Mientras la pobreza en Oaxaca se agudizó en la última década y se agravó con la pandemia por Covid-19, las dependencias encargadas de ejecutar los programas sociales del Gobierno del Estado enfrentan acusaciones de corrupción y opacidad en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con la diputada local por el partido Morena, Luisa Cortés García, hay irregularidades en la entrega de los apoyos de los programas que atiende, como son el caso de “Vamos juntos a la escuela”, en el que la distribución de los vales para uniformes de los alumnos de educación básica se da hasta a finales de los ciclos escolares, pese a que el recurso aplicado para ello está a tiempo.
Además, se suma la denuncia de proveedores de uniformes escolares que acusan un adeudo de alrededor de 150 millones de pesos a un centenar de proveedores locales de uniformes escolares a niños, niñas y adolescentes, del sistema estatal de educación básica.
Esta deuda tiene una situación de crisis e insolvencia financiera a los proveedores oaxaqueños que los coloca ante la imposibilidad de continuar dentro del Programa “Vamos juntos a la escuela” que se implementó desde el año 2011 en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
Neftalí Diego García Aguilar, uno de los proveedores de uniformes escolares, explica que con la pandemia del Covid-19 estuvieron dos años (2020 y 2021) sin trabajo a causa de que se suspendieron las clases presenciales y el gobierno del estado decretó que no se ejercería este programa, pese a que ya había recursos asignados para tal fin.
En el Presupuesto de Egresos de Oaxaca para este 2022, el Congreso local autorizó este recurso para fortalecer la economía de mujeres y hombres entre 18 y 59 años de edad, quienes debido a la emergencia sanitaria están sin empleo y en situación de pobreza.
Para la aplicación de este apoyo, el Gobierno del Estado está obligado a definir el programa y las reglas de operación, para lo cual tuvo 60 días hábiles para informar al respecto, plazo que venció el 29 de marzo de 2022, según un exhorto aprobado por el Congreso de Oaxaca, pero a la fecha, siguen sin transparentar el uso de este dinero y el nombre del programa.
“Ante esta situación y tras las diversas ocasiones en que le han realizado llamados a la Sebien persiste evasión de su obligación continúa. Dicha omisión amerita el inicio de un procedimiento en términos de los dispuesto por la ley de responsabilidades administrativas del estado y de los municipios de Oaxaca”, apuntó García Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Bienestar y Fomento Cooperativo”, señala el exhorto legislativo.
La diputada Luisa Cortés García, además, sostiene que la dependencia en realidad no está trabajando por el bienestar de las y los oaxaqueños, porque Oaxaca presenta mayor índice de pobreza y rezago social, además de que es la quinta entidad en el país en marginación.
“De acuerdo con datos del Coneval 2020, Oaxaca tiene 50 municipios entre los de mayor rezago social del país; y entonces valdría la pena preguntarse si la Secretaría que usted encabeza, es verdad que es la dependencia técnica que promueve y garantiza los derechos sociales”, acusa.
El principal problema que advierte la Cuarta Transformación liderada por el partido Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, son los robos monumentales de recursos públicos fueron acompañados por el dispendio a expensas del erario y los gobernantes enriquecidos han sido la insultante contraparte de la pobreza de millones.
“El saqueo del presupuesto y los lujos faraónicos de los altos funcionarios consumieron los recursos que debieron emplearse en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con la población, particularmente con las personas más desposeídas, por lo tanto, pugnamos por poner fin a los dispendios con una política de austeridad republicana”, señaló Luisa Cortés.
El objetivo más importante de la Cuarta Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar y buen vivir. En última instancia, la lucha contra la corrupción y la frivolidad, la construcción de la paz y la seguridad, los proyectos regionales y los programas sectoriales que operan los gobiernos emanados de nuestro movimiento están orientados a ese propósito.
“En estas circunstancias, impulsamos una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, la perspectiva del Buen Vivir nos aporta una vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable y que puede definirse con este propósito: construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie, donde el centro de las prioridades sea la vida digna y una sana convivencia con el planeta”.
Uno de sus principales objetivos es que los gobiernos estatales y municipales emanados de nuestro movimiento en 2022 deberán impulsar la profundización de la agenda de bienestar de la Cuarta Transformación a fin de garantizar que cada vez más personas tengan la protección y acompañamiento del Estado mexicano, a la vez que fomenta que las políticas de bienestar de la 4T detonen procesos de regeneración del tejido comunitario.
“La política de bienestar de los gobiernos estatales y municipales debe apuntar hacia la creación de una economía de los cuidados como mecanismo para garantizar el derecho universal a los cuidados”.
