Kuri entrega casi 4 mil millones a Seguritech… y la violencia sigue creciendo en Querétaro
A pesar de haber entregado casi 4 mil millones de pesos a la empresa Seguritech Privada S.A. para supuestamente fortalecer la seguridad en el estado, el gobernador panista Mauricio Kuri González no ha logrado contener el aumento de la criminalidad en Querétaro. Los delitos y hechos violentos siguen al alza, mientras el contrato millonario permanece bajo reserva y sin rendición de cuentas. Según documentó el medio independiente POPLab, en enero de 2022 el gobierno de Kuri firmó un contrato por 3 mil 919 millones de pesos con Seguritech, empresa especializada en seguridad tecnológica. La adjudicación fue directa, sin pasar por un proceso de licitación pública, y se estableció una vigencia que abarca prácticamente todo el sexenio: de enero de 2022 hasta agosto de 2027. El contrato contempla la instalación de un sistema integral de vigilancia: cámaras, drones, botones de auxilio, lectores de placas y centros de monitoreo. Sin embargo, de acuerdo con la misma investigación de POPLab, el gobierno clasificó como “reservado” el contenido técnico y operativo del acuerdo, impidiendo que la ciudadanía conozca cómo se están usando los recursos públicos. “Se trata del contrato más alto del sexenio en Querétaro y uno de los más caros del país en materia de seguridad pública”, señala el reportaje publicado el 20 de julio de 2025 en poplab.mx. Pese a la inversión histórica, los resultados en materia de seguridad son negativos. Cifras oficiales recopiladas por POPLab revelan que, desde la firma del contrato, los delitos crecieron un 15 % y los crímenes de alto impacto aumentaron en casi 8 % en comparación con la administración anterior. Hechos como la trifulca en el estadio Corregidora (marzo de 2022), la masacre en el bar Los Cantaritos (noviembre de 2023) y la detención de líderes criminales locales, como el presunto huachicolero “Alfa 1”, muestran que la violencia no ha disminuido. Asimismo, el robo de hidrocarburos se disparó: en 2020 se registraron 180 tomas clandestinas, mientras que en 2023 la cifra alcanzó 402, según datos citados en la misma investigación. Vecinos sin protección, tecnología sin resultados En colonias como Las Rosas, habitantes denunciaron al medio que las cámaras de vigilancia no funcionan, los botones de auxilio están desconectados y no hay respuesta institucional ante emergencias. Esto ha obligado a la organización vecinal para hacer frente a la inseguridad. Seguritech: contratos millonarios, historial oscuro Seguritech ha sido beneficiada con contratos en diversos estados, casi siempre por adjudicación directa. Su historial incluye incumplimientos en Chihuahua y el Estado de México, así como denuncias por conflictos de interés y favores políticos, como el presunto regalo de una casa en Houston a un exgobernador panista de Guanajuato. A pesar de estos antecedentes, la empresa ha seguido acumulando contratos multimillonarios, como el de Querétaro, sin auditorías públicas ni resultados verificables. Mauricio Kuri apostó por la vigilancia tecnológica sin licitación ni transparencia, entregando casi 4 mil millones de pesos del erario público a una empresa cuestionada. A más de tres años del contrato, la criminalidad no ha cedido y las promesas de blindaje quedaron en el discurso. Mientras tanto, los ciudadanos de Querétaro viven bajo una doble amenaza: la violencia en las calles y el desvío opaco de recursos en nombre de una seguridad que no llega.
Impulsa Marina Del Pilar denunciar la corrupción con unidad móvil de atención ciudadana
Dando continuidad a las acciones para garantizar la transparencia, legalidad y un trato justo a la ciudadanía, la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda anunció la puesta en marcha de la Unidad Móvil para la Atención a Quejas y Denuncias, operada por la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Estado de Baja California. La mandataria estatal subrayó que esta herramienta será fundamental para fortalecer la cultura de la denuncia en espacios donde la ciudadanía realiza trámites, como son las oficinas de Recaudación de Rentas. El objetivo es promover la honestidad y combatir cualquier práctica indebida que vulnere el derecho de las y los bajacalifornianos a una atención digna y sin corrupción. “En Baja California no hay espacio para la corrupción. Aquí se sirve al pueblo, no a intereses personales. La transformación también significa transparencia, rendición de cuentas y cero tolerancia a quienes traicionan la confianza ciudadana”, externó. La unidad permitirá atender denuncias de manera inmediata sobre irregularidades en trámites como: el pago de licencias de conducir, tenencia y refrendos vehiculares, revalidación de placas y regularización de vehículos de procedencia extranjera, entre otros, garantizando el acceso a servicios con legalidad y respeto. En los módulos de atención habrá presencia de Promotores de Contraloría Social, quienes recibirán las denuncias de forma directa, informarán sobre el proceso de seguimiento y explicarán las posibles consecuencias para las y los servidores públicos señalados. Con ello, se busca generar confianza y eliminar el temor a represalias. “El mensaje es claro, si alguien te cobra de más o condiciona un servicio público, puedes denunciar. El Gobierno del Estado está para servir al pueblo con honestidad y rendición de cuentas”, enfatizó Avila Olmeda. Asimismo, la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública reforzará la difusión de los canales oficiales para denunciar, a fin de que la ciudadanía cuente con estas herramientas y se garantice que toda las personas sean atendidas con dignidad, respeto y conforme a lo establecido en la ley. Para presentar denuncias, la ciudadanía puede comunicarse a los siguientes teléfonos: en Tijuana al (664) 979-2920, en Mexicali al (686) 558-1135 y Ensenada al (646) 172-3034. También puede hacerlo en línea a través del enlace: bajacalifornia.gob.mx/shfp/.
Otra vez Riva Palacio y sus mentiras contra AMLO
Otra vez Raymundo Riva Palacio pretende hacer pasar rumores y especulaciones como verdades absolutas. Ahora afirma —sin pruebas, sin fuentes oficiales, sin documentos— que Estados Unidos investiga a López Obrador por nexos con el narcotráfico. ¿La fuente? Su propia columna. ¿El sustento? Ninguno. Ni el Departamento de Justicia de EE.UU., ni la DEA, ni la Corte del Distrito Este de Nueva York han emitido un solo comunicado, documento oficial o acusación formal contra el Ex-Presidente. Todo lo demás es ruido mediático fabricado por quienes llevan años intentando golpear políticamente a la Cuarta Transformación. Llama la atención que Riva Palacio, cuya credibilidad está severamente cuestionada por sus nexos con gobiernos del PRIAN y sus vínculos empresariales, ahora recicle la misma narrativa que fracasó durante años: la del «narco-presidente». Una calumnia sin sustento que fue rechazada por medios internacionales, desmentida por la Embajada de Estados Unidos en México y desacreditada por los hechos. También resulta sospechoso que justo cuando la 4T consolida su mayoría, Claudia Sheinbaum arranca su mandato con fortaleza y Ovidio Guzmán se declara culpable en EE.UU., surja esta campaña de “filtraciones” para enlodar al movimiento. Lo que no pudieron demostrar con pruebas, ahora lo intentan sembrar con columnas de opinión y frases como “según fuentes cercanas”. Defender a López Obrador no es proteger a una persona, es defender el mandato de millones que votaron por un cambio profundo en México. Y atacar a Claudia Sheinbaum por respaldar a su antecesor no es periodismo: es golpeteo político. Ya lo vimos con el caso Cienfuegos: una acusación que se vino abajo por falta de pruebas. Lo mismo ocurre ahora. No hay nada nuevo, solo el viejo guión de quienes no aceptan que el poder ya no les pertenece. Riva Palacio no informa; agita. No repórtea; opina. Y sus columnas, más que periodismo, son el eco de la derecha nostálgica que extraña los pactos en lo oscurito y la sumisión ante Washington. En la 4T se gobierna de frente, sin pactos con criminales ni con medios que viven del escándalo. Y si algún día hay pruebas reales —no rumores—, que hablen las instituciones, no los opinadores de siempre.
Detienenen a Rafael Echazarreta, presidente del PRI en Mérida por fraude
Rafael Echazarreta Torres, actual presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Mérida, fue detenido este viernes por elementos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, acusado de cometer un fraude superior a los 12 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, la orden de aprehensión fue ejecutada tras una investigación que vincula al dirigente priista con operaciones irregulares relacionadas con la simulación de contratos y desvío de recursos en proyectos financiados con fondos públicos y privados. El presunto fraude habría ocurrido durante su gestión como apoderado legal de una empresa de consultoría, en la que se identificaron movimientos financieros anómalos y facturación de servicios no prestados. La denuncia fue presentada por una firma afectada, misma que aportó pruebas documentales ante la fiscalía. Echazarreta fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Mérida, donde quedó a disposición de un juez de control. El PRI estatal no ha emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos. Este nuevo escándalo se suma a una serie de señalamientos por corrupción que han golpeado a figuras del PRI en los últimos meses, en medio de un proceso de crisis interna y pérdida de credibilidad del partido en diversas entidades del país.
Luis Mendoza extorsiona a comerciantes en BJ rumbo al Mundial 2026
Mientras en la Alcaldía Benito Juárez se llenan la boca hablando de «orden» y «legalidad», la realidad en las calles dice otra cosa. Comerciantes en vía pública, particularmente en la zona de Portales, han denunciado una nueva oleada de abusos y extorsiones por parte de funcionarios panistas, quienes operan bajo el mando del alcalde Luis Mendoza. Según testimonios de los propios vendedores, los llamados «operativos de reordenamiento» no son más que pretextos para cobrar cuotas ilegales, incluso a quienes cuentan con permisos vigentes. Los inspectores exigen pagos semanales de hasta 500 pesos, y si no se cumple con este cobro, les retiran su mercancía y les impiden vender, incluso en espacios que históricamente han ocupado. ¿Mundial 2026 o negocio privado? Los comerciantes ya han recibido el mensaje: «para el Mundial de 2026, solo podrá vender quien pague». Así de claro. Todo parece parte de una operación para limpiar las calles solo para quien pueda pagar el “derecho de piso” al viejo estilo del Cártel Inmobiliario. Uno de los focos más afectados se ubica en la calle 5 de Febrero, donde los trabajadores informales —en su mayoría personas mayores, mujeres y jefas de familia— han sido desplazados. En su lugar, se están colocando puestos con carpas, operados bajo un nuevo esquema controlado por Sergio Vázquez, exdirector de Vía Pública durante la administración de Santiago Taboada, y quien —según denuncias— sigue operando desde las sombras. Una comerciante, que pidió mantener el anonimato por miedo a represalias, lo dijo con claridad: «Son igual de ambulantes, solo que a ellos sí les dan permiso de ponerse ahí, con carpa. Pagan 500 pesos a la semana. Pero ese dinero no va a la alcaldía, va para Sergio Vázquez.” De 250 a 500 pesos: la tarifa del abuso El aumento de las cuotas es generalizado. Vendedores que antes entregaban entre 250 y 300 pesos, ahora deben pagar el doble. Y si no pagan, pierden su espacio y sus productos. No hay recibo, no hay legalidad, no hay transparencia. Así opera la Benito Juárez de Luis Mendoza: con un modelo de corrupción maquillado de «orden», donde las calles no se ordenan para el bien común, sino para los negocios de siempre. Mientras la derecha persigue a quienes luchan por sobrevivir con trabajo digno, la Cuarta Transformación sigue construyendo un país donde el pueblo tenga derecho a trabajar sin ser extorsionado.
Revelan que EPN habría recibido soborno millonario para autorizar la operación de Pegasus
Nuevas investigaciones señalan que el expresidente Enrique Peña Nieto habría recibido un soborno millonario como parte de los acuerdos que permitieron la operación del software de espionaje Pegasus en México, utilizado durante su sexenio para intervenir comunicaciones de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. De acuerdo con los reportes, publicados en el medio israelí The Marker, un consorcio de empresas ligadas a la comercialización de Pegasus entregó recursos a altos funcionarios del gobierno federal, incluyendo presuntamente al propio titular del Ejecutivo, a cambio de contratos y de la omisión de controles legales para el uso del programa. El software espía Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group, fue adquirido por dependencias como la entonces Procuraduría General de la República y el Cisen, bajo el argumento de fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que también se utilizó para espiar a activistas, líderes sociales y periodistas, entre ellos los cercanos al caso Ayotzinapa y otras investigaciones sensibles. De confirmarse los señalamientos, estos sobornos constituirían un acto de corrupción de alto nivel que violó derechos fundamentales y desvió recursos públicos con fines políticos. En ocasiones anteriores, el exmandatario ha negado que durante su gobierno se haya ordenado el espionaje político mediante Pegasus, argumentando que su uso estaba limitado a labores de seguridad nacional. La denuncia se suma a los crecientes cuestionamientos sobre la forma en que operaron contratos de espionaje durante su sexenio y sobre los beneficios económicos que derivaron de la adquisición de tecnología intrusiva contra ciudadanos.
Morena pide la renuncia de Jorge Romero y acusa al PAN de engañar al país con la “Ley Espía”
A través de diversos canales oficiales, Morena expresó su postura crítica contra Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), a quien señalaron de difundir falsedades y exageraciones sobre la llamada “Ley Espía” con fines políticos. “Ojalá que Jorge Romero sí renuncie”, señaló el pronunciamiento, en referencia a la polémica que surgió tras las declaraciones del legislador panista sobre presuntas intenciones del gobierno federal de vulnerar la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos. Morena calificó como “muy bajo” que Acción Nacional ignore su propio historial de agravios contra la libertad de expresión y busque “engañar al pueblo de México” mediante discursos alarmistas y desinformación. “El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es un gobierno digno y este Proyecto predica con el ejemplo”, añade el mensaje difundido en redes sociales. La controversia se originó luego de que legisladores del PAN acusaron al Ejecutivo federal de promover un marco legal que, según su versión, permitiría espiar de manera masiva a la población. Morena rechazó esas afirmaciones y sostuvo que se trata de una estrategia mediática para desacreditar al nuevo gobierno. En los videos compartidos por el partido guinda en Facebook, Instagram, TikTok y otras plataformas, se acusa a Acción Nacional de tener un “doble discurso” y de carecer de autoridad moral para cuestionar políticas que, aseguraron, buscan fortalecer la seguridad sin vulnerar los derechos ciudadanos. El pronunciamiento se suma al clima de confrontación política que ha marcado las primeras semanas del gobierno de Claudia Sheinbaum y al debate sobre las prioridades legislativas en materia de seguridad, derechos digitales y protección de datos.
Corte de EU absuelve a César Duarte; Corral deberá pagar daños y costos legales
Un juez del Tribunal de Distrito de El Paso, Texas, absolvió al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, tras desestimar la demanda presentada por el senador Javier Corral Jurado y el gobierno del estado por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El juez Rubén Morales aceptó una moción de “no pruebas”, al concluir que la acusación —que señalaba la compra de unas 50 propiedades en EE. UU. por aproximadamente 25 millones de dólares con recursos ilícitos— carecía de documentación suficiente. Como resultado, además de absolver a Duarte, el tribunal ordenó que Corral pague los honorarios legales y posibles daños a favor del exgobernador. César Duarte calificó el fallo como el “tiro de gracia” a lo que llamó una persecución política y aseguró que las supuestas propiedades “no existen”. Incluso apuntó que Corral le “hizo un favor” al presentar la denuncia, ya que permitió su exoneración pública. Por su parte, Javier Corral señaló que la desestimación no se debe a falta de evidencias, sino a la omisión de colaboración oficial. Acusó directamente a la gobernadora Maru Campos, al secretario César Jáuregui Moreno, y a Santiago de la Peña de no responder a las solicitudes de prueba hechas por el despacho Buzbee. La demanda fue presentada en 2019 por Corral, cuando buscaba judicializar el caso tras haber emitido 21 órdenes de aprehensión contra Duarte por presuntas irregularidades en su gestión como gobernador. En México, Duarte enfrenta además otros cargos por corrupción, incluyendo la adquisición de ranchos con fondos públicos, desvíos en obra pública, retención de salarios y desvíos electorales.
Grupo Salinas; Gobierno Federal exhibe adeudo de 74 millones de pesos
El Gobierno Federal anunció que Grupo Salinas acumula un adeudo fiscal de 74 mil millones de pesos, derivado de créditos fiscales que se mantienen sin pago desde hace más de una década. De acuerdo con información oficial, la empresa ha desplegado una estrategia de litigios prolongados para impedir que los recursos lleguen a la hacienda pública. #MañaneraDelPueblo 👉 @RicardoBSalinas Expuesto Durante la conferencia matutina de la Presidenta @Claudiashein, se mostró la deuda de Grupo #Salinas, la cual asciende a más de 74 mil mdp. Estas practicas acabarán con el nuevo #PoderJudicial. pic.twitter.com/ZlQNyfudXC — El Soberano (@ElSoberanoMX) June 27, 2025 El informe, presentado la mañana de este viernes 27 de junio en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, señala que existen 32 casos activos que se encuentran en diversas instancias judiciales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados de Circuito, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otros órganos jurisdiccionales. El desglose de los casos y montos es el siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación: 3 asuntos por un total de 26 mil millones de pesos. Tribunales Colegiados de Circuito: 5 casos que suman 20 mil millones. Tribunal Federal de Justicia Administrativa: 11 juicios por 8 mil millones. Otras instancias: 13 procedimientos con un adeudo de 20 mil millones. En total, los litigios equivalen a 74 mil millones de pesos que no han podido recuperarse. Además, el documento describe un modus operandi mediante el cual la empresa interpone amparos, recursos, juicios de nulidad e incluso recusaciones de jueces y magistrados. Esta táctica permite prolongar indefinidamente los procesos y retrasar la ejecución de los créditos fiscales. Un ejemplo ilustrativo es un expediente originado en 2008: Ese año se generó el adeudo. El SAT inició la revisión en 2009. En 2013 determinó los créditos fiscales omitidos. Entre 2016 y 2020 se promovieron juicios y recursos administrativos. De 2021 a 2023 se interpusieron amparos y nuevos recursos. En 2023 y 2024, el caso llegó finalmente a la Suprema Corte. En total, han pasado 16 años sin que se concrete el pago. El informe advierte que estas prácticas atentan contra los principios de una justicia pronta e imparcial y que, en algunos casos, la demora se atribuye también a la actuación de ciertos juzgadores que retrasan resoluciones clave. “Estas nocivas prácticas atentan contra la Constitución, la justicia y el bienestar del pueblo de México”, señala el documento, que además subraya que existen criterios claros de la Suprema Corte que validan la legalidad de los procedimientos realizados por el SAT. Criterios judiciales y próximos pasos Según la información oficial, los litigios no deberían prolongarse indefinidamente, pues la Corte ya ha establecido jurisprudencia que respalda la actuación de la autoridad fiscal. No obstante, el grupo empresarial continúa interponiendo medios de defensa con el objetivo de impedir el cobro. El documento concluye que se mantendrán las acciones legales para que los recursos ingresen finalmente a las finanzas públicas.
Con Jalisco en ruinas, Alfaro presume título en futbol: el cinismo y la frivolidad naranja en su máxima expresión
Mientras Jalisco sigue hundido en la violencia, el dolor y la desaparición forzada, el exgobernador Enrique Alfaro reapareció en redes sociales para presumir que terminó un máster en Dirección de Fútbol del Real Madrid. Lejos de rendir cuentas por los estragos que dejó en el estado, el exmandatario emecista ahora dice soñar con ser entrenador de las Chivas. En un mensaje cargado de autocelebración y frivolidad, Alfaro escribió: “He dado un paso muy importante para mí en este nuevo camino”, como si su paso por la administración pública no hubiese dejado cientos de fosas clandestinas, miles de desaparecidos y una sociedad devastada por el crimen. Hace 3 años decidí que al final de mi gobierno dejaría la política para dedicarme a mi otra pasión: el fútbol. Hoy he dado un paso muy importante para mi en este nuevo camino. He terminado el Máster en Dirección de Fútbol en la Universidad del Club más importante del mundo: el… pic.twitter.com/LuDPdYN41T — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 12, 2025 La reaparición del exgobernador coincide con el reciente hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, un campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Colectivos de búsqueda y familias de víctimas han acusado sistemáticamente a su gobierno de maquillar cifras y negar la realidad. En agosto de 2024, Alfaro incluso minimizó la crisis al declarar que muchos desaparecidos eran jóvenes que “se iban por su cuenta”. Pero su indiferencia no es aislada: es reflejo del sello de Movimiento Ciudadano, un partido que ha hecho de la frivolidad su marca política. Mientras Jalisco arde, sus líderes se toman selfies, viajan a Europa y evaden responsabilidades. El mismo partido que quiso postular a influencers o celebridades para cargos públicos, hoy guarda silencio ante las atrocidades que ocurrieron bajo su bandera. Enrique Alfaro no solo evade la justicia y la autocrítica. También se burla de un Pueblo que aún sigue buscando a sus hijos y exige respuestas. Y mientras él sueña con dirigir un equipo de futbol, miles de familias en Jalisco siguen enfrentando una pesadilla.
