La inseguridad en Oaxaca se ha deteriorado en los últimos años, según revelan los datos duros del Semáforo Delictivo. Mientras en 2016 el 40 por ciento de los homicidios dolosos estaban relacionados con “narco ejecuciones”, actualmente el 80 por ciento de los asesinatos que se cometen en el estado están vinculados al crimen organizado.
En 2017 fue del 57% los homicidios ocurridos en el estado relacionados con el crimen organizado y en el 2018, el porcentaje fue del 68 por ciento.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el año 2021 en Oaxaca se registraron un total de dos mil 258 defunciones por causas externas, accidentales y violentas, como presunto homicidio, presunto accidente o presunto suicidio.
Por presunto homicidio, sumaron 783 defunciones que representan 34.7 por ciento de las muertes registradas ese año por causas externas; mil 132 defunciones por presunto accidente, el 50.1%; 187 por presunto suicidio, el 8.3%; y 156 en las que las autoridades no precisaron si se trató de un homicidio, un accidente o un suicidio, cifra que representó el 6.9 por ciento.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza el INEGI muestra un incremento en la percepción de inseguridad en Oaxaca de Juárez en el segundo trimestre de 2022 con relación al primer trimestre del mismo año.
De abril a junio de 2022, siete de cada 10 oaxaqueños que viven en la capital del estado se sienten inseguros, es decir, el 70.7 por ciento de la población capitalina de Oaxaca tenía una percepción de inseguridad pública. En el primer trimestre del 2022, la percepción fue menor con un promedio del 69.9 por ciento. También fue mayor a la registrada en junio de 2021.
COMBATE A INSEGURIDAD NO DEBE FOMENTAR VIOLENCIA
Salomón Jara Cruz, gobernador electo de Oaxaca, sostiene que la inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en vidas humanas y bienes materiales, cohesión social y gobernabilidad, inhiben el crecimiento económico y debilitan la confianza de la población en su país, su estado, su municipio y su barrio.
Además, afirma que las estrategias de seguridad pública aplicadas por las administraciones anteriores han sido catastróficas: lejos de resolver o atenuar la catástrofe la han agudizado.
“Estamos aplicando ya un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que se plantea como prioridades restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales; recuperación del principio de reinserción social; fin de la «guerra contra las drogas» y adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de adicciones; impulso a procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación nacional, y medidas contra el lavado de dinero e inteligencia policial. Ya fue promulgada la reforma constitucional que nos permite contar con la Guardia Nacional como policía de paz y proximidad, con presencia permanente en todo el territorio.
“Como lo hace el presidente de la república, todas las personas que a través de nuestro movimiento encabecen un cargo en el poder ejecutivo deberán realizar diariamente el gabinete de seguridad para contar con información y seguimiento precisos y puntuales de los hechos delictivos”, dice.
En su plataforma de gobierno, Salomón Jara establece como retos erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, garantizar empleo, educación, salud y bienestar mediante la creación de puestos de trabajo, el cumplimiento del derecho de las juventudes del país a la educación superior, fomento de la economía social y solidaria, la inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo armonizados con programas federales.
Así como garantizar el pleno respeto a los derechos humanos que permee todas las acciones e instituciones de gobierno, la regeneración ética de las instituciones y de la sociedad, reformular el combate a las drogas, emprender la construcción de la paz, recuperar y dignificar las cárceles, articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz, y el fortalecimiento, profesionalización y depuración de las policías estatales y municipales, entre otros.
“La seguridad de la ciudadanía no puede recaer en una estrategia que fomenta y tolera la violencia. La seguridad pública debe basarse en el concepto de Seguridad Humana, reconocido por la ONU como el mecanismo óptimo a través del cual, con perspectiva de género, juventudes, diversidad. Estado y ciudadanía construyen mecanismos de apropiación plena del espacio público, observancia y participación ciudadana, impulso de acciones de regeneración del tejido social como mecanismo para la prevención del delito y respeto pleno de los Derechos Humanos”, dice.
Otro de los retos para la Cuarta Transformación en el estado de Oaxaca es que los cuerpos de seguridad de todos los niveles de gobierno deberán apegarse a las leyes vigentes, actuar con absoluta transparencia y poner siempre en el centro de las prioridades a la vida y los derechos humanos de la ciudadanía.
PROPUESTAS DE LA 4T EN OAXACA
Entre las propuestas específicas de Salomón Jara está la creación de un nuevo modelo policial que considere y articule los esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de gobierno y tome en cuenta las condiciones, contextos y necesidades locales.
También propone la prevención del delito como uno de los ejes estratégicos de la seguridad pública, crear, de la mano de las dependencias encargadas de la política económica y social, alternativas económicas sostenibles para los hogares y comunidades que dependen del ingreso provisto por actividades ilícitas como el cultivo de drogas, la extracción y distribución ilegal de hidrocarburos, el robo de autotransporte.
Y finalmente, la prevención especial de la violencia y el delito en la que se trabajará en disuadir a los autores de conductas delictivas de su reincidencia mediante intervenciones restaurativas, orientadas a su protección, resocialización y a la reparación del daño cometido a las víctimas.
“Se pondrá especial énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social como los delitos sexuales, la violencia de género en todas sus expresiones, la desaparición forzada, el secuestro y la inseguridad tanto en los espacios públicos como en el transporte”, asegura.
