Durante años, en la izquierda mexicana se construyó una postura firme frente al fracking. No solo como técnica extractiva, sino como parte de un modelo energético que generaba impactos ambientales, conflictos territoriales y decisiones alejadas del interés público. Esa posición no fue gratuita. Tiene historia, tiene razones y sigue teniendo vigencia en muchos de sus planteamientos. Hoy el contexto obliga a mirar el tema con mayor amplitud, a la luz de las posibilidades del presente, en toda su complejidad y con una perspectiva de Estado.
México consume gas natural de manera intensiva. Es un insumo clave para la generación eléctrica, la industria y la vida cotidiana. No podemos ignorar que alrededor del 70% del gas que consumimos es importado, principalmente de Estados Unidos. Ese gas, en buena medida, proviene de fracking. Consumimos todos los días energía que viene de esa técnica. No es algo ajeno, no es algo lejano, es parte de cómo funciona hoy el país. Y al mismo tiempo, no decidimos cómo se extrae, bajo qué reglas ni con qué controles.
A partir de ahí, la discusión cambia de lugar. Es más que una posición frente a una técnica, es una decisión estratégica sobre la dependencia energética. Seguir importando implica mantenernos atados a condiciones externas y a una vulnerabilidad que puede volverse crítica. Reducir esa dependencia y trasladar la capacidad de decisión a nuestro propio país es un asunto de soberanía.
Esto no implica ignorar los riesgos. El fracking conlleva desafíos ambientales reales, especialmente en el uso del agua, el manejo de sustancias y las emisiones, y esto es importante tenerlo presente en todo momento. Al mismo tiempo, cuando el Estado conduce, regula y supervisa, se abre la posibilidad de establecer reglas, mecanismos de control y criterios de protección ambiental alineados con el interés público.
La diferencia no está solo en hacer o no fracking, sino en cómo se hace y quién decide las condiciones. Hoy, una parte importante del gas que consumimos proviene de procesos sobre los que no tenemos control. En cambio, cuando la actividad ocurre en el país, el Estado tiene la posibilidad de definir reglas, supervisar su cumplimiento y establecer límites claros en función del interés público, además que absorbe la responsabilidad del proceso, y con ello la rendición obligada de cuentas. Esto puede traducirse en medidas concretas como la restricción de ciertos químicos, el uso de aguas residuales tratadas en lugar de agua potable, la reutilización del agua en circuitos cerrados, el monitoreo de emisiones y la vigilancia de fugas de metano. Nada de esto elimina los riesgos, pero sí cambia el punto de partida. Pasar de depender de prácticas externas a asumir la responsabilidad de fijar condiciones, hacerlas cumplir y responder por sus impactos.
El debate, entonces creo, no es entre aceptar o rechazar de manera absoluta, es cómo ordenar una política energética que sea coherente con nuestras necesidades y con nuestros principios. No es lo mismo depender de energía producida bajo condiciones que no controlamos, que desarrollar nuestras propias capacidades con reglas claras, límites definidos y orientación social.
Este tránsito es un desafío teórico y práctico para quienes nos asumimos progresistas, de izquierda y comprometidos con la soberanía del país, frente a una decisión que exige definiciones claras. Pasar de la consigna a la responsabilidad, no para abandonar principios, sino para hacerlos operativos en la realidad. Porque las decisiones energéticas no son abstractas, impactan en la economía, en la autonomía del país y en la vida cotidiana de millones de personas.
La soberanía energética se construye tomando decisiones complejas, asumiendo costos, poniendo reglas y garantizando que el interés público esté por encima de cualquier otro. Ese es el punto. Asumir la realidad, hacernos cargo y decidir cómo enfrentarla.
