos en la estructura electoral, evitar duplicidades en órganos y funciones, y fortalecer mecanismos que, según sus impulsores, hacen más eficiente el ejercicio democrático. Asimismo, incorpora avances en materia de paridad de género obligatoria en los congresos y promueve la perspectiva de género en los mismos. En esencia, el Plan B se presenta como una extensión de la política de austeridad: menos gasto en estructuras consideradas excesivas y más enfoque en la participación y representación ciudadana.
A pesar de ello, desde distintos espacios de la opinión pública se insiste en descalificar estas reformas bajo los argumentos de siempre: que se trata de medidas autoritarias o que debilitan la democracia. No obstante, tras varios años de implementación, la realidad muestra un escenario distinto: instituciones que siguen operando, una ciudadanía más participativa y un cambio paulatino en la forma de ejercer el poder.
Lo que estamos presenciando no es el fin de la democracia, sino la transformación de un sistema que durante mucho tiempo normalizó los privilegios de unos cuantos, a costa de las mayorías, y como todo cambio profundo, incomoda, sacude y genera resistencia.
